El abogado del ex intendente Alvarez insistió en que ya se venció el plazo razonable para su juzgamiento y que si la Cámara no vota a su favor, seguirán apelando. El fallo de los jueces se conocerá después de la feria judicial.
/Diario UNO |
Este proceso de 11 años ha tenido demoras. Pero no por responsabilidad de Marcelo Álvarez. Esta defensa planteó una sola nulidad (que fue sobre la requisitoria del fiscal). En lo demás, mi cliente, siempre estuvo a disposición de la Justicia”, inició ayer su alocución el abogado Pablo Guastavino, en el inicio de los alegatos sobre la prescripción de la causa inundación 2003.
El exintendente de Santa Fe está imputado, junto con el exministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y al exdirector de Hidráulica, Ricardo Fratti, por estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas. Hace 11 meses, este pedido de prescripción que planteó el exintendente paralizó la causa. Y, en vistas a las apelaciones que pronosticó Guastavino que pedirán si los camaristas no votan a su favor, la investigación por las responsabilidades políticas de la mayor tragedia hídrica continuará frenada por muchísimo tiempo más.
En su exposición, Guastavino realizó una ampliación de los fundamentos que ya había expuesto junto a su colega, Alejandro Paz, en la expresión de agravios presentada y sobre los que el juez Cristian Fiz falló en contra, permitiendo que la investigación continuara abierta. La base del planteo es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En este caso, Guastavino indicó que consideran un plazo razonable los cinco años de pena máxima posible para el tipo de delitos por el que está acusado Álvarez.
“Es una causa muy emotiva”
Y, exculpando a su cliente, Guastavino opinó que las demoras en el expediente fueron porque se trata de una causa “compleja desde lo técnico”, porque es una causa “muy emotiva y fue usada políticamente” y además, consideró que la transición a un nuevo procedimiento penal (que entró en vigencia el 14 de febrero pasado) también influyó negativamente en los tiempo de la tramitación.
Y, exculpando a su cliente, Guastavino opinó que las demoras en el expediente fueron porque se trata de una causa “compleja desde lo técnico”, porque es una causa “muy emotiva y fue usada políticamente” y además, consideró que la transición a un nuevo procedimiento penal (que entró en vigencia el 14 de febrero pasado) también influyó negativamente en los tiempo de la tramitación.
Entre las complejidades técnicas, por ejemplo, dijo que “hace 20 días, el Instituto Nacional del Agua previó una crecida de más de seis metros y que superaría el punto de evacuación, y hoy tenemos poco más de cuatro metros de agua”.
El fallo de Fiz respecto de la prescripción seguía la línea argumental de los fiscales de instrucción, Mariela Jiménez y Jorge Andrés, quienes sostenían que el hecho de que Marcelo Álvarez continuara siendo un funcionario público suspendía la prescripción, tal como lo indica el 2º párrafo del artículo 67 del Código Penal: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Y en este mismo sentido, expresó su posicionamiento la fiscala de Cámara, Liliana Lauxmann, quien argumentó que tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen una mirada negativa sobre los efectos del ejercicio de una función pública por parte de alguno de los imputados en una investigación, y que directa o indirectamente siempre se pueden ejercer acciones que lleven a demorar una causa.
Los camaristas Roberto Prieu Mántaras (como presidente del tribunal), Jaquelina Balangione y Roberto Reyes escucharon a las partes intervinientes y luego indicaron que la resolución se conocerá en un plazo “razonable”. Este plazo sería de 10 días hábiles, pero la proximidad de la feria judicial hace estimar que el fallo recién se conocerá en los primeros días de agosto.
La voz de los inundados
Tras la audiencia, dos damnificados por la inundación del 2003 e integrantes de la Marcha de las Antorchas dialogaron con los medios de prensa y cuestionaron que el exintendente dilate la investigación. “Estamos 11 años más viejos que cuando empezamos esta lucha y estamos cansados. Pienso que en todo este tiempo hubo demasiadas trabas y vacíos. Al exgobernador Carlos Reutemann nunca lo llamaron a declarar, y era el jefe político de la provincia. ¿Cómo podía desconocer lo que pasaba en la ciudad, que estaban entrando millones de litros de agua? La inundación no era imprevisible. Se dejó un hueco abierto. Esos millones de litros arrastraron a viejos, niños, yo vi cómo por calle Mendoza, la gente corría escapando del agua, hasta que finalmente los alcanzaba”, expresó Marta Giavi.
Tras la audiencia, dos damnificados por la inundación del 2003 e integrantes de la Marcha de las Antorchas dialogaron con los medios de prensa y cuestionaron que el exintendente dilate la investigación. “Estamos 11 años más viejos que cuando empezamos esta lucha y estamos cansados. Pienso que en todo este tiempo hubo demasiadas trabas y vacíos. Al exgobernador Carlos Reutemann nunca lo llamaron a declarar, y era el jefe político de la provincia. ¿Cómo podía desconocer lo que pasaba en la ciudad, que estaban entrando millones de litros de agua? La inundación no era imprevisible. Se dejó un hueco abierto. Esos millones de litros arrastraron a viejos, niños, yo vi cómo por calle Mendoza, la gente corría escapando del agua, hasta que finalmente los alcanzaba”, expresó Marta Giavi.
Y luego, Héctor Sanagustín tuvo duras palabras sobre la composición de la Cámara que analizará el planteo de Álvarez: “El juez Rodolfo Reyes fue el encargado de instruir la causa por la represión policial con muertos en diciembre de 2001 en Rosario. Sobreseyó a quien entonces era ministro de Seguridad, Lorenzo Domínguez, y al exgobernador. Ese mismo juez, hoy integra esta cámara porque fue ascendido en el trancurso de un gobierno de Reutemann”.
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