Lo dijo Héctor Superti, el abogado del gobernador Antonio Bonfatti, tras decidir no acusar al único imputado en la causa por el atentado a balazos contra su casa.
La Capital |
La decisión de Antonio Bonfatti de no impulsar la acusación contra el único detenido como autor de la balacera contra su vivienda genera interpretaciones tanto a nivel jurídico como político. En el proceso del que es parte como querellante, el gobernador se abstiene de avanzar contra Emanuel Sandoval porque, según el abogado Héctor Superti, la prueba reunida es a su criterio insuficiente. Dice Superti: “Que este hecho quede impune sería frustrante, pero también lo sería que se utilice un chivo expiatorio. Es la Justicia la que tiene la obligación de investigar y aclarar este atentado. El gobernador es solamente una parte que tiene una capacidad lateral de contribuir a que eso ocurra”.
Superti indica que está totalmente probado que en octubre de 2013 hubo un ataque a una casa y puso en peligro la vida de personas. “Además hay un plus: una de esas personas es el gobernador. Y eso le añade al incidente una trascendencia institucional innegable. Es una investigación compleja donde aparecen personas involucradas en organizaciones criminales, en tramas policiales oscuras, en tráfico de droga. Pero a nuestro criterio los resultados de la investigación no pemiten hasta aquí fundamentar una acusación que prospere en un juicio. Hay dos aspectos que son igual de preocupantes en la investigación de un caso penal. El primero es la impunidad, el segundo es que haya chivos expiatorios. Se debe investigar respetando los límites del Estado de Derecho”.
—Como querellantes discrepan con la fiscalía, que entiende que hay elementos para acusar.
—Aclaremos varias cosas. La primera obligación en cuanto al deber de investigar y las atribuciones para hacerlo son del Poder Judicial, que puede ordenar allanamientos o detenciones, intevenir teléfonos, secuestrar evidencia. En el proceso penal la víctima puede participar como querellante, lo que implica una colaboración en el aporte de pruebas, sugerir diligencias o controlar la investigación. Y en un momento la investigación se vio agotada y hubo que tomar una decisión. La fiscalía decidió acusar a la única persona imputada por la autoría material del atentado (Emanuel Sandoval). Pero entendimos que no había material para convencer de la autoría a un tribunal.
—¿Por qué?
—Porque hay un déficit de prueba que nos indica que no habrá condena. Tenemos una testigo que dice haber visto a cuatro personas disparando contra la casa desde dos motos pero sin poder verle la cara a ninguno. No había cámaras en la calle. Hay aspectos periféricos en la investigación como informes de inteligencia policiales, llamadas anónimas, rumores que sirvieron para formalizar la acusación. A la fiscalía le parece razonable acusar con eso y nosotros lo respetamos. Pero no es nuestra conclusión.
—Dada la magnitud del hecho, ¿no era posible acompañar a la fiscalía aún cuando no se llegue a una condena?
—No se trata de acompañar. La querella es una parte y tiene su propio criterio. A veces fiscalia y querella coinciden, otras discrepan en matices, otras en aspectos mayores. Para poder evaluar las decisiones hay que conocer la investigación. Hay un dato relevante surgido cuando fueron apeladas las prisiones domiciliarias de los dos imputados. En una audiencia pública un juez (Alfredo Ivaldi) analizó el caudal probatorio en el caso del atentado. Dijo que contra Sandoval habia suficientes elementos para un procesamiento pero veía como “muy opinable” que hubiera la certeza requerida para condenar. Interpreto que la lectura de ese magistrado es que hay déficit de prueba. La situación del policía Pablo Espíndola es distinta porque se le secuestró una de las armas usada en el atentado. Pero él no está ligado a la comisión del ataque sino a su encubrimiento.
—El no acusar a Sandoval siginifica que ya no habría nadie más que responda por el atentado. ¿No hay hipótesis alternativas?
—Reitero lo que le dije. Nos resultaría frustrante que un hecho tan grave termine en la impunidad. Pero nos resultaría igual de frustrante que se condene a alguien sin prueba. No cambiaremos nuestro pensamiento sobre lo que sostuvimos toda la vida.
—Atacar al gobernador es como un desafío extremo. Quedará la idea de que la policía conducida por este gobierno fracasó.
—No cometamos el error gravísimo de pensar que Bonfatti podría movilizar a la policia para resolver la situación de lo que pasó en su casa. La responsable es la Justicia, que tiene en forma exclusiva la capacidad de disponer de la fuerza pública para aclarar el hecho. El gobernador no puede ni debe. Este hecho no tiene una prioridad distinta de esclarecimiento que otros y menos al extremo de hacerlo de cualquier modo. Perdemos el norte si para aclarar un hecho grave como el atentado al gobernador nos salimos de las reglas. No estamos haciendo una crítica al modo en que se investigó. Solamente vemos que el resultado no nos permitirá sostener con éxito una acusación.
—Pero será inevitable interpretar que la policía que tiene funciones de inteligencia no pudo esclarecer el atentado de su jefe.
