En lo que va de 2014, más de 30 menores ingresaron al Hospital de Niños Orlando Alassia con heridas de bala. Seguridad Comunitaria reforzará su trabajo con intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales.
.La Capital |
El caso de Serena Martínez no fue el primero aunque quizás marcó un antes y un después, por la relevancia que tomó en la opinión pública. Tenía seis años y en diciembre del año pasado fue alcanzada por una bala en la cabeza, cuando estaba en la fiesta de fin de año en el jardín del Club Regatas. Una semana después murió en el hospital Alassia, a pesar de los intentos de sus profesionales para que el desenlace fuese otro.
Ya en 2014, en abril, Tiziano de tres años, recibió un disparo en Santa Rosa de Lima cuando jugaba en la vereda. Todavía permanece en rehabilitación en el mismo efector y podrían quedarle secuelas.
En lo que va de 2014, más de 30 menores ingresaron al Alassia con heridas provocadas en tiroteos y, en las últimas semanas de mayo y principios de junio, según publicó Diario UNO, se supo que ingresa al mencionado hospital, en promedio, un niño herido de bala cada cuatro o cinco días.
Si bien son realidades que el Estado conoce y atiende, son los medios los que indagan sobre las políticas para abordar problemáticas tan complejas. Poniendo la lupa sobre ellas, Diario UNO dialogó con Ramiro Arrola, director de Seguridad Comunitaria en la Región Centro Norte, del Ministerio de Seguridad.
Abordaje integral
—Arrola, ¿cómo es la intervención frente a estos casos de menores víctimas de situaciones de violencia grave?
—Debo aclarar que no se trata de una política únicamente dirigida a los menores sino también a todas las víctimas de hechos violentos. En general, se trata de un trabajo bastante “artesanal”, que se va adaptando a la particularidad del caso. Conocido este en detalle, lo primero es establecer contacto con el entorno familiar de la víctima, si es que es posible, a las 48 o 72 horas, ya sea telefónica o personalmente.
Y agregó: “En Santa Fe disponemos de un psicólogo en nuestro equipo que atiende lo más urgente: la angustia y la situación de trauma, para la víctima si permanece con vida y cuando todos los profesionales lo consideran oportuno; y/o para sus familiares si la necesitan y es posible”.
Luego se les ofrece protección integral, asesoramiento jurídico si quieren que los acompañemos como querellantes o pueden hacerlo con un abogado propio. Paralelamente, comienza el trabajo con otros ministerios: Salud, Justicia, Desarrollo Social.
“Vuelvo a decir, es según la singularidad de cada caso. El Estado se hace presente y analizamos todas las situaciones emergentes y ponemos a disposición los actores que sean necesarios para tal fin. Disponemos de psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, abogados y, obviamente, policías comunitarios”, acotó.
—¿Qué se intenta generar con el niño o el entorno? ¿De qué modo se lo/s protege?
—La clave pasa por generar día a día un vínculo de confianza. O, más todavía, y como dirían algunos psicólogos, transferencia. La contención se busca no solamente desde lo psicológico o lo orgánico que resuelve el médico. Si tienen problemas económicos, interviene Desarrollo. Si su seguridad está amenazada buscamos reubicarlos en otras ciudades.
De lo “artesanal” a un programa
Posteriormente, Arrola explicó que es voluntad del gobierno de la provincia, que estas políticas y acciones ad hoc confluyan en un programa específico, que posibilite sumar recursos (humanos, materiales, entre otros) y que trasciendan a una gestión y a la voluntad de las autoridades de turno.
Consultado sobre la persona que asumiría, dijo que todavía no está definido aunque se contemplan los conceptos de protección y contención interdisciplinaria de víctimas, familiares y testigos de hechos violentos. En lo operativo y consultivo, no solamente se involucraría a muchos ministerios, sino también a la sociedad civil y particularmente a la Asociación Santafesina de Familiares de Víctimas de la Inseguridad, que preside Catalina de Narváez.
En territorio, a los Centros de Salud para que interdisciplinariamente puedan hacer un seguimiento de los niños y su entorno; a los Centros de Asistencia Judicial; a los equipos de Fortalecimiento Institucional de la Dirección Provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud, entre otros.
Lo que subyace a estas prácticas
Finalmente, el secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani, explicó los objetivos que definen a su área y en los que se enmarcan las intervenciones descriptas por Arrola: “Se procura la implementación y el desarrollo de acciones programáticas e integrales que apuntan a mejorar la convivencia ciudadana y a su vez constituyen herramientas para la prevención del delito”.
“Con esta premisa –agregó– los equipos técnicos y territoriales del área, junto con otras agencias estatales, instituciones civiles, ONG (entre otros actores), promueven instancias de participación, de construcción de ciudadanía y de acceso a derechos elementales, no sólo por parte de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social o en conflicto con la ley, sino también de sus núcleos afectivos”.
Y concluyó Ruani: “El Estado asume el compromiso permanente de fortalecer lazos sociales en sectores sensibles de la población, favorecer la inclusión social y la integración”.
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