Luego de conocerse que el 25 de julio pasado Litoral Gas tramitó ante la Municipalidad un pedido urgente para abrir la vereda del edificio de Salta 2141, en la fiscalía pretenden saber en detalle por qué lo hizo, cuáles fueron las constataciones que sustentaron esa solicitud y, puntualmente, qué argumentos técnicos ponderó para reconectar el servicio.
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La Intendencia acompañó documentación donde deja constancia de que el 5 de agosto, un día antes de la explosión que ocasionó 21 muertos y decenas de heridos, labró un acta en la que confirma que la acera no había sido abierta para realizar trabajo alguno.
Aunque por estos días la causa penal en la que se trata de indagar sobre las responsabilidades que confluyeron para desatar la tragedia más dolorosa que recuerde la ciudad entró en una obligada fase de quietud hasta tanto se resuelvan las recusaciones contra el juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, la fiscal Graciela Argüelles sigue proponiendo medidas.
Ahora, la representante del Ministerio Público solicitará hoy al juez que oficie a Litoral Gas para que informe para qué pidió la apertura de la vereda, cuáles eran los trabajos, si estos tenían que ver con la pérdida de gas detectada, que acompañe el informe del inspector que el 27 de julio hizo una evaluación y ordenó rehabilitar el servicio de gas (tras el trabajo de otro gasista, no el imputado Carlos García), qué instrucciones recibió ese empleado y de quien, y por qué la empresa dejó una marca de pintura amarilla en el lugar.
Además, Argüelles pretende que se explique si Calvillo Propiedades, administrador y bajo sospecha por omitir su deber de mantenimiento del edificio, realizó consultas previas ante Litoral Gas y qué se le indicó en la empresa de acuerdo a los procedimientos establecidos para esos casos.
Tras conocerse aspectos sensibles de la investigación, familiares de las víctimas del desastre se manifestaron en el espacio asignado a los lectores de La Capital on line.
Según pudo saber este diario de fuentes calificadas, Litoral Gas habría tramitado ante la Intendencia el pedido de "emergencia" para abrir la vereda porque detectó que la válvula de corte del suministro no se accionaba, frente a lo cual tenía previsto colocar otra en la vía pública. En tanto, la Municipalidad llevó ayer a Tribunales la documentación donde consta el trámite.
No obstante, la empresa desmintió que fuera así. "No hubo intención de instalar una válvula de corte del suministro", dijo el martes el gerente de Relaciones Institucionales de la concesionaria, José María González. Luego admitió que la firma sí avisó a la Municipalidad sobre una eventual rotura de la vereda, frente a la posibilidad de que hubiera una fuga externa al edificio, y marcó la acera para realizar el hipotético trabajo.
El representante de la firma aclaró que eso forma parte del protocolo. Dijo que previo a la tragedia, y tras un llamado por baja presión en el edificio, personal de la compañía fue al lugar y notó una fuga, activó la modalidad para acceder a la cañería externa y envió el pedido de apertura de la vereda por mail a la Municipalidad. Pero, según su versión, la fuga fue reparada por un gasista matriculado en el gabinete de la torre y no fue necesario acceder al suministro de la acera.
Igualmente, en la pesquisa sigue bajo análisis la conducta desplegada por los inspectores de Litoral Gas respecto del trabajo realizado entre el 25 y 27 de julio por el gasista que intervino en la instalación, que habría adaptado una pieza al regulador porque no consiguió la original.
Hasta el momento están imputados por estrago culposo agravado por las muertes el gasista Carlos Osvaldo García, su ayudante, Pablo Miño, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, de la inmobiliaria que administraba el condominio.
Planteos que traban. En virtud de las recusaciones contra Beltramone, la causa sufrió una lógica desaceleración respecto del impulso que tuvo en los primeros días.
Es que el magistrado, casi obligadamente y frente a la posibilidad de que se declaren nulas sus actuaciones, debe esperar la resolución de la Cámara Penal respecto de los pedidos de apartamiento que le hicieron tanto Litoral Gas como la defensa de los dueños de Calvillo Propiedades.
En ese sentido, la sala IV de la Cámara Penal abrió la etapa de pruebas que contempla el pedido de audios y videos a distintos medios de comunicación en los que, supuestamente, Beltramone preopinó acerca del rol que le cupo a alguno de los actores principales del siniestro, de acuerdo al argumento que esgrimieron para recusarlo.
Luego se convocará a una audiencia donde las partes expondrán su posición y, finalmente, el Tribunal de Alzada decidirá si hace lugar o no al planteo.
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