Fue con el objeto de buscar acuerdos para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y asegurar la escrituración de los lotes que fueron comercializados.
El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio se reunió hoy en la capital provincial con loteadores de Rafaela, con el objeto de buscar acuerdos para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y asegurar la escrituración de los lotes que fueron comercializados.
Del encuentro, llevado a cabo en la Secretaría de Medio Ambiente, participaron también el secretario de Medio Ambiente, Cesar Mackler; y los loteadores Luis Blasco, Roberto Faraudello, Guillermo Eguiazu y Horacio Astegiano, entre otros.
En la oportunidad, Ciancio indicó que “nuestro objetivo es llegar a los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y asegurar la escrituración de los lotes que ya han sido comercializados, sorteando los inconvenientes que han manifestado los vecinos que fueron compradores de esta oferta”, sostuvo.
Finalmente, el ministro manifestó que “seguiremos trabajando y, seguramente, la semana próxima nos volveremos a encontrar a fin de hallar las soluciones en el corto plazo”.
“Es importante la generación de los acuerdos que garanticen la adecuación a la normativa vigente –reiteró– pero, principalmente, que aseguren la calidad de vida de los vecinos de Rafaela que vivirán en estos espacios”, concluyó Ciancio.
Por su parte, Mackler señaló que “hoy ratificamos el acuerdo previo en relación al monto de inversión por lote que deben hacer los desarrolladores, aunque aún no se definieron los tiempos en los que se harán estos aportes”.
“Es muy importante que, tal como lo prevé la normativa vigente, se aseguren las inversiones necesarias para asegurar los servicios que establece el estudio de impacto ambiental”, añadió.
El crecimiento urbanístico de Rafaela tiene, por un lado, los proyectos que lleva adelante el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Estado del Hábitat, los cuales ya tienen presupuesto asignado y se planificaron para el año 2014-2015; y por el otro, los proyectos pertenecientes a inversores privados que, a la hora de prever los servicios esenciales, fueron incluidos en el proyecto integral de urbanización.
En este marco, desde el gobierno provincial se realizan las gestiones necesarias para que los inversores privados definan los tiempos de aporte de los fondos de obras, para no demorar el plan integral de urbanización de la ciudad.
CONTEXTO
Asimismo, Mackler destacó que “es importante poner en contexto el tema de las nuevas ubanizaciones en la provincia”, y agregó que “las primeras urbanizaciones se registran en la década del 90 con emprendimientos denominados «barrios cerrados», principalmente en el sur santafsino”.
Después de 2001 los nuevos emprendimientos paralizaron las obras debido al contexto económico del país. A partir de 2008 se registraron nuevos movimientos urbanizadores repartidos entre barrios cerrados y abiertos, advirtiéndose actualmente el fenómeno en todo el territorio provincial.
Cabe recordar que la gestión del Frente Progresista Cívico y Social tomo la decisión de regularizar los “emprendimientos urbanísticos” que mostraron un acelerado crecimiento.
En el marco de la ley 11.717 (sancionada en 1999, reglamentada en lo ateniente al estudio de impacto ambiental en 2003 y complementada en 2011 con la aprobación de la ley de Sanciones Nº 13.060) la Secretaría de Medio Ambiente exige el “estudio de impacto ambiental” a toda urbanización que lo amerite según el decreto 101.
El estudio de impacto ambiental es requisito fundamental para autorizar las nuevas urbanizaciones.
El mencionado estudio considera, entre otros puntos, la provisión de agua potable, cloacas, electricidad, gas, tratamiento de residuos, movilidad, impacto hídrico y recursos naturales.
RESPONSABILIDAD DE TODO FUNCIONARIO PÚBLICO
Finalmente, Mackler recordó que “el artículo 19 de la ley 11.717 indica que los funcionarios y agentes públicos responsables de la aprobación de una acción u obra, que afecte o sea susceptible de afectar el ambiente, están obligados a solicitar, con carácter previo, el informe de evaluación de impacto ambiental, aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente”.
En ese marco, no es necesariamente la provincia la primera que debe exigirlo, sino toda autoridad comunal y municipal, previamente a la habilitación de la obra. En ese sentido, es responsabilidad de todo funcionario público cumplir la normativa.
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