Autor:Gentileza Prensa Cámara de Diputados - Alto consenso. La iniciativa se votó por unanimidad en general, y luego hubo algunas disidencias específicas.
Con el voto unánime de los presentes (31 miembros sobre 50), ayer la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a la creación de la futura Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público de la Acusación. El oficialismo votó algunos artículos en disidencia por considerar que no está clara la estructura funcional, pero así y todo destacaron el trabajo político entre las fuerzas para llegar a una síntesis que conformó a la mayoría.
En el texto se estableció que solo un civil podrá conducir los destinos del Organismo de Investigaciones, o sea que se obturó la posibilidad de que un expolicía de la provincia se pueda hacer cargo de la dirección técnica que tendrán las pesquisas y el análisis criminalístico. Salvo el radical Santiago Mascheroni, quien argumentó que no se puede prescindir de la experticia de miembros de las fuerzas de seguridad solo porque provienen de esa institución, el resto dio su voto positivo.
Asimismo, se acordó con el Ejecutivo –que siguió de cerca la redacción que tuvo en cada instancia el proyecto– cuáles serán las funciones objetivas que tendrá la Policía Judicial. En esa delimitación de “delitos complejos” que estarán a su cargo, se dispuso que investigarán tres causales específicas para no superponer actuaciones que pertenecen a la Policía de Santa Fe.
En tal sentido, el organismo tendrá que intervenir en posibles casos donde esté involucrado el crimen organizado, donde un funcionario público –de cualquiera de los tres poderes del Estado, incluido los policías– participe en la estructura delictiva (corrupción) y cuando la fiscalía crea conveniente porque hay delitos conexos que necesiten un nivel más exhaustivo de investigación. Así quedó establecido en los artículos 5 y 6 del proyecto.
Durante la sesión, el miembro informante de la media sanción fue el diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, quien contó que el grueso de la iniciativa es la ley que se aprobó el año pasado para crear un Organismo de Investigaciones y que después el gobernador Antonio Bonfatti vetó. En función de dicha realidad política, dijo que esta vez se tuvieron en cuenta esos aportes, se hicieron algunas correcciones y por eso hubo acuerdo.
Nuevo paradigma en marcha
Entre otras cosas, el escrito que ahora pasó al Senado establece con mayor claridad que la escuela de capacitación para investigadores de la Policía Judicial dependerá del instituto de formación de fiscales y se establecieron parámetros distintos para definir los montos de los salarios del nuevo organismo. A su vez, indicó que la estructura tal como quedó fue un pedido que hizo el fiscal general Julio De Olazábal.
Por caso, el titular del Ministerio Público de la Acusación será el máximo responsable del Organismo de Investigación y solicitó la creación de dos subdirecciones: una vinculada al área forense y la otra a las pesquisas. A eso se debe sumar la dirección general que tendrá la Policía Judicial –la jefatura técnica de toda la institución– y cinco direcciones regionales, una por cada una de las circunscripciones provinciales.
El director de esa policía que dependerá de la Acusación tendrá que ser un civil, pero el resto de la institución sí podrá contar con expolicías. No obstante, todos esos cargos se tendrán que concursar y durarán en las funciones lo mismo que el fiscal general (seis años), incluso podrán ser reelectos. Toniolli recordó que ahora no se saldó ninguna discusión, más allá de la divergencia, ya que esas mismas disposiciones estaban en la ley vetada.
Para justificar al civil en la dirección del organismo, el diputado manifestó: “Nosotros creemos que la cultura institucional, la práctica y la conformación histórica determina también la carga y el tipo de trabajo. Un número importante y determinante de casos judiciales se inicia a partir de casos de flagrancia y esta situación le otorga a la policía (convencional) un poder de decisión sobre la carga y sobre el perfil del trabajo judicial, y lo pone en un lugar preponderante en el campo de la persecución criminal”.
“El objetivo –remarcó el dirigente del bloque kirchnerista– es no repetir una cultura investigativa donde pasan los peces más gordos y quedan los más chicos. No hago referencia a la cuestión de la honestidad ni al vínculo que puede haber entre la policía y el delito, sino a que la experticia nunca es neutra y lo que tratamos de hacer hoy es fundar un paradigma nuevo para investigar los delitos complejos en la provincia de Santa Fe”.
El diputado Santiago Mascheroni, que también votó el proyecto en general, recalcó que la creación del Organismo de Investigaciones será gradual y así quedó establecido en el proyecto. En cuatro años, una vez reglamentada la ley, se tendrá que “montar toda la estructura” de la Policía Judicial de Santa Fe. Podrá haber traspaso de personal de la policía provincial y de otros sectores del Estado, pero sobre esos recursos habrá una minuciosa selección.
El director provincial del organismo, los directores regionales y los subdirectores de las áreas forense e investigaciones serán cargos a concursar, del mismo modo, otros lugares importantes que se deberán cubrir. Los directores y subdirectores empezarán y terminarán la gestión junto al titular del Ministerio Público de la Acusación (plazo de seis años) y el personal administrativo y técnico podrá hacer carrera.
Precisamente, aquellos empleados traspasados de otras dependencias del Estado, al cabo del primer año de trabajo, se someterán a una evaluación del fiscal general para que haya una instancia de ratificación de los recursos humanos más aptos y comprometidos para las funciones que se deberán realizar. “Con esta decisión se apunta a la excelencia”, indicó Mascheroni.
El también diputado radical Maximiliano Pullaro calificó a la media sanción como una “ley de la democracia, principalmente por el consenso con el que se trabajó”. Luego, destacó que en el proyecto “se lograron incorporar algunos aspectos que serán muy importantes” para la constitución de la Policía Judicial, como “la creación de un Observatorio Parlamentario para seguir de cerca la implementación de esta ley y donde podrá participar la sociedad civil”.
Por último, reconoció que “falta avanzar en la reforma policial, en mejorar el sistema carcelario, en tener mayores controles sobre las fuerzas de seguridad pero, fundamentalmente, falta avanzar en políticas de inclusión en la República Argentina”. De esa forma, advirtió que Santa Fe todavía tiene un largo trayecto para oxigenar a la seguridad pública pero que ese cambio está en marcha.
Por Guillermo Acrich / Diario Uno Santa Fe
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