Entrevista a Marisa Germain, una psicóloga formada en las aulas de la Universidad Nacional de Rosario que analizó los casos de justicia por mano propia de esta semana. Para la psicóloga Marisa Germain es imperioso que los medios moderen los comentarios en sus páginas web.
.La Capital |
Psicóloga. Magister en salud pública. Profesora titular concursada de la cátedra Estructura Psicológica Social del Sujeto de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Docente de la carrera de posgrado en especialización en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria.
La semana que termina Rosario fue escenario de al menos cuatro sucesos en los que vecinos enardecidos se lanzaron sobre supuestos ladrones y tras someterlos con trompadas y patadas los entregaron a la policía. Sin embargo, uno de esos casos tuvo un trágico desenlace. Fue el linchamiento de David Moreira a manos de un grupo de personas que dicen haberlo visto robando una cartera a una mujer en Marcos Paz y Liniers. Entonces decidieron actuar por mano propia y lo golpearon con tanta saña que tres días después el pibe, de 18 años y sin antecedentes penales, murió en una cama del Heca.
La acción levantó altas olas de indignación. Algunas opiniones apoyaron a esos vecinos con términos indecibles. Otras cuestionaron la "justicia por mano propia" y aportaron sus críticas desde lo jurídico y lo filosófico. Marisa Germain es una intelectual con años de profesión, una psicóloga formada en las aulas de la Universidad Nacional de Rosario. Sus conceptos sobre el tema que sacudió a Rosario esta semana descargan, como ejercicio, preguntas con respuestas alternativas y propician el pensamiento agudo, la causa y el efecto. Los cuestionamientos al Estado, la difusión de la realidad a través de los medios, el rol de las redes sociales y sobre todo los inicios de una grieta social que se muestra cada vez más profunda.
—¿La sociedad está dividida? Y si es así, ¿cómo se instaura este castigar por mano propia?
—En 2001, en el marco de la crisis social, económica y política que sacudió al país, los sectores medios tenían identificación y solidaridad sobre los sectores más desprotegidos. Se comprendían los cortes de calles y se impuso la consigna "piquetes, cacerolas, la lucha es una sola". Todos podíamos caer en la miseria. Pero la recuperación económica generó otro tipo de respuestas. Ahora yo tengo más de todo, no sólo dinero. El excluido ya no me identifica y yo no me solidarizo con él. Ese concepto se ha construido desde siempre, pero ahora prende socialmente en sectores que tienen mejoras económicas. La solidaridad no es la misma, la construcción solidaria cambió.
—¿Cuál es el lugar en que se posiciona aquel que golpea a alguien que ha cometido un delito?
—El supuesto es que para los agresores hay una línea divisoria entre la buena gente y estas personas. A principios del siglo XX se les llamó anarquistas, en otro momento subversivos. La diferencia deja a un costado a un sector de la población a la que se le puede hacer cualquier cosa porque no se los considera seres humanos. No son como yo, diría el imaginario. No lo reconozco como para ponerle los atributos como ser humano. Es un otro en sentido radical.
—Es decir que no es un igual.
—No. Un igual es quien no vive en una villa, no recibe planes ni seguridades sociales. Es quien no ha cometido determinado delito, en general los realizados en la vía pública. El problema no es que sean delincuentes, sino qué tipo de delincuentes. Muchos de los que no dudan en castigar a los arrebatadores no censuran a delincuentes de otro tipo, aquellos que cometen otro tipo de delitos que no le generan repulsa, los típicos ladrones de guante blanco. Eliminar a estos otros, los delincuentes que no son mis iguales no trae consecuencias, eso es terrible.
—¿Cómo se ejerce la violencia sobre la víctima?
—Hay violencia por mano propia porque lo que se cuestiona es el monopolio de la violencia por parte del Estado. Esta violencia coercitiva tiene que ser violencia legítima. Lo que el Estado ejerce en las cárceles o cuando provee de armas a la fuerza pública tiene motivos legítimos. Lo que percibe la sociedad es que el Estado, en sí la policía como brazo armado, ejerce una violencia sobre los grupo marginales de manera selectiva para articular delitos. Se cuestiona que la violencia por parte del Estado no es eficaz socialmente. No protege.
—¿Cuál es la función de los medios de comunicación y las redes sociales en esta trama?
—Hay una circulación de discursos públicos reiterados hasta el hartazgo. Los medios muestran de modo exacerbado a las víctimas. La herida exhibida exacerba el sentimiento de búsqueda de protección y miedo. Debería regularse el tratamiento que reciben las víctimas en los medios.
—¿Y qué sucede con los mensajes en las redes sociales y en los medios?
—El tema es que un medio masivo tiene responsabilidad social y pública. Si decide publicar una carta de lectores es porque antes la analizó, la leyó alguien. Pero tal vez no hay filtros para los comentarios en la web. Quien escribe en un medio masivo, en su página web, no tiene consecuencias sociales inmediatas. No se responsabiliza más allá de eso. En las redes sociales hay sanciones pero en los diarios, a veces no.
—¿En este caso la palabra habilita la acción?
—Se ha banalizado la palabra y decir es hacer. Si digo algo del otro estoy haciéndolo, es hacerle algo al otro. Si no hay ninguna regla en el decir, esto acarrea consecuencias.
—¿Cómo se evalúan las respuestas del Estado?
—El Estado en este caso está en peligro mientras avance la idea de que cada cual debe defenderse por sí mismo. El creer que estamos en riesgo puede llevarnos a una confusión y que se acuse a alguien de un delito y se le pegue sin que sea culpable. Si el Estado acepta que cualquiera tiene derecho a tutelar la ley sin ejercer ese control, está en peligro. Y eso es muy grave.
—¿Dónde estaría el punto mas crítico de ese peligro?
—En no avanzar con la investigación y el esclarecimiento en los casos de linchamiento o golpizas. Se mostraría más débil aún, expondría un Estado que tiene la impunidad como norma.
—¿Cuál es la respuesta?
—El Estado da respuestas erróneas como el exhibir hasta qué punto otros pueden organizarse y atentar contra el gobernador, o amenazar a fiscales y ministros. Este tipo de amenazas se hacen desde siempre. Los fiscales y los jueces han sido amenazados por décadas en varios lugares del mundo. Lo que está demostrando la publicidad de estos hechos es la incapacidad del Estado para actuar y refuerza la idea de defenderse uno por sí mismo, porque el Estado no puede.
—En este caso del linchamiento, ¿cuál sería la respuesta?
—El Estado va a demostrar que no está inerme mientras aclare el homicidio de David Moreira. Toda medida que demore esta investigación, tanto desde lo judicial como desde el Ejecutivo santafesino, lo pondrá en una situación muy difícil.
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