Por orden del Juez de Circuito
de la 2ª nominación, Eduardo Arichuluaga, tres oficiales de Justicia se
presentaron ayer por la mañana en la pensión de San Luis 1036 para dar
cumplimiento al desalojo ordenado por el magistrado ante el inminente
peligro de derrumbe. Y entrada la tarde comenzaron a preparar la
demolición del edificio.
Los habitantes del lugar
fueron reubicados en otras pensiones, pero un nutrido grupo quedó con
sus pertenencias en la plaza Montenegro. Promoción Social aseguró que la
asistencia habitacional pactada de antemano con los pensionistas se
encontraba a disposición de todos los desalojados.
Los dos informes técnicos de la
Dirección de Obras Particulares resultan lapidarios. "Está en un estado
de avanzado deterioro, los perfiles oxidados, importante pérdida de
capacidad portante. Las fisuras y grietas pululan por toda la
propiedad", expresa y recomienda la demolición. Y tras la caída de un
balcón a principios de febrero, se advierte que hay alta probabilidad de
que se sigan cayendo sectores.
Amplio despliegue. Con
estos antecedentes, pero ya en el marco del expediente judicial, los
oficiales de Justicia se presentaron temprano con un despliegue de
policías. Pero no hizo falta el uso de la fuerza púbica. La Central de
Operaciones de Emergencia (Coem) cooperó en el retiro de los muebles,
colchones y pertenencias de las 19 familias.
Y una vez evacuado de moradores, el
inmueble fue restituido a un apoderado del propietario acompañado por un
abogado patrocinante.
Ya con una empalizada que recorre toda
la fachada de la vieja pensión, cuyo edificio fue erigido en 1902, el
reclamo social de los pensionistas se trasladó a la plaza Montenegro,
mientras ya se había colocado el cartel de demolición en el frente.
Contrapunto. "Estamos
en la calle y no queremos llevar las cosas a otro lado porque nos roban.
Y de las 19 familias no se pudo reubicar a la mayoría. Acá hay muchas
parejas con criaturas y es un disparate estar así. Encima no se arrimó
ningún representante municipal", dijo a LaCapital uno de los voceros.
Todos se identificaron como "laburantes, cuidacoches y vendedores
ambulantes".
Según detallaron, la Municipalidad les
había ofrecido cuatro pagos de mil pesos cada uno para poder reubicarse
en otra pensión o alojamiento. La propuesta fue admitida por el
subsecretario de Promoción Social, José Catena.
"Hemos trabajado familia por familia
con nuestros trabajadores sociales y es cierto que a algunas de ellas se
ha pactado de antemano la entrega de dinero. De los 15 casos en los que
intervino Promoción Social, siete ya retiraron los fondos para
reubicarse. Era lo acordado, nos comprometimos, aceptaron la propuesta y
está a disposición de ellos", subrayó el funcionario.
La picota. En tanto,
los preparativos para comenzar las tareas de demolición arrancaron ayer
por el interior de la desvencijada propiedad, donde los operarios
debieron remover cables, cañerías y basura acumulada en las diversas
habitaciones. La labor se extenderá varias jornadas.
En tanto el concejal de Proyecto Sur
Alberto Cortés insistirá en las gestiones por algunos casos de
pensionistas que aún restan resolver.
Custodia
El director de Control Urbano, David
Sánchez, confirmó ayer que mediante las gestiones hechas con vecinos que
habían usurpado terrenos a la vera de la ruta 34 en Nuevo Alberdi, "se
garantizó el cien por ciento de la liberación de los lotes". Tras
algunos incidentes menores entre vecinos se mantendrá en el lugar una
guardia policial y de Control Urbano.
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