Corresponde a la gestión del ex intendente Decándido y es por un monto de más de 550 mil pesos. El pedido se hizo al Ministro de Trabajo, Julio Genesini. Desde 2011, el actual Intendente de Carcarañá, Ramón Soques, dijo que su administración viene “piloteando” la situación.
.La Capital |
Una deuda provisional de algo más de 550 mil pesos que la Caja de Pensiones y Jubilaciones le reclama al municipio de Carcarañá (que sigue en estado de emergencia económica y financiera), generó un pedido de "auxilio" del actual intendente de esa ciudad, Ramón Soques, quien solicitó una intervención al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, a los fines de dar una solución "beneficiosa".
El pedido fue hecho a través de una nota que fue dirigida al propio ministro Julio César Genesini. La idea de las autoridades de Carcarañá es obtener un plan de pagos "para no complicar aún más a las arcas municipales que ya están en estado delicado".
Soques explicó que la actual administración viene "piloteando" una situación de deuda importante desde que asumió en diciembre de 2011. El intendente dijo al funcionario provincial que recibió una comunicación de deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, de fecha 23 de julio de 2012, donde reclaman al municipio la suma de 256.484,45 pesos por aportes y contribuciones previsionales pendientes de cancelación que surgen de acta de Inspección, y que se trata del expediente 15120-0083111-9.
Le aclararon —además— que los saldos reclamados corresponden a las sumas no remunerativas que percibieron los funcionarios salientes, y debieron incluirse como conceptos remunerativos y sujeto a aportes y contribuciones previsionales. Funcionarios actuales del municipio de Carcarañá señalaron que se trata del ex intendente Mauro Decándido, el ex secretario de Hacienda, Marcelo Darío Serra, el ex secretario de Obras Públicas, Ricardo Guercetti y el ex secretario de la Producción. Gustavo Cesar Gauna. Explicaron además que el recalculo efectuado está acotado a los meses inspeccionados y corresponde al período comprendido entre octubre de 2010 y diciembre de 2011, inclusive.
Pero posteriormente en una entrevista mantenida con la Caja de Jubilaciones de la provincia les informaron sobre la existencia de otra deuda pendiente de regularizar de 294.029,15 pesos, que corresponde a 2010, (expediente 15120-0071186-0) por sumas no remunerativas liquidadas al personal de planta y que debieron estar sujeta a aportes y contribuciones. Los cálculos que hacían en esos cuatro casos, determinaban un aporte jubilatorio muy inferior al que debería ser, pero les aumentaba lo neto a cobrar.
Al Concejo. Ante esta situación, el municipio envió al Concejo el detalle completo de esta información con copia de la documentación por si es consultada por algún vecino interesado.
El Ejecutivo pidió al Concejo autorización para hacer un plan de cuotas con la Caja de Jubilaciones a descontar de la coparticipación provincial, para cancelar la deuda que deben pagar todos los contribuyentes pero que favoreció el bolsillo de cuatro ex funcionarios.
"La deuda se incrementa porque la misma operatoria de liquidación era practicada con empleados quienes se vieron muy perjudicados al momento de jubilarse porque lo hicieron habiendo aportado un monto muy inferior al que deberían y el cálculo de su jubilación también es inferior al que realmente les correspondería", dijo el intendente.
Soques recordó que el 22 de mayo presentó en los Tribunales de Cañada el resultado de una auditoría contable y también jurídica que dio como resultado algunas "irregularidades", entre otras las que ahora se reclama al municipio. En ese entonces se dijo como corolario de la auditoría que la deuda estaba en el orden de los 19 millones de pesos.
Emergencias.El intendente dijo además que en mayo de 2012 "frente a la deuda y las irregularidades detectadas" se resolvió dictar la emergencia social, económica y financiera, y acotó que ante esa coyuntura se priorizó el pago de los salarios a los trabajadores.
Dijo además que trabaja en la reestructuración administrativa, debido a que ve problemas para dar un buen servicio a la comunidad, y un enorme cúmulo de personas "atadas al sistema de manera clientelar". Afirmó que en tres meses la auditoría estará terminada en general, luego de lo que indique se tomarán otras medidas.
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