STA FE: El Partido Justicialista cuestionó el nuevo método para seleccionar a los jueces

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia aplicará un sistema que abre un espacio de mayor “discrecionalidad política” para elegir a los magistrados, fiscales y defensores. “El proceso de selección de jueces retrocede en la autolimitación del gobernador y violenta el programa de gobierno y promesa de campaña propuesto por el socialismo”, dijeron los diputados Mario Lacava, Roberto Mirabella y María Eugenia Bielsa.

En diciembre, el gobierno provincial decidió modificar –por decreto– el procedimiento de selección de fiscales, defensores y jueces del nuevo sistema de Justicia penal. La determinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se fundó en la necesidad de abrir un espacio de mayor “discrecionalidad” política para que la oposición (con mayoría parlamentaria) pueda influir en la decisión del gobernador respecto a qué concursante candidatear para los distintos cargos, y así evitar el rechazo masivo de pliegos.

Sin embargo, no todo el peronismo quedó conforme con la decisión y entendieron el cambio como una forma más de viciar los concursos por parte del oficialismo. “El proceso de selección de jueces retrocede en la autolimitación del gobernador y violenta el programa de gobierno y promesa de campaña propuesto por el socialismo”, dijeron los diputados Mario Lacava, Roberto Mirabella y María Eugenia Bielsa.

En el esquema que se desechó, y con el cual ya fueron incorporados fiscales, defensores y otros funcionarios para la nueva Justicia penal, el mandatario santafesino remitía el pliego del concursante que obtenía más puntos durante