Un tribunal federal concedió arresto domiciliado para el empresario futbolístico arroyense Patricio Gorosito, condenado por el Caso Carbón Blanco, al considerarse que “le implica un trato cruel” estar en la cárcel, debido a sus alegados problemas de salud. Los fiscales apelarán el fallo y propondrán que sea trasladado al hospital penitenciario de la cárcel federal de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires.
El Ciudadano |
La Justicia federal solicitó la detención e indagatoria del abogado Carlos Salvatore, condenado en septiembre último a 21 años de prisión por el envío de una tonelada de cocaína a Europa –en el caso Carbón Blanco–, pero ahora en otra causa que investiga un embarque similar en dos tandas, también camuflado en carbón vegetal, que partió en 2005 del puerto de la ciudad bonaerense de Campana. Y a la vez un tribunal federal concedió arresto domiciliado para otro penado (a 19 años) en aquel expediente, el empresario futbolístico arroyense Patricio Gorosito, al considerarse que “le implica un trato cruel” estar en la cárcel, debido a sus alegados problemas de salud, según trascendió ayer en medios porteños. Los fiscales apelarán el fallo y propondrán que sea trasladado al hospital penitenciario de la cárcel federal de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires.
La semana pasada, el mismo tribunal oral federal de Resistencia, Chaco, que había condenado el 17 de septiembre pasado a cinco integrantes de la banda resolvió que uno de los cabecillas, Gorosito, de 65 años, cumpla prisión domiciliaria en su casa de Arroyo Seco, debido a problemas de salud como hipertensión. Desde la lectura del fallo, estaba detenido en la prisión federal de la capital chaqueña, aunque una junta médica aseguró que no podía seguir preso allí. Así, los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad pidieron que el fundador del Real Arroyo Seco fuese trasladado al hospital penitenciario de Ezeiza, donde está alojado el otro cabecilla de la organización, Salvatore. Pero el 4 de noviembre pasado, el tribunal le concedió a Gorosito la posibilidad de transitar la detención en su vivienda, luego de que el arroyense dijera en la audiencia que no podría “vivir dignamente como ser humano en el lugar de detención”.
Los jueces decidieron aplicar el principio humanitario: sostuvieron que debido al “importante deterioro de salud del imputado, el estado de detención agrava su patología y le implica un trato indigno, cruel y degradante que excede la finalidad del cumplimiento de la pena”. Ante ello, dijeron los fiscales que, si bien hay cuestiones humanitarias, Gorosito pertenece a una banda de criminalidad internacional organizada, por lo que recurrirán ante Casación y pedirán que cumpla sentencia en el hospital penitenciario de Ezeiza, ya que existe peligro de fuga.
Salvatore
El pedido de una nueva imputación sobre Salvatore (de 58 años) fue efectuado por la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, ante el juez federal de Lomas de Zamora, Jorge Di Lorenzo, a cargo del expediente por otro contrabando de una tonelada de cocaína camuflada en carbón vegetal que partió en 2005 a España.
Según informó la Procuración General de la Nación, los fiscales solicitaron la detención e indagatoria de otros tres imputados: Juan Manuel Lorenzo, Félix Manuel Bejar y Alejandro Aurelio Pescia. Y requirieron que luego de las indagatorias se les dicte el procesamiento con prisión preventiva.
Carbón blanco
La conexión judicial entre Carbón Blanco –proceso que tramitó en Resistencia, Chaco– y el caso de Campana surgió a partir de una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 de La Plata, que el 29 de diciembre último condenó al ciudadano japonés Akira Taira y a Blas Norberto Barbará y Roberto Miguel Casares por el envío de la cocaína desde dicho puerto bonaerense –en un caso que en su momento también se bautizó como Carbón Blanco–, y al mismo tiempo ordenó investigar los vínculos con el abogado porteño Salvatore, procesado a la vez en una causa por lavado de dinero.
Fiscal
Para los fiscales, Salvatore no sólo conocía a Casares, a Lorenzo, a Bejar y Pescia, sino que “fiscalizaba el proceder de estas personas y el devenir del negocio ilícito correspondiente al envío a Europa de 300 kilos de cocaína en una primera oportunidad y 700 kilos en la segunda que fueron hallados en los contenedores del puerto de Aldaia, Valencia, España”.
Y consideraron que “Lorenzo –de acreditados vínculos con Casares–, Bejar y Pescia tuvieron a su cargo las maniobras con documentación falsa para el cobro, recupero, transferencia y administración de más de 1,3 millón de euros que le habían sido secuestrados en Italia a Miguel Nucci, miembro de la organización detenido allí en 2003”.
La causa se había iniciado un año antes cuando la Policía Federal determinó que presos de la cárcel salteña de Orán “tenían aceitados lazos con narcotraficantes de Europa y se estarían relacionando con un empresario de producción de carbón vegetal de Chaco”.
Condenas
Por el caso Carbón Blanco, el tribunal federal (integrado por los jueces Ramón González, Aldo Alurralde y Eduardo Belforte) de Resistencia, además de condenar a Gorosito y Salvatore, fijó penas de 17 años de cárcel para el comerciante, también arroyense, Héctor Roberto (de 61 años) y el intermediario Héctor Pérez Parga (de 60) y de 12 años a Rubén Esquivel (56), capataz de la planta de Carbón Vegetal de Quitilipi, Chaco.
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