En el documento se argumenta,
entre otras cosas, que “mientras los trabajadores manifestaban estar
pacíficamente ejerciendo el derecho a huelga, en la planta constituían
una cooperativa de trabajo con idéntico objeto empresarial y con
domicilio en sus instalaciones”.
El juez Gustavo Ríos ordenó el desalojo de la planta de
Naranpol. En el documento se argumenta que “mientras los trabajadores
manifestaban estar pacíficamente ejerciendo el derecho a huelga, en la
planta constituían una cooperativa de trabajo con idéntico objeto
empresarial y con domicilio en sus instalaciones”.
Expresa también que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ordenó la intervención preventiva de los productos que se estaban comercializando en el establecimiento, y que cuando los auditores del organismo se presentaron a fin de auditarla “las personas que se encontraban en el interior negaron el ingreso”.
Más adelante se indica que “no puede dejar de destacarse que más allá de lo que se expresa en los escritos judiciales, hay un reconocimiento público de la toma de la empresa por parte de los mismos involucrados”.
Indica asimismo que: “La finalidad básica del concurso preventivo se encuentra en crisis y pone de manifiesto la inoperancia del sistema (...) Ya no se sabe si la empresa la administran su directorio, los empleados o una cooperativa, o si está, lisa y llanamente, siendo saqueada”.
Por último expresa que “se hace menester oficiar al Ministerio de Seguridad de la provincia para que ponga inmediatamente a disposición de este tribunal las fuerzas policiales necesarias para dar cumplimiento a la orden impartida en esta causa, bajo los apercibimientos que prevén la ley y la Constitución de la Provincia”.
Expresa también que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ordenó la intervención preventiva de los productos que se estaban comercializando en el establecimiento, y que cuando los auditores del organismo se presentaron a fin de auditarla “las personas que se encontraban en el interior negaron el ingreso”.
Más adelante se indica que “no puede dejar de destacarse que más allá de lo que se expresa en los escritos judiciales, hay un reconocimiento público de la toma de la empresa por parte de los mismos involucrados”.
Indica asimismo que: “La finalidad básica del concurso preventivo se encuentra en crisis y pone de manifiesto la inoperancia del sistema (...) Ya no se sabe si la empresa la administran su directorio, los empleados o una cooperativa, o si está, lisa y llanamente, siendo saqueada”.
Por último expresa que “se hace menester oficiar al Ministerio de Seguridad de la provincia para que ponga inmediatamente a disposición de este tribunal las fuerzas policiales necesarias para dar cumplimiento a la orden impartida en esta causa, bajo los apercibimientos que prevén la ley y la Constitución de la Provincia”.
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