Lo hizo ante la Justicia federal el defensor de una de las personas detenidas en el predio donde en abril se incautaron 19 kilos de droga. De lo secuestrado en el operativo desapareció una bolsa negra.
La Capital |
La ausencia de una bolsa de nailon negro que había sido secuestrada en el operativo realizado por la policía rosarina en una chacra de Alvear el pasado 4 de abril sigue sumando dudas y acrecienta las sospechas sobre el accionar de los uniformados que llegaron al lugar buscando electrodomésticos robados. Si antes de la feria judicial de invierno la actividad policial había sido puesta bajo la lupa por la fiscal Lucía Aráoz, quien denunció ante el juzgado de Instrucción 14 la desaparición de la bolsa de nailon que aparecía en los registros fílmicos del allanamiento y pidió que se investigue quién y por qué se la llevó, esta semana surgieron más dudas y se aventuran más capítulos para el culebrón que sumó un nuevo pedido de nulidad.
Gabriela Martinetti, cuidadora de la chacra y una de las personas detenidas y procesadas por el hallazgo de 19 kilos de droga en el lugar, hizo la semana pasada una ampliación de su declaración ante el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna y denunció que los policías que participaron del operativo le sustrajeron "una pulsera de oro y moneda extranjera, concretamente billetes de euros que aparecieron filmados y después no figuraron en el acta de secuestro", según describió Marcos Cella, su abogado. Por eso pedirá la nulidad del operativo. "Todo fue harto irregular. Se robaron hasta los perros", dijo Cella en alusión a dos canes Golden Retriver.
Desprolijo. No fue la primera vez que el operativo en la narcochacra, tal el rótulo con el que la prensa bautizó el procedimiento, fue calificado de desprolijo o irregular por los distintos actores. "Es una de las peores actuaciones que he visto a nivel policial tal como quedó filmado. Hay irregularidades en lo que hace a un montón de aspectos del procedimiento", dijo el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini al programa "Feos, sucios y malos" que se emite por Radio Universidad Rosario (lunes de 21 a 23). El funcionario dijo: "Yo no puedo saber qué había en la bolsa que un policía levanta y luego desaparece porque nunca la vimos, pero que hay una bolsa que desapareció, desapareció".
"Por un lado uno veía y se preguntaba: ¿Cómo pueden cometer tantos errores en un procedimiento? Pero se daba cuenta de que no era de mala fe, porque había cosas que parecían infantiles. Por ejemplo, la falta de colocarse un guante para tomar un arma, una torpeza, con lo cual en esa arma tenemos las huellas de todos menos de quienes la utilizaron o la tuvieron. Por otro lado, y eso ha dado a la formación de una causa penal, vemos irregularidades que nos hacen entrar en lo delictual porque desaparecen cosas o bolsas que están cerradas y que se las ve en la filmación en un primer momento y después nunca más se las vuelve a ver", dijo Camporini.
En ese sentido, la fiscal Aráoz envió una copia de la filmación al Ministerio de Seguridad para que identifique al oficial de la policía que se llevó la bolsa luego de pronunciar con énfasis la palabra "¡Bingo!". La funcionaria dejó asentada la denuncia sobre lo ocurrido ante el juzgado de Instrucción 14 cuya magistrada, María Laura Sabatier, se encuentra en uso de licencia. En su presentación, la fiscal dijo: "Lo que se ve en el video es a un policía, secretario de uno de los jefes policiales presentes, que tiene en sus manos una bolsa negra tipo consorcio y que grita «bingo», para desaparecer luego de la casa de Diego Cuello", otro de los detenidos en el lugar y también procesado por narcotráfico.
Y a eso se le suma la declaración de Gabriela Martinetti. "Todo fue tan irregular que mi anterior abogado había pedido la nulidad del procedimiento ante el mismo juez, y ahora estamos evaluando también pedir la nulidad ante la Justicia Federal por motivos claros: son muchas las irregularidades que surgen de la propia filmación de la policía", indicó Cella al respecto. "En ese operativo se pudieron haber encontrado tantas cosas como las que pudieron haber plantado para implicar a mis clientes. El procedimiento no se llevó a cabo como correspondía, los testigos llegaron dos horas después de iniciado y eso es la irregularidad más grande que hay", explicó el abogado, quien además asiste a Diego Cuello.
