Un nuevo capítulo del debate que desató la reapertura del espacio de Callao 125 bis, donde hasta el 25 de mayo pasado funcionó La Rosa Sexy Bar, clausurado en un operativo judicial.
La Capital |
La reunión de la comisión de Gobierno del Concejo, prevista para mañana, será epicentro de la rediscusión de una iniciativa que apunta a que todo procesado por trata, proxenetismo o explotación sexual no pueda solicitar una nueva habilitación, o reciba la suspensión de la que esté en curso, en caso de encarar emprendimientos comerciales dentro de la ordenanza de espectáculos públicos. Un nuevo capítulo del debate que desató la reapertura del espacio de Callao 125 bis, donde hasta el 25 de mayo pasado funcionó La Rosa Sexy Bar, clausurado en un operativo judicial en el que su dueño quedó detenido.
"La idea es debatir esta propuesta, teniendo en cuenta que días atrás los ediles (radicales) María Eugenia Schmuck y Jorge Boasso enviaron una carta a la Intendencia pidiendo que hiciera todo lo posible para no habilitarle nada a Juan Cabrera (ex dueño de La Rosa)", explicó a La Capital la concejala Daniela León (UCR), autora de la iniciativa presentada a fines de junio pasado.
La edila recordó que la propuesta, que data "del momento en que se discutió el cierre de cabarets, que finalmente prosperó", alude a la posibilidad de que "todos los titulares de habilitaciones municipales que se encuentren condenados por trata, proxenetismo o explotación sexual no puedan abrir un comercial dentro de la ordenanza de espectáculos público mientras dure la pena, y por cinco años más".
Según la iniciativa, "los titulares de emprendimientos comerciales enmarcados en la ordenanza de espectáculos públicos que resultaren condenados por sentencia firme por los delitos de proxenetismo y/o explotación sexual y/o trata de personas no podrán volver a habilitar a su nombre, o bajo su titularidad o la de sociedades en las que formare parte, ningún emprendimiento similar por todo el plazo que dure la condena, más cinco años adicionales".
Asimismo, dispone que el o los aspirantes a emprendimientos comerciales que, estando pendiente el pedido de habilitación, fuesen imputados o procesados por esos delitos, "no podrán obtener despacho favorable hasta tanto recaiga resolución definitiva que los absuelva de las imputaciones, quedando en suspenso de pleno derecho la resolución del Ejecutivo".
"Mi intención es poner esta propuesta en discusión en función de los planteos de aquellos ediles preocupados por los otorgamientos de habilitaciones municipales", indicó León.
La posibilidad de que el espacio clausurado en Pichincha hace cuatro meses por la Justicia reabra sus puertas reconvertido en bar con amenización musical y, presumiblemente, con un hostel en su planta alta, alimentó las suspicacias.
No faltaron reproches al Palacio de los Leones sobre una supuesta protección a Cabrera, pero el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, prometió "garantizar" que el otorgamiento de habilitación al bar no será "un simple trámite".
En la edición de este diario del 1º de octubre, Cabrera (conocido como el Indio Blanco) afirmó que planea abrir un bar en Callao 125 bis. Tras la clausura de La Rosa, quedó detenido y fue procesado por promover la prostitución de las alternadoras de la whiskería, bajo la presunción de que llevaban a los clientes del bar al albergue contiguo, también de su propiedad, pagándole un porcentaje de sus ganancias.
Ahora, el proyecto de Cabrera consistiría en un bar de comidas rápidas y arriba del local funcionaría un hostel.
Hasta el momento, el único permiso de habilitación solicitado es el gastronómico.
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