Gabriel Ganón, titular del Servicio Público de la Defensa Penal en Rosario, formuló esas declaraciones tras el compromiso asumido por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. "Estamos totalmente satisfechos por el acta acuerdo que se logró firmar con el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero mucho más satisfechos porque desde nuestro accionar logramos impulsar la modificación a una situación por demás de grave que aqueja a las personas privadas de la libertad en Santa Fe", sostuvo Ganón.
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"Estamos totalmente satisfechos por el acta acuerdo que se logró firmar con el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero mucho más satisfechos porque desde nuestro accionar logramos impulsar la modificación a una situación por demás de grave que aqueja a las personas privadas de la libertad en Santa Fe. Ahora esperamos que la provincia cumpla con lo pautado en tiempo y forma". La frase corresponde a Gabriel Ganón, titular del Servicio Público de la Defensa Penal, quien en abril pasado presentó un recurso de hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de los detenidos en dependencias policiales de la Unidad Regional II en el cual denunciaba las condiciones de hacinamiento, la mala atención de la salud y las falencias de la infraestructura entre otros ítems. Tras una serie de reuniones a lo largo de 2014, en los últimos días del año la jueza penal Roxana Bernardelli homologó un acta acuerdo entre las partes que llevará el número de presos alojados en comisarías a sólo 230 en agosto próximo (ver infografía). Y además, quienes queden allí detenidos lo harán en Módulos Transitorios de Detención (MTD) que están siendo levantados por el gobierno en cinco seccionales y que se extenderá a otras siete más del departamento respetando los parámetros internacionales, según se informó en una nota publicada ayer en esta misma sección (http://www.lacapital.com.ar/policiales/La-provincia-y-el-plan-para-reducir-el-numero-de-presos-alojados-en-las-seccionales-20150103-0023.html).
En ese sentido, Ganón dijo ayer a La Capital que "aunque aún no hemos podido ver los módulos ya que los mismos se encuentran en etapa de construcción, confiamos en que la provincia se adapte a lo que la Justicia ha establecido y los mismos se ajusten a los parámetros internacionales para los privados de la libertad en cuanto a sistemas de iluminación, ventilación, espacios de aire libre, seguridad y metros cuadrados por persona arrestada".
Asimismo, el funcionario remarcó que la Defensoría sabe "que el problema de los detenidos no puede resolverse de un día para el otro, pero ésto es algo que nosotros veníamos denunciando desde hace mucho tiempo y ahora estamos en camino de resolverlo".
Espacios oscuros. En otro momento del diálogo con este diario, Ganón dijo que "el problema de la detención de los presos en comisarías excede el tema de la superpoblación o el mal trato que a veces reciben" y expresó que "debido a la mala redacción de la legislación vigente a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia (febrero de 2014) ha quedado una zona gris en la cual los privados de libertad están a la deriva y corren riesgos que nosotros pretendemos resolver a la brevedad".
Ganón se refirió así al tiempo que pasa entre que una persona es arrestada, aún por averiguación de antecedentes, y el momento en que se pone en conocimiento de eso al Servicio de la Defensa Penal. "Nosotros pretendemos que toda privación de la libertad sea controlada judicialmente como ocurre en Buenos Aires. Esto quiere decir que tanto el juez de turno como el fiscal y el defensor sean notificados al momento de que la persona ingresa a la comisaría. Porque es ahí, en ese momento, donde surge un espacio gris oscuro en el cual se habilita la extorsión, el armado de causas, los apremios ilegales y otras atrocidades que no pueden existir más".
Casos emblemáticos. "En Santa Fe la ley es muy clara al respecto. Por averiguación de antecedentes nadie puede estar más de 6 horas, pero muchas veces la propia policía convierte ese arresto en aprehensión y eso le permite tener privada de la libertad a una persona por 12 horas en las cuales muchas veces surgen esos baches oscuros en lo que todo puede pasar", dijo Ganón.
Y puso como ejemplo los casos de Franco Ezequiel Casco y Sergio Loza. El primero llegó a Rosario desde Florencio Varela para visitar familiares el 29 de septiembre último y el 6 de octubre fue apresado en la seccional 7ª de Cafferata al 300. Nadie del Poder Judicial supo de esa detención ni de lo que pasó con el joven hasta que su cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná a fines de octubre. "Si no fuera por el impulso de la familia y el trabajo que se hizo desde la Defensoría", comentó Ganón, "no se hubiese sabido de todo lo que pasó en la seccional, de los apremios y tormentos que sufrió el muchacho a manos de la policía en ese tiempo en el que nadie sabía de su paradero".
Y el otro hecho al que refirió el Defensor fue la muerte de Sergio Loza, de 19 años, quien el 22 de diciembre pasado apareció ahorcado con sus propios cordones en un calabozo de la comisaría 14ª de Venado Tuerto después de haber sido detenido por tentativa de hurto y lesiones dolosas. "Aunque el fiscal (Pablo Busaniche) sostenga que le habían dado los cordones porque iba a recuperar la libertad, la Defensoría jamás supo de esa detención y sólo se nos notificó cuando ya estaba muerto". Por ese caso hay cuatro policías investigados.
Así las cosas, el Defensor Público sostiene que "lo que se espera con el acta acuerdo firmada con el Ministerio de Seguridad provincial no es solamente que se mejoren las condiciones de detención sino que nunca más haya casos como los de Casco y los de Loza, que se nos notifique inmediatamente de las detenciones y que las seccionales sean lugares transparentes y de paso más que edificios oscuros donde todo puede pasar".
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