Fue la primera causa vinculada a Lázaro Báez que llegó a la Justicia. Los empleados de AFIP que descubrieron el caso fueron desplazados. Hallaron facturas truchas por $495 millones.
A metros de la villa Carlos Gardel, vive Víctor Caliva. Extraño lugar para un presunto millonario. Es el dueño, al menos en los papeles, de la constructora La Nueva Argentina. Ahí nadie lo conoce. Su empresa le facturó a la constructora Gotti más de 11 millones de pesos. Sus vecinos tampoco saben nada de la compañía.
María Claudia Bolla tiene 43 y asegura prestar servicios "de gestoría e información de créditos". Parece que le fue bien. Formó en dos años más de 130 sociedades anónimas pero a todas renunció el día después de haberlas creado. Bolla no admite formar parte de ninguna de esas sociedades. Sus empresas terminaron como sellos de goma.
Los casos de Caliva y Bolla se repiten en un listado de 130 empresas y personas al que accedió Infobae y que fueron usinas de facturas truchas para empresarios vinculados a la Casa Rosada.
"A los evasores, traje a rayas", sentenció Néstor Kirchner el día que asumió la presidencia. En esos días, la operatoria ya estaba en funciones. Para los especialistas, se trata la defraudación al Estado más grande de los últimos 20 años. Una estrategia financiera de estafa al fisco por casi 500 millones de pesos que se concretó entre 2001 y 2007, en manos de los contadores de Gotti S.A, la constructora que forma parte del pool de empresas de Lázaro Báez, las dueñas absolutas de la obra pública K. Fueron causas que quedaron impunes.
En 2007, la investigación explotó. El elefante era muy grande y el bazar muy chico. El equipo de investigaciones de la regional de la AFIP Comodoro Rivadavia presentó ante la Justicia un pormenorizado estudio. Según los sabuesos, Gotti había facturado 495 millones de pesos con facturación apócrifa de empresas fantasmas. Las facturas voladoras de la empresa santacruceña ya habían aparecido en la megacausa que derivó con el Caso Skanska, la constructora sueca que admitió ante la Justicia el uso de facturas truchas para el pago de sobreprecios. Gotti no fue la única que llegó a los Tribunales de Comodoro Py. A las constructoras Palma y Gancedo, también con vinculaciones con Báez, se les descubrieron operaciones con facturas truchas. Palma está comandada por Diego Palleros, hijo del traficante de armas del mismo nombre y cuñado de Lázaro. Ambos también crearon la constructora Badial.
Los cálculos son rotundos. De esos 495 millones facturados de manera apócrifa por Gotti, se desprende que hubo una evasión de 125 millones en IVA y otros 120 millones en ganancias. Los archivos en Comodoro Py quedaron cajoneados, luego de la implementación de la moratoria fiscal, que permitió, ente otras cosas, que la constructora santacruceña admita haber utilizado ese mecanismo de defraudación.
A finales de 2007, el entonces juez federal, Octavio Aráoz de Lamadrid (acusado de participar de un intento de soborno para la liberación de José Pedraza), libró un oficio a la AFIP preguntando si de la documentación aportada por la empresa Gotti, surgían más operaciones con facturación apócrifa.
En marzo-abril de 2008 la AFIP informó que sí, y por aproximadamente $ 400 millones, entre proveedores truchos confirmados y otros por investigar. Eso no quedó ahí. Además, la AFIP le informó al Juzgado Federal que un similar informe había sido presentado en junio de 2007, ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 3, a cargo del juez Rafael Caputo, en el marco de la causa nro. 1831/00 caratulada "Viazzo, Roberto Gustavo s/inf. Ley 24.769". Las pruebas aparecían por todos lados.
El juez Rafael Caputo conocía del tema. Desde hace tiempo, había recibido un mega requerimiento fiscal solicitando medidas de investigación en más de 100 empresas usuarias de facturas truchas. Una de ellas, Gotti S.A.
Las medidas de investigación se ejecutaron, hacia los meses de noviembre y diciembre de 2007, pero nada se hizo en relación a la empresa que más dinero recibió de las gobernaciones de Néstor Kirchner en concepto de obra pública. Aún pese a que la AFIP le había informado al juez Caputo en reiteradas oportunidades que se estaba ante un caso de múltiples evasiones tributarias agravadas, donde los impuestos evadidos, siguiendo las proyecciones realizadas por los investigadores de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI, superaban con creces el monto mínimo que fija la ley 24769 en su art 2º, de $1.000.000 por año e impuesto.