Narcochacra. Así se llamó al predio allanado por la policía el mediodía del jueves 4 de abril. La historia oficial indicaba que los pesquisas llegaron hasta allí a partir de un robo a la empresa de electrodomésticos Calatayud, en San Martín al 2100. Para concretar el golpe los maleantes desactivaron tres sistemas de alarmas y lograron llevarse 70 mil pesos en efectivo de una caja fuerte y unos 350 mil pesos en mercadería. Con "un dato de calle", eufemismo policial para blanquear información de los buches, efectivos de la Agrupación Orden Público solicitaron órdenes de allanamiento al juez Juan Carlos Vienna, el mismo que investiga al clan Cantero en la megacausa por el crimen de Martín Fantasma Paz, y las cumplimentaron en un establecimiento situado en el límite entre Alvear y Villa Gobernador Gálvez.
El predio allanado consta de tres viviendas —en una vivía el dueño junto a su mujer—, cuatro galpones, un gallinero, una plataforma para vehículos de gran porte, dos galpones chicos para crianza de pollos y distintos corrales con ovejas y caballos. Todo rodeado por un campo de alrededor de 50 hectáreas sembradas con soja. Allí los policías decomisaron 12 kilos de marihuana, 7 de cocaína, un lote de armas de fuego de varios calibres, tres vehículos y unos 150 mil pesos en billetes de baja denominación, dato que podría tomarse como distintivos de la venta de droga a nivel minorista.
Dos expedientes. Al encontrarse droga, del operativo surgieron dos causas. Una por el secuestro de las armas, en manos del juez provincial Juan Carlos Vienna; y otra por los estupefacientes, que recayó en el juzgado Federal a cargo de Marcelo Bailaque, quien ya ordenó el procesamiento de cinco personas: Diego Fabián Cuello, de 36 años, quien figura como el dueño de la chacra; Facundo Sandoval, de 43; Gabriela Martinetti, de 28; José Ignacio Alvarez, de 38; y Carlos Rubén Ariola, de 36. El sexto detenido fue Miguel Angel Japo Saboldi, de 35 años, quien murió en un incendio intencional ocurrido el viernes 12 de abril en la alcaidía mayor de la Jefatura.
Así se llegó al jueves pasado cuando Gabriela Martinetti amplió su declaración ante el juez Vienna. "El procedimiento no se llevó a cabo como correspondía. Los testigos llegaron dos horas después, esa es la irregularidad más grande que hay, pero además a mi clienta le han robado hasta los perros. Además hay una bolsa negra que desapareció y de la que cual no sabemos su contenido. Es más, hay una filmación en la que aparece un uniformado con la bolsa en la mano que grita «¡bingo!» y se la lleva", explicó Cella.
"El dato de color es que mi clienta le dijo al juez en su ampliación de indagatoria que le habían robado hasta los perros, lo que generó algunas risas en el juzgado, pero lo lamentable es que es cierto", agregó. "Lo que dice mi defendida es que las drogas y las armas no estaban ahí y que se robaron todo de la casa. Ese fue su testimonio. Además dijo que hubo violencia y mucho maltrato por parte de la policía", concluyó.
Un reclamo que ya fue rechazado
El 18 de junio el juzgado de Instrucción 14, cuya titular, María Laura Sabatier, se encuentra de licencia, ya rechazó un pedido de nulidad del procedimiento. La solicitud fue realizada por la defensa de Diego Fabián Cuello, sindicado como un alfil de Los Monos en el sur del departamento Rosario. Pero desde el juzgado se le contestó que todo fue hecho con las formalidades de la ley y que, si bien pudo haber ciertas desprolijidades, todo lo que tiene que ver con el secuestro de armas se realizó ajustado a derecho. Habrá que esperar el planteo de nulidad formal ante la Justicia Federal para ver que criterio adopta el juez Marcelo Bailaque.
No hay comentarios:
Publicar un comentario