Antonio Bonfatti construye un escenario sin roces con la administración
nacional, con fecha mínima de vencimiento en 2013. En el frente interno,
por estas horas la apuesta más difícil sigue siendo el conflicto
docente.
De a poco, los gobiernos nacional y provincial van construyendo el
escenario que ambos imaginaron para la etapa que se inició el 10 de
diciembre pasado, basado en diálogo fluido, trabajo complementario en
materia de gestión y postergación de cualquier confrontación que pueda
afectar ese status vincular.
En esa construcción ambas partes fueron sumando gestos. Antonio
Bonfatti llegó hace unos días a la Casa Rosada repitiendo que Santa Fe
le quiere poner el hombro al país. Lo esperaban el vicepresidente Amado
Boudou y el jefe de Gabinete Fernando Abal Medina. Charla cordial y (de
lo que se contó en público) agenda abierta.
La presencia de la presidenta en el acto del 27 de Febrero, la para
nada tensa convivencia con los socialistas locales –la única excepción
fue el repetido error de la dirigencia K de desplazar al resto del
público que no llega motivado por la organización partidaria–, la
cortesía de los discursos y las alusiones mutuas, son todos cimientos de
esa progresiva construcción de un armisticio que debería durar, como
mínimo, hasta bien entrada la campaña electoral de 2013.
El armisticio
En un 2012 que se presenta de recursos muy ajustados y en el que a
ninguna administración le va a sobrar nada, el sentido común manda
conformarse con los problemas que surgen de la realidad económica y
social y postergar los conflictos partidarios que ocupan tiempo y
limitan la gestión.
Después del gobernador, esta semana desembarcará el ministro de
Economía Ángel Sciara en el despacho de su par nacional Hernán
Lorenzino. No es difícil adivinar que Sciara querrá conocer de primera
mano las perspectivas para la economía nacional que maneja Lorenzino,
que se hablará de recursos coparticipables y de otros que son eterno
motivo de litigio.
Nadie confirmó si el tema viajará en la agenda de Sciara, pero es
conocido que el gobierno del Frente Progresista tiene en gateras a la
espera del momento adecuado la posibilidad de emitir un título que le
procure financiamiento para obras de infraestructura.
Tras estos dos encuentros, que podrían pensarse como ordenadores de
cómo evolucionarán las relaciones entre Nación y provincia en los
próximos tiempos, es posible que la Secretaría General de la Presidencia
habilite los pedidos de audiencia con Cristina que dejaron Bonfatti y
la intendenta Mónica Fein. En su paso por el Congreso, la presidenta
confirmó que Mauricio Macri ocupa el lugar central en el radar de
adversarios kirchneristas y que la oposición socialista santafesina no
es hoy su prioridad.
La única incógnita parece ser cómo redefinirá su rol de líder
opositor Hermes Binner, ahora que pasó la batalla electoral. No se puede
pretender que quien fue el primer gobernador socialista de Santa Fe y
segundo en la carrera presidencial juegue a ser un comentarista jubilado
de la política, pero también es claro que sus posicionamientos para
diferenciarse del oficialismo tienen la capacidad de desestabilizar los
puentes que de a poco tienden entre Santa Fe y Balcarce 50.
Gol en contra
Una relación política aceptable con el gobierno central es una
conquista importante para el gobierno de Bonfatti, pero no termina de
despejar los frentes más complicados que se le presentan, entre los que
cuentan la mayoría justicialista en la Legislatura y los problemas en
seguridad pública e infraestructura y gestión en materia de servicios
públicos.
En cuanto a la Legislatura, hay cierta idea entre la oposición
justicialista de circunscribir al ámbito del partido la dura
confrontación interna y acercar posiciones en la hora de enfrentar al
oficialismo.
En cuanto a la gestión, a diferencia de Seguridad, que es un área
crítica con un ministro que está dando sus primeros pasos, en materia de
Servicios Públicos hay una continuidad de 4 años que limita el crédito
del gobierno cada vez que tiene que pedir paciencia a los usuarios a la
hora de enfrentar el combo de interrupción de servicios y aumentos
tarifarios. El episodio de la semana pasada en la Legislatura y lo que
de allí surgió fue gol en contra en ese sentido.
Sería un insulto a la inteligencia de María Eugenia Bielsa suponer
que cree que el problema de la EPE realmente pasa porque un ministro y
otros funcionarios hayan conchabado a sus hijos.
