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domingo, 2 de noviembre de 2014

SANTA FE: Megaestafa: la pena máxima para Rossini por la causa Bolsafé sería de seis años

Esa es la sanción tope prevista para los delitos por los que fue procesado. En diciembre cumplirá dos años en prisión preventiva, que en caso de ser sentenciado se descontarían del monto final.

Autor:Juan Baialardo / Diario UNO de Santa Fe - Detenido. El juez Miño le dictó la prisión preventiva a Mario Rossini, quien goza del beneficio de prisión domiciliaria.

Protestas. Los damnificados se manifestaron frente al juzgado de Miño.
Hace poco más de una semana el contador santafesino Mario Rossini fue procesado por la Justicia Federal, –con prisión preventiva– por maniobras que derivaron en una estafa a gran escala. La noticia fue muy bien recibida por muchos de los damnificados por el extitular de la sociedad de bolsa Bolsafé Valores SA. Sin embargo, otros criticaron que si llega a ser condenado el monto de la pena será muy bajo. Y si se tiene en cuenta que el contador en diciembre cumplirá dos años con prisión preventiva, aunque sea condenado, en pocos años podría quedar en libertad.

“La explicación sobre los montos de la pena está en la calificación de los hechos que realizó el magistrado federal”, dijo el sábado a Diario UNO el abogado defensor de Rossini, Néstor Oroño. El fallo de Miño lo sindica a Rossini como autor de los delitos de administración fraudulenta e intermediación no autorizada en el mercado de valores. El primero de los delitos tiene una pena que va de un mes a seis años de prisión. El segundo tiene una pena que va de un año a cuatro años de prisión. Pero además, el magistrado consideró que ambos delitos fueron realizados en concurso ideal.

“Esto significa que la maniobra que perpetró Rossini se trata de un hecho que puede tener varios encuadres legales en distintos delitos por lo que se le aplica como pena única la del delito más grave. En este caso sería administración fraudulenta. Por el contrario, cuando los delitos son realizados en concurso real, significa que el acusado realizó una pluralidad de hechos independientes entre sí, y las penas de cada uno de esos delitos se van a sumar hasta un máximo de 150 años”.



Uno más otro

En diciembre del 2012, cuando Rossini fue procesado en la Justicia ordinaria por el juez Nicolás Falkenberg, la resolución lo acusaba de administración fraudulenta en 62 casos. Cada uno de ellos era considerado un delito independiente del otro, por lo que la pena posible de cada uno de ellos se sumaba. Para Oroño, esa resolución de Falkenberg “desnaturalizaba los hechos”.

A pesar de concordar con el juez Miño en que la imputación de los supuestos delitos debía ser en concurso ideal, el abogado de Rossini apeló el viernes el procesamiento.

“Los motivos por los que apelamos son varios, pero fundamentalmente cuestionamos el delito de intermediación no autorizada en el mercado de valores. Entiendo que en esta causa no se da el presupuesto exigido por el delito como es que los hechos se hayan realizado en el ámbito del Mercado de Valores por cuanto Bolsafé Valores desarrollaba su actividad por fuera de ese ámbito. Tanto es así que en el 2008 la Comisión Nacional de Valores realizó un sumario y detectó la operatoria de BV Emprendimientos y no lo sancionó por intermediación no autorizada en el Mercado de Valores”.

Y agregó: “Y otro de los motivos fundamentales de la apelación tiene que ver con las responsabilidades atribuidas a numerosas personas que no han prestado ningún tipo de cooperación para las maniobras supuestamente ilícitas, como es el caso de los empleados y de los directores de Bolsafé Valores BV Emprendimientos. Rossini ya explicó en su indagatoria que era él quien asesoraba y tomaba las decisiones de inversiones de los clientes. Entonces no se entiende las acusaciones a los empleados y directores que conformaban las sociedades”.

La resolución del juez Francisco Miño también alcanzó a otras nueve personas que para el magistrado tuvieron un rol clave para que Rossini pudiera ejecutar la estafa. Se trata de los vicepresidentes de Bolsafé, Omar Santos Francisco Rossini (59) y Flavia Sánchez (39) acusados de ser coautores de defraudación por administración fraudulenta; la videpresidenta de Bolsafé, María Mercedes Leiva (39), como posible coautora de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores. Y las empleadas de la firma Marisa Laura Valdez (47), Carolina Fany Pavarín (37), Daniela Laura Reatti (36), Patricia Lorena Berrino (39) y María Lorena Molinas (38), y la productora en Paraná, Miriam Analía Sabella (42), habrían sido partícipes primarias de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores.

—¿Usted representa también a estas personas?

—No, solo a Rossini.

—¿Y entonces por qué en la apelación del procesamiento de Rossini marca la inocencia de los otros imputados?

—Porque no se entiende por qué van a responsabilizar a estas otras personas que eran empleados que realizaban una actividad normal, dentro de la ley. Me parece desajustado y hasta injusto que se responsabilice a los empleados y directivos. Otra gran pregunta que deberían hacerse los damnificados es por qué no se investigó a la Comisión Nacional de Valores, que en 2008 ya sabía lo que estaba pasando y no tomó ningún tipo de medidas.

—¿Qué explicó Rossini sobre el destino del dinero?

—El contador ha explicado que cada operación bancaria del Banco Galicia se correspondía con alguna operación de Bolsafé Valores con BV Emprendimiento. Y hasta ahora no se han detectado fugas de dinero. Y mucho menos al exterior. Creo que esta actividad fue generando un déficit muy grande durante muchos años y se fue disimulando, hasta que en el 2012 hubo un corte –por al enfermedad de Rossini– y queda al descubierto y quiebran las empresas.

Más de 400 víctimas

Los fiscales individualizaron en el pedido de indagatoria los casos de 408 víctimas, aunque remarcaron que Bolsafé “llegó a contar con 13 mil comitentes en cartera”, lo que revela –puntualizaron– la envergadura del daño producido, el fuerte impacto económico y la pérdida de confianza generalizada sobre el mercado de capitales local”.

A medida que la investigación avanza se van sumando más damnificados, que al día de la fecha ascienden a más de 450.

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