El Archivo Provincial de la Memoria se encontraba en Saavedra 2059, en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, que ahora se mudó a calle Mendoza 3443. “El traslado de un archivo histórico no es algo sencillo. Ni siquiera nos han informado si se hizo y de qué forma”, indicó una investigadora. Foto: Guillermo Di Salvatore
De la Redacción de El Litoral
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Un grupo de 30 investigadores del área de historia y de las ciencias sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Conicet, denuncia públicamente “limitaciones” y una “virtual imposibilidad” de realizar consultas en el Archivo Provincial de la Memoria. Los firmantes del comunicado de prensa aducen que estas restricciones significan un “importante obstáculo” a los trabajos de investigación, así como al avance del conocimiento histórico del pasado reciente provincial.
El conflicto comenzó en septiembre de 2013 a partir de un “acto administrativo interno” que dictó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe -de la cual depende el archivo- que estipula “contemplar distintas situaciones” para la consulta de documentos, aduciendo la ley de protección de datos personales. “Esa resolución, si bien no prohíbe la consulta, en la práctica impide el acceso de los investigadores al fondo documental”, explican los firmantes del comunicado, entre ellos, reconocidos historiadores de nuestro medio.
Varios investigadores solicitaron en estos años el acceso al fondo documental sin obtener respuestas. “La Secretaría de Derechos Humanos nos informa que debemos concurrir a una entrevista en la ciudad de Santa Fe para mostrar ‘idoneidad’, la cual demora en confirmarse o se extiende su realización en el tiempo, perjudicando notablemente las posibilidades de darle continuidad a las investigaciones”, argumentan.
La investigadora rosarina Gabriela Aguila (Ishir/Conicet-UNR), vocera del grupo, dijo a El Litoral que “con anterioridad a esa resolución interna de 2013, que cerró las puertas del archivo a los académicos, la consulta documental se venía cumpliendo sin problemas”. De hecho, luego de un largo proceso de trabajo y consulta, en 2011 se había aprobado un reglamento que se adecua a los términos del decreto provincial 692/99 -de acceso a la información pública-, e incluye los formularios de acceso, solicitud y reproducción de información, de acuerdo con las diferentes categorías de usuarios.
“Retroceso”
Los denunciantes dijeron que el archivo histórico sobre el reciente pasado provincial se convirtió en uno de los reservorios más consultados por diversos investigadores, “hasta que en forma unilateral el ex secretario de DD.HH., Dr. Coutaz y la entonces coordinadora general del Archivo Provincial de la Memoria, Verónica Aimar, dictaron un nuevo acto administrativo que restringió el acceso”.
Según relató Aguila, “desde hace tres años, el trabajo de los investigadores sobre el archivo ha sido casi nulo. La consulta se habilitó con cuentagotas a apenas 3 ó 4 investigadores que han podido acceder a los documentos, pero los mismos están enmendados y con tachas. Se les imposibilitó consultar el material de primera mano que es el requisito central para una investigación académica rigurosa”.
“No podemos trabajar sobre el fondo documental de la memoria y esto a todas luces es un retroceso para la provincia con relación a cómo se venía trabajando antes y a la tendencia mundial que es a la apertura de los archivos”, destacó.
Expresó que hay una “incongruencia” porque se frenan investigaciones que hasta tienen financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica de Santa Fe y el aval de la Secretaría de Derechos Humanos. “Acá hubo una decisión política de cerrar el archivo a los investigadores. Si bien cambiaron las autoridades que habían tomado esa decisión, las nuevas no responden al pedido. Creo que es el momento de revisar la medida”, cerró.
Tensión
En el comunicado, los investigadores sostienen que “desde hace años nos enfrentamos con los problemas relacionados con la tensión entre preservación de la intimidad de las personas y acceso a la información” de uno de los pocos acervos a nivel nacional que se inscriben dentro de los llamados “archivos de inteligencia” o “archivos ideológicos”.
La investigadora Gabriela Aguila explicó que “el sentido de la inteligencia tenía por fin recabar información de las personas, de su actividad política, ideológica, etc, así que per se contiene datos personales. No obstante, lo que se hace en este tipo de archivos, es que los investigadores firmen un compromiso de responsabilidad sobre los datos a los que acceden, para resguardar la información. El protocolo consta de una serie de pasos técnicos tanto para la lectura, como para su posible reproducción o fotocopiado”, amplió.
En esa línea, los investigadores fundamentan también que “se habla de documentación clasificada, pero no tendría por qué serlo, ya que si se encuentra en un Archivo Histórico es porque es información que ya no tiene vigencia administrativa (ya no sirve para los motivos para los que fue creado, entonces su clasificación caducó) razón por la cual debería ser desclasificado”.
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