—La policía tiene dos funciones. La de seguridad, que tiende a evitar que se cometa un delito, es la que depende exclusivamente del gobernador a través de las autoridades civiles del ministerio específico y de los jefes policiales. La otra es la función judicial, que es la que actúa después del delito y está a disposición de un juez. La policía es auxiliar del juez que es el que toma decisiones y le da órdenes. Sería de enorme temeridad que Bonfatti le diera órdenes a la policía en la causa de la que fue víctima. Es apenas un ciudadano que como querellante ejerce un derecho.
Superti indica que está totalmente probado que en octubre de 2013 hubo un ataque a una casa y puso en peligro la vida de personas. “Además hay un plus: una de esas personas es el gobernador. Y eso le añade al incidente una trascendencia institucional innegable. Es una investigación compleja donde aparecen personas involucradas en organizaciones criminales, en tramas policiales oscuras, en tráfico de droga. Pero a nuestro criterio los resultados de la investigación no pemiten hasta aquí fundamentar una acusación que prospere en un juicio. Hay dos aspectos que son igual de preocupantes en la investigación de un caso penal. El primero es la impunidad, el segundo es que haya chivos expiatorios. Se debe investigar respetando los límites del Estado de Derecho”.
—Como querellantes discrepan con la fiscalía, que entiende que hay elementos para acusar.
—Aclaremos varias cosas. La primera obligación en cuanto al deber de investigar y las atribuciones para hacerlo son del Poder Judicial, que puede ordenar allanamientos o detenciones, intevenir teléfonos, secuestrar evidencia. En el proceso penal la víctima puede participar como querellante, lo que implica una colaboración en el aporte de pruebas, sugerir diligencias o controlar la investigación. Y en un momento la investigación se vio agotada y hubo que tomar una decisión. La fiscalía decidió acusar a la única persona imputada por la autoría material del atentado (Emanuel Sandoval). Pero entendimos que no había material para convencer de la autoría a un tribunal.
—¿Por qué?
—Porque hay un déficit de prueba que nos indica que no habrá condena. Tenemos una testigo que dice haber visto a cuatro personas disparando contra la casa desde dos motos pero sin poder verle la cara a ninguno. No había cámaras en la calle. Hay aspectos periféricos en la investigación como informes de inteligencia policiales, llamadas anónimas, rumores que sirvieron para formalizar la acusación. A la fiscalía le parece razonable acusar con eso y nosotros lo respetamos. Pero no es nuestra conclusión.
—Dada la magnitud del hecho, ¿no era posible acompañar a la fiscalía aún cuando no se llegue a una condena?
—No se trata de acompañar. La querella es una parte y tiene su propio criterio. A veces fiscalia y querella coinciden, otras discrepan en matices, otras en aspectos mayores. Para poder evaluar las decisiones hay que conocer la investigación. Hay un dato relevante surgido cuando fueron apeladas las prisiones domiciliarias de los dos imputados. En una audiencia pública un juez (Alfredo Ivaldi) analizó el caudal probatorio en el caso del atentado. Dijo que contra Sandoval habia suficientes elementos para un procesamiento pero veía como “muy opinable” que hubiera la certeza requerida para condenar. Interpreto que la lectura de ese magistrado es que hay déficit de prueba. La situación del policía Pablo Espíndola es distinta porque se le secuestró una de las armas usada en el atentado. Pero él no está ligado a la comisión del ataque sino a su encubrimiento.
—El no acusar a Sandoval siginifica que ya no habría nadie más que responda por el atentado. ¿No hay hipótesis alternativas?
—Reitero lo que le dije. Nos resultaría frustrante que un hecho tan grave termine en la impunidad. Pero nos resultaría igual de frustrante que se condene a alguien sin prueba. No cambiaremos nuestro pensamiento sobre lo que sostuvimos toda la vida.
—Atacar al gobernador es como un desafío extremo. Quedará la idea de que la policía conducida por este gobierno fracasó.
—No cometamos el error gravísimo de pensar que Bonfatti podría movilizar a la policia para resolver la situación de lo que pasó en su casa. La responsable es la Justicia, que tiene en forma exclusiva la capacidad de disponer de la fuerza pública para aclarar el hecho. El gobernador no puede ni debe. Este hecho no tiene una prioridad distinta de esclarecimiento que otros y menos al extremo de hacerlo de cualquier modo. Perdemos el norte si para aclarar un hecho grave como el atentado al gobernador nos salimos de las reglas. No estamos haciendo una crítica al modo en que se investigó. Solamente vemos que el resultado no nos permitirá sostener con éxito una acusación.
—Pero será inevitable interpretar que la policía que tiene funciones de inteligencia no pudo esclarecer el atentado de su jefe.
—La policía tiene dos funciones. La de seguridad, que tiende a evitar que se cometa un delito, es la que depende exclusivamente del gobernador a través de las autoridades civiles del ministerio específico y de los jefes policiales. La otra es la función judicial, que es la que actúa después del delito y está a disposición de un juez. La policía es auxiliar del juez que es el que toma decisiones y le da órdenes. Sería de enorme temeridad que Bonfatti le diera órdenes a la policía en la causa de la que fue víctima. Es apenas un ciudadano que como querellante ejerce un derecho.
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