Se trata de Eduardo Filocco, quien tuvo en sus manos la causa. Lo acusan de graves omisiones y errores procedimentales. Legisladores elaboran un proyecto para ser presentado en Diputados. Perassi y sus defensores aportaron fundamentos jurídicos para confeccionar el pedido.
/La Capital |
El juez de Instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filocco, podría ser sometido a un jury de enjuiciamiento en caso de prosperar un proyecto que por estas horas prepara un grupo de legisladores que le cuestionan su proceder en el caso de la desaparición y presunto homicidio de Paula Perassi, la joven madre que fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011. La acción es promovida por la defensa de la familia de la víctima a través del Colegio de Abogados de Rosario y por parlamentarios rosarinos y provinciales.
En un encuentro celebrado la semana pasada entre los padres de Paula, Alberto y Alicia Perassi, sus abogados, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, la concejala rosarina María Eugenia Schmuck y los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Julián Galdeano, se determinó que la solicitud a la Legislatura se realizará por diversas vías, en un esfuerzo por reforzar y dinamizar el pedido. Así, mientras los defensores de Perassi continúan su lucha jurídica, los legisladores pedirán que se conforme el tribunal de enjuiciamiento para investigar, y en su caso absolver o sancionar, al juez Filocco.
La solicitud de los legisladores estará basada en los fundamentos jurídicos que los defensores de Perassi plasmaron en los recursos extraordinario y de inconstitucionalidad interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y de la Nación. Con el impulso que selló la concejala Schmuck sobre el caso, los legisladores radicales llevarán el pedido de jury ante la Cámara baja, de manera que sea un tema prioritario a tratar ni bien inicie el año legislativo, el próximo 1º de mayo.
Errores primarios. "Perassi extendió información a distintos sectores y principalmente a legisladores basadas en las quejas realizadas en la institución judicial, en las que se plantean las irregularidades de la investigación", explicó el abogado de la familia Perassi, Adrián Ruiz. El letrado precisó que aunque algunos legisladores mostraron profundo interés en tratar el tema con urgencia y consideraron que hay elementos suficientes para sostener un jury de enjuiciamiento, "aún no hay una petición formal escrita".
"Esos elementos —precisó— surgen de la vía recursiva interpuesta por nuestra parte y a su vez de las mismas expresiones del tribunal de alzada que explicitó claramente que durante los primeros meses de la investigación no se hicieron las cosas correctamente. Este hubiera sido un caso simple pero las posibilidades de investigación se perdieron porque durante los dos primeros meses no se hizo nada".
Para Ruiz, "surge claramente de la lectura del expediente que hay responsabilidades compartidas en cuanto a la inoperancia que se advierte en este caso. Iban a buscar las pruebas una vez que sabían que no las iban a encontrar. Hubo problemas en la dirección de la investigación que dependía del juez y la Fiscalía y también de quienes ejecutaban esa investigación".
Cuestiones clave. Por su parte, Schmuck, quien acompaña a Perassi desde los inicios de la causa, explicó que a Filocco se le cuestiona "no haber procedido, ya sea por desidia o por voluntad de que no se esclarezca, en cuestiones clave en el caso. Hay varios ejemplos de ello, como las grabaciones en cassettes de escuchas telefónicas que están sin desgrabar, números de celulares sin identificar a quién pertenecen y personas que no fueron indagadas en estos dos años y medio desde que desapareció Paula. Es hora de que alguien se haga responsable por esta falta de investigación de la Justicia", dijo la edila, y recordó que existieron muchos datos falsos que "sólo sirvieron para desorientar a la familia". Y deslizó también la posibilidad de una complicidad policial, sobre todo de un comisario que luego fue denunciado por enriquecimiento ilícito.
Cabe aclarar que Filocco no está a cargo de la causa desde el 10 de febrero último, cuando se puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe, por lo que desde entonces quedó en manos del juez Juan José Tutau.
Paula Perassi fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011. Desde entonces el único paso relevante que hubo en la causa fue el procesamiento de su amante, Gabriel Héctor Strumia, y del empleado de éste, Antonio Darío Díaz, por el presunto delito de homicidio en carácter de autor y de partícipe necesario, respectivamente. Pero este avance se desvaneció en abril del año pasado, cuando la Justicia dejó sin efecto la medida, aunque los acusados aún están vinculados porque no fueron sobreseídos.
El pedido de jury. Según la legislación vigente todos los jueces nombrados con acuerdo legislativo, con excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pueden ser enjuiciados a los efectos de removerlos del cargo. Para este proceso interviene el máximo estamento de la Justicia como tribunal y se integra para este fin con un senador, un diputado y dos abogados sorteados entre los representantes de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. En el caso de los legisladores, son sorteados bianualmente por las respectivas cámaras.
El presidente de la Corte dirige el trámite y vota en caso de empate, mientras que el procurador general de la Corte sostiene la acusación. El acusado puede defenderse por sí mismo, nombrar representante o admitir al que se le designe por sorteo entre los conjueces.
Los magistrados pueden ser removidos por ignorancia manifiesta del derecho o carencia de aptitud para ejercer la función, incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo, desorden de conducta privada o actividad incompatible con el decoro y dignidad de la función, la comisión u omisión de delitos dolosos o inhabilidad física o mental permanente.
Una vez admitida formalmente la denuncia el Tribunal suspende provisionalmente al magistrado en el ejercicio de sus funciones, ordena el pago del cincuenta por ciento de su remuneración y la retención del resto y dispone que comparezca al juicio. La resolución definitiva se adopta por mayoría de los miembros del tribunal y se absuelve o condena al acusado con fundamentos impersonales.
El presidente de la Corte dirige el trámite y vota en caso de empate, mientras que el procurador general de la Corte sostiene la acusación. El acusado puede defenderse por sí mismo, nombrar representante o admitir al que se le designe por sorteo entre los conjueces.
Los magistrados pueden ser removidos por ignorancia manifiesta del derecho o carencia de aptitud para ejercer la función, incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo, desorden de conducta privada o actividad incompatible con el decoro y dignidad de la función, la comisión u omisión de delitos dolosos o inhabilidad física o mental permanente.
Una vez admitida formalmente la denuncia el Tribunal suspende provisionalmente al magistrado en el ejercicio de sus funciones, ordena el pago del cincuenta por ciento de su remuneración y la retención del resto y dispone que comparezca al juicio. La resolución definitiva se adopta por mayoría de los miembros del tribunal y se absuelve o condena al acusado con fundamentos impersonales.
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