La estadística elaborada por la
Unidad Regional II determina que en los primeros 27 días de enero se
registraron 417 robos de motos en el departamento Rosario. Esto implica
que se sustrajeron en promedio 15 (15,54) vehículos de este tipo por día
del mes que termina mañana.
La estadística elaborada por
la Unidad Regional II determina que en los primeros 27 días de enero se
registraron 417 robos de motos en el departamento Rosario. Esto implica
que se sustrajeron en promedio 15 (15,54) vehículos de este tipo por día
del mes que termina mañana. En diciembre pasado el registro fue algo
más alto: 514 motos en 31 días lo que arroja 16 (16,67) robos de estos
rodados cada 24 horas.
Las tablas de números apenas aportan
para poner de relieve la dimensión de un delito complejo por su
reiteración cotidiana, sus eventuales costos en vidas humanas y por la
fuerte conmoción desatada en los casos en que se pierde una vida. Pasó
hace dos semanas cuando le dispararon a la cabeza a Marcelo Farías, un
vendedor ambulante de 41 años en Villa G. Gálvez. Se repitió ayer en
barrio Ludueña con el ataque contra Rodrigo Jara, de 22 años, consignado
en la página anterior.
La dimensión del delito también puede
atisbarse en algunas reiteraciones. La misma moto que a Rodrigo Jara
ayer, una Honda Storm, le robaron el martes pasado a Georgina R,
empleada del Poder Judicial de Rosario, en Mitre y Garay dos jóvenes
armados. La mujer contó en Tribunales que en la comisaría 15ª, donde
había ido a reportar el hecho, le refirieron que ese día habían recibido
diez denuncias semejantes.
En ascenso. Los robos
de motos son un factor de alta dinámica delictiva. Por su frecuencia,
debido a que son fenómenos de ritmo diario. Por su incremento, en tanto
la curva de estos ilícitos tiende a empinarse. Por el tipo de conexión
interpersonal en los hechos, dado que el autor suele tomar contacto con
la víctima, lo que en ocasiones deriva a situaciones extremas como
homicidios. Por su dimensión política, dado que los hechos más cruentos
son de fuerte impacto público, lo que implican percepciones sobre el
estado de la gestión en seguridad.
Pero además es un delito complejo en
razón de insertarse en un mercado negro específico, demandado y
expandido. La visibilidad suele quedar en el nivel más elemental: el que
produce el robo violento. Por debajo de la superficie respira la
riqueza de una compleja economía de compraventa de ciclomotores y motos y
de sus repuestos y partes. Los que roban con violencia, en general
jóvenes de condición humilde, son los proveedores de un mercado vasto.
La realidad de que para la mercancía que ellos ofrecen existe una
demanda continua es lo que reproduce el fenómeno del delito en la calle.
Por eso la pregunta sobre la política
criminal específica para enfrentar a este delito no acepta respuestas
sencillas. El territorio donde se producen robos de motos es la ciudad
en toda su superficie por lo que el patrullaje tiene límites. Parece más
satisfactorio la coordinación de una política que combine esto último
con un fuerte control vehicular y, fundamentalmente, de los circuitos de
alta informalidad donde se comercializa lo robado.
En el ámbito donde van las motos
robadas no hay registro dominial, ni papeles, ni garantías. Allí los
bienes, lógicamente, se venden más baratos porque el que vende tiene
costos ínfimos. Pero los circuitos donde los ladrones de motos venden
sus productos son de fácil relevo con información territorial. Y el
Ministerio de Seguridad puede exigir resultados a la policía en base al
conocimiento del fenómeno, intervenciones lícitas y desmantelamiento
sistemático de los talleres, desarmaderos y otros lugares de ventas.
La información. Para
esto se requiere inteligencia criminal estadística que permita saber qué
se roba más,en marca y modelo dónde se roba más y hacia dónde se deriva
lo robado.
La informalidad también inunda el
ámbito de la comercialización legal. Hace dos años desde el Ministerio
de Seguridad reunieron a los sectores y actores que intervienen en la
venta lícita y la registración de motocicletas: concesionarias,
repuesteros, registros del automotor, áreas municipales de habilitación,
talleres, policía y funcionarios judiciales.
En aquellas reuniones salió a la luz,
por ejemplo, que muchas agencias violaban la obligación de vender motos
con las patentes en regla, como ocurre con los automotores. Los
comerciantes decían que si no vendían así perdían demanda del mercado.
Tal cosa promovía, según los funcionarios de Seguridad, que se negociara
un bien sin registro. Otro punto ciego era que si el titular de una
moto robada no se presentaba en un Registro de la Propiedad Automotor
para dejar constancia de un robo esa información no aparecía en el
legajo del rodado. Tal cosa implicaba que una persona podía comprar una
moto robada de buena fe y el Registro no verificara si el rodado tenía
un pedido de captura por robo.
En busca de control. Todos
los sectores y actores que intervienen en la compraventa lícita y la
registración de motocicletas son un importante acervo para evitar estos
huecos con adecuada supervisión. También los controles en la calle.
Aunque sean molestos deben tomarse como lo que son: una protección para
el propio usuario. El viernes Henry Fabbro, titular de la Dirección de
Transito de Rosario, reportó que 300 motocicletas fueron remitidas al
corralón por diferentes causas, entre las que predominaba ausencia de
documentación. La falta de papeles no puede admitirse si se quiere poner
freno al delito. En estos operativos aparecen usualmente motos con
pedido de secuestro por robadas. Son acciones útiles en tanto sean
sistemáticas.
Las muertes prematuras y violentas de
Luciano Drovandi, Carla Palma, Juan Manuel Gorosito y Marcelo Farías
fueron hechos trágicos en el marco de una serie más larga. En todos los
casos fueron robos de moto con resultado de muerte. Hoy una nueva
familia palpita otro drama, lo que renueva la exigencia de contener un
fenómeno de violencia en alza.
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