Las actuaciones de los jueces que tuvieron a cargo las causas de las empresas constructoras permitieron, en casi todos los casos, que los expedientes hagan la plancha. En 2009, Caputo fue anoticiado por la AFIP de que se le tramitaba otra causa en el Juzgado Federal Nº 9, de Octavio Aráoz de Lamadrid. Llegó la excusa perfecta. Pidió a su colega una certificación de tales actuaciones. Mediante un escueto escrito, Aráoz de Lamadrid afirmó que se investigaban facturas truchas por los años 2002 a 2007. Caputo aprovechó eso como argumento para detener las actuaciones del Penal Económico con relación a Gotti, a la espera de alguna resolución en el fuero federal, donde no se investigaba evasión tributaria, sino los contratos firmados por Gotti con el Estado.
Por la causa Gotti, fue imputado Fernando Butti, un joven y rápido contador que fue la mano derecha de Lázaro Báez durante muchos años. Butti fue quien firmó parte de los libros contables de Gotti, pero tuvo suerte de que no le soltaran la mano. Fue expulsado del entorno de Báez, cuando este descubrió operaciones irregulares que terminaban con saldo a favor de Butti, quien además estuvo, en 2006, a cargo de la operación de los 10 millones de dólares de Austral Construcciones que fueron confiscados por el Principado de Liechtenstein por sospechas de lavado de dinero.
La operatoria es compleja, pero simple en su ejecución. En el tráfico de facturas truchas, tanto quienes utilizan ese tipo de documentos, como quienes los proveen, suelen dejar rastros documentales de los detalles de las provisiones implicadas, las comisiones negociadas y la plata que retorna en efectivo. Para que una factura sea trucha, puede haber una falsedad en el sujeto emisor o también una falsedad en el objeto facturado: la prestación.
En ambos casos, la factura es trucha. En casi todos los casos, no son materialmente falsas, porque cumplen con todas las normas formales de facturación, pero son “ideológicamente falsas”.
Mediante los primeros allanamientos a Gotti, se detectaron cheques por 35 mil pesos pagados a la firma Invernes (ver nota relacionada), la empresa vinculada a Austral Construcciones que se transformó en la controlante de Gotti y que en su directorio tiene Guido Blondeau, uno de los fundadores de Austral. Prueba clara de que Gotti integra el holding de empresas de Lázaro Báez. Entre los 120 proveedores de facturas truchas aparece el propio Báez, según información judicial a la que accedió Infobae. Es decir,él mismo facturó a Gotti como persona física, servicios que en realidad nunca fueron prestados.
Aráoz de Lamadrid solicitó un peritaje sobre las cuentas de Gotti que contradijo lo actuado por los funcionarios de la AFIP, desplazados de su cargo por investigar al poder pingüino. La pericia determinó, de manera sorpresiva, que la totalidad de las facturas (simuladas e inexistentes) por prestaciones de servicios o suministros de materiales facturados emitidas por una centena de proveedores truchos, a favor de Gotti SA, entre los años 2002 y 2007,correspondían a servicios “efectivamente prestados”, vinculadas con las obras efectivamente realizadas y ejecutadas para los estados provinciales y nacionales. Gotti sostuvo que sus proveedores “no tenían facturas” y por eso se utilizó esa operatoria.
En agosto de 2009, Gotti se acogió a la moratoria fiscal, su situación penal fue suspendida hasta julio de 2012. Pese a eso, no se pudo revertir el ajuste en IVA. El crédito fiscal documentado mediante facturas truchas, aún para el caso de que se vincule con una prestación real, igualmente es impugnable por parte de la DGI. El 31/08/2009, el último día del plazo que fijaba la ley de moratoria 26476, Gotti regularizó solamente 75 millones, cuando la evasión documentada por la AFIP superaba los 400 millones. Sin embargo, no regularizaron lo más importante: Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas.
En diciembre de 2012, la empresa de Báez notificó a la Justicia del pago total, contado, de la moratoria y pide la finalización de las causas penales. Ese día, el abogado Pablo Medrano, mismo letrado que defendió a la constructora Palma, a Gotti y a Fernando Butti, brindó con champagne y recordó los tiempos en los que defendió a otro peso pesado: Alfredo Yabrán.
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