SANTA FE/Los senadores radicales salieron a contestarle al Ministro Sciara

Los legisladores de la Cámara Alta indicaron que el titular de la cartera económica provincial refrendó 588 contratos laborales pese a la vigencia del decreto de ingreso por concurso a la administración pública. En otro tramo del documento defienden la gestión del "renunciado" Edgardo Martino en Vialidad Provincial. Firman el documento los senadores Federico Pezz (Presidente), Rodrigo Borla, Héctor Aquino, Eduardo Galaretto y Felipe Michlig.

El Documento

POSICIÓN DE LOS SENADORES DE LA UCR ANTE DECLARACIONES DEL SR. MINISTRO SCIARA

Sin ánimo de continuar polemizando, pero con la convicción de que no se puede callar cuando esta actitud sería otorgar la razón a los que no la tienen y dejar que se extienda un manto de sospecha sobre un funcionario de nuestro partido que se ha desempañado con idoneidad y honestamente como administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial, es que el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical se ve en la obligación de responder a los dichos del ministro de Economía de la provincia, Dr. Ángel Sciara, para quien pareciera que hay en el Poder Ejecutivo de Santa Fe contratos buenos y contratos malos según quién es el funcionario que otorga esa locación de servicios.
En efecto, el Sr. Ministro ha manifestado que ´“una cosa es que en nuestra gestión puedan ingresar contratados y otra cosa es que en un acto administrativo entren 230”’, y cuando se refirió a la información brindada por el Dr. Edgardo Martino sobre cerca de 600 contratos de locación de servicios en todos los Ministerios y tres organismos del PE, opinó que “esto no es más que tirar fuegos artificiales para desviar la atención y la responsabilidad”. Peor aún, el Dr. Sciara dijo que, “De todas maneras desconozco que se hayan dado esa cantidad de cargos en esos órganos que él (Edgardo Martino) menciona y que dependen del Ministerio de Economía”.

Es cuanto menos preocupante que el Sr. Ministro Sciara “desconozca” los términos del decreto 0291/2009 que refrendó junto al Sr. Gobernador de la provincia, norma legal que, fundada en leyes y decretos precedentes, aprobó el Proceso de Selección para el ingreso a la Administración Pública Provincial que debe cumplir sucesivamente con las siguientes exigencias básicas: Determinación de las necesidades y existencia y financiación de la vacante. Relevamiento del perfil. Intervención de la Subsecretaría de Recursos Humanos y la Función Pública. Resolución ministerial convocante (al concurso). Etapas de selección. Orden de mérito. Designación.

Sin embargo, desde 4 de marzo de 2009, fecha de publicación de dicho decreto, el propio Poder Ejecutivo, incluyendo ministros y responsables de organismos autónomos, formalizaron 588 contratos de locación de servicios que en fecha reciente fueron transformados en cargos de Planta Permanente, con el voto de los legisladores de ambas cámaras, que –solidarios con el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social y para salvar la omisión en que se había incurrido- levantamos la mano para sancionar la ley.

Es válido preguntarse por qué si este proceder es correcto para el Sr. Gobernador y el Sr. Ministro de Economía, es para ellos reprochable –en cambio- la decisión adoptada por el administrador general de la DPV, Edgardo Martino, y el sub administrador del organismo, Téc. Rafael de Córdoba, quien pertenece a las filas del Partido Socialista. Ambos, en uso de las facultades conferidas por las leyes N°s. 4908 y 6336, y lo prescripto en el artículo 21 de la ley nacional N° 20.320 y su complementario Artículo 23 de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 55/89, en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Viales, resolvieron por razones de fuerza mayor (reducción de la planta permanente en 360 cargos en cuatro años), incorporar mediante la modalidad de locación de servicios por un período de seis meses a 236 personas .

Como se ha señalado, estos contratos siguieron el criterio establecido en la Ley 20.320 y el Convenio Colectivo Nº 55/89 que da prioridad a familiares de empleados de la DPV, en primer lugar al supérstite o los huérfanos de ex agentes de la Dirección y en segundo lugar a los hijos de agentes y ex agentes de la Dirección.
Lejos está en nuestro ánimo seguir polemizando sobre esta cuestión, pero como senadores de la Unión Cívica Radical que mantenemos las expectativas de que el Frente Progresista Cívico y Social continué siendo en Santa Fe la herramienta más válida para seguir transformar la provincia, no podemos permitir que se falte a la verdad o que se pretendan instalar verdades a medias y, más grave aún, declaraciones descalificadoras que siembren dudas sobre la honestidad de una persona.
La calidad personal del Dr. Martino, que la población de San Cristóbal, ciudad en la que fue dos veces intendente, y el personal de Vialidad hoy le reconocen, quedó ratificada con su renuncia, que no fue una concesión gratuita al Sr. Gobernador sino un acto de solidaridad para con el sub administrador de Córdoba, abandonado a su suerte por los principales dirigentes de su propio partido por compartir una medida cuyo objetivo era no comprometer a futuro la administración de la DPV y brindar un mejor servicio manteniendo los caminos naturales a los pobladores del interior para los que todavía el pavimentado es una utopía y reparando aquellas rutas pavimentadas que sufren deterioros.
Con el espíritu de contribuir a dejar definitivamente superada esta situación y comenzar a transitar el camino de las coincidencias y el diálogo, ponemos a disposición del Sr. Ministro de Economía la documentación que ratifica la veracidad de lo que aquí afirmamos.

Senadores provinciales del bloque de la UCR: Federico Pezz (presidente), Rodrigo Borla, Héctor Aquino, Eduardo Galaretto y Felipe Michlig.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2011.