SANTA FE: El fiscal Fessia hizo un balance de los dos primeros meses de gestión

De la Redacción de El Litoral

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Este jueves se cumple el segundo mes desde que entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal de la provincia, y el fiscal de la Regional I para Santa Fe, Ricardo Fessia, reunió a los medios de la ciudad capital para transmitir los primeros datos estadísticos relevados desde entonces.

Según un informe suministrado por la Oficina de Gestión Judicial del distrito Nº 1 -que comprende los departamentos La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo, Garay y San Javier-, desde el 10 de febrero se llevaron a cabo 328 audiencias, en su gran mayoría de las llamadas “imputativas” y de la “prisión preventiva”.

Aunque el dato en sí no resulta representativo de lo que implica la puesta en marcha del nuevo sistema, sí permite ver de qué manera se fue incrementando la labor de los fiscales en los dos primeros meses. Hasta el 7 de marzo -primer mes- se habían desarrollado apenas 59 audiencias; mientras que las restantes 269 se formalizaron en el transcurso del segundo mes, poniendo de manifiesto el exponencial incremento de la litigiosidad.

Esto “demuestra el crecimiento que hemos tenido” en muy poco tiempo, indicó el fiscal Fessia, que recibió a la prensa en una de las oficinas con las que cuenta el MPA en su sede de Obispo Gelabert 2837. Si bien “durante la primera semana hemos tenido muy poca actividad”, éstas se fueron incrementando a medida que la maquinaria a estrenar comenzaba a tener rodaje.

No obstante diferenció lo que son las audiencias en causas con personas privadas de la libertad, que se realizan ante un juez penal; y aquellas en las que no hay detenidos y se convocan directamente en la fiscalía.

A su vez, explicó sobre las primeras que “existen dos clases de audiencias: la imputativa, que es cuando una persona privada de la libertad se le hace conocer el hecho. Y la audiencia de prisión preventiva, en la que el fiscal solicita la medida restrictiva de la libertad”.

A propósito de éstas últimas, cuando los fiscales ordenan la detención de un imputado por un hecho en flagrancia, “la defensa pública tiene una serie de principios ajustados a derecho”, en los que cuestionan “que los fiscales no tienen atribuciones para ordenar la detención de las personas, sino que es el magistrado” quien debe disponerlas. “En consecuencia, todas las prisiones preventivas que pedimos fueron apeladas por la defensa pública por planteos de inconstitucionalidad” que deben ser resueltos en audiencias de Cámara.

Este dato no es menor si se considera que “el 65 % de los casos que nosotros trabajamos tienen defensa pública y el 35 % restante defensa privada”, expresó el jefe de los fiscales para Santa Fe y alrededores. Por ese motivo es que todavía “estamos en la primera etapa procesal; después vendría la acusación y finalmente el juicio”. En ese sentido el fiscal fue cauto en cuanto a que “ya tenemos un pronunciamiento donde dice que la detención fiscal sí es constitucionalidad. Se están esperando otros pronunciamientos para que se siente un criterio” y entonces poder avanzar en la investigación penal preparatoria.

El dato

Denuncias.

• Entre los datos aportados por el MPA, desde el 10 de febrero se llevan contabilizadas 275 denuncias de particulares, que por diferentes motivos optaron por acercarse directamente a la fiscalía, sorteando la instancia policial como se hacía anteriormente. Además, se registraron otras 77 consultas de distinta índole, en las que se ventilan diferentes conflictos.

Faltan fiscales

• “Arrancamos con una dotación de funcionarios que está muy por debajo de lo que nos marca la ley”, declaró el fiscal Ricardo Fessia. “Nuestra ley prevé 38 fiscales -12 titulares y 26 adjuntos- y nosotros tenemos 14”. Por eso “esperamos que promediando la feria judicial de invierno podamos contar con un grupo de fiscales que nos permita dedicarnos más profundamente a los casos”, agregó.

Para el jefe de los fiscales de Santa Fe y zona se deben realizar profundos ajustes apuntados a “la capacitación técnica de la policía, que asimismo requiere más medios”. “El Ejecutivo ha decidido constituir la Policía de Investigaciones que en algunos lugares se llama Policía Judicial. En enero asumieron el cargo los 5 jefes nodales y a partir de ahí comenzaron a realizar un trabajo de selección dentro de la fuerza”. “Tenemos la esperanza de que esto supla las falencias de las comisarías de barrio” pero reconoce que es un proceso que llevará al menos “todo este primer año para ir conformándonos”.