Su certero ataque pareció pensado en función de un asunto que la
obsesiona: el discurso socialista de transparencia institucional y
política que los electorados, rosarino primero y santafesino luego,
tanto valoran desde hace dos décadas, quizás porque en ese aspecto
perciben que los gobiernos liderados por el PS se desenvuelven por
encima del promedio de lo que a la sociedad le resultaba digerible.
Dicho al revés: aún con el desgaste que suponen dos décadas en el
gobierno, el socialismo tuvo éxito en construirse como la fuerza
política que en términos simbólicos representa la administración y
gestión de la cosa pública que más se aproxima a los niveles de
transparencia que espera la mayoría de los ciudadanos.
Esa construcción simbólica tributa a la hora de los votos, pero
también genera deberes. María Eugenia Bielsa vio el flanco débil y
golpeó en el contexto de una convocatoria a funcionarios del Ejecutivo y
la EPE para aclarar la polémica sobre inversiones y cortes de servicio
en Rosario durante el verano.
Conflicto docente
Los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Economía, Ángel
Sciara, desactivaron el horizonte de conflicto con los estatales. Le
encontraron la vuelta al pedido de mejorar la oferta que hicieron ATE y
UPCN y si bien la provincia deberá aportar algo más de dinero en
salarios, el cambio entre una oferta y otra obedece más a cómo se pagará
que al costo final para las arcas públicas.
En el caso de los docentes, todavía queda un signo de interrogación,
ya que la reunión del viernes continuará hoy. Difícilmente pueda
evitarse el paro convocado para esta semana (mañana coincide con el
decretado por Ctera a nivel nacional), pero todo indica que a Amsafé le
quedó menos margen de maniobra después del principio de acuerdo de UPCN y
ATE y el brutal castigo que jamás imaginaron de la presidenta de la
Nación.
Cristina hizo una jugada a varias bandas con su elogio al gobierno de
Santa Fe por la oferta salarial que sus docentes rechazaron, al tiempo
que fatigaba a golpes al gobierno porteño. Elípticamente estaba
explicitando su malestar con la Ctera y los maestros de Santa Cruz, a la
vez que lanzó un tiro por elevación al conjunto de negociaciones
paritarias en desarrollo.
El detalle fue que lo hizo recurriendo al peor manual de zonceras y
prejuicios sobre la labor docente, dejando en off side a altos
dirigentes sindicales que adhieren al kirchnerismo.
A pesar de la brutal diatriba, no pierde legitimidad la preocupación
planteada por la presidenta (que también es la de muchos gobiernos
provinciales) por una lógica sindical que tiende a abusar de las medidas
de fuerza.
Mejor que nadie saben los docentes que la educación es una
construcción social y progresiva. La presidenta se encargó de señalar
las diferencias entre la educación de los años 90 y la etapa poscrisis
de 2001. Enumeró desde 2003 la cantidad de nuevas escuelas, la
recuperación de los salarios docentes, el esfuerzo por poner a la
escuela a tono con el salto tecnológico, entre otros aspectos.
Otro tanto puede decirse de Santa Fe, que viene por arriba del
promedio nacional en materia educativa. Desde 2003, cuando finalizó el
gerenciamiento educativo que hizo Daniel Germano por orden del
gobernador Reutemann, se recuperaron los presupuestos, las inversiones y
los salarios. A partir de 2007 hubo un salto notable en todos esos
aspectos. Sólo basta tomar la agenda de entonces del gremio docente para
ver que dos décadas sin concursos y uno de cada tres maestros sin
titularizaciones, mantenimiento edilicio, capacitación, redes de gas,
etcétera, dejaron lugar a otra generación de problemáticas menos básica y
más fina.
No por eso los sindicatos docentes deben agradecer a los gobiernos de
turno (que dicho sea de paso están cumpliendo con su obligación), ni
aceptar sin chistar el salario que les ofrecen, ni dejar de luchar. En
todo caso presidenta, gobiernos y una buena tajada de la sociedad les
reprochan que no pongan todo sobre la balanza y que en muchos casos la
medida de fuerza sea la primera opción.
Por ejemplo, si esta semana Amsafé aprueba la nueva oferta salarial,
habrá quedado en evidencia lo innecesarios que eran los paros, ya que
UPCN y ATE llegaron al mismo lugar con la sola voluntad de quedarse a
negociar un mejoramiento de la propuesta.
Puro costo social que paga la educación pública a la que se quiere defender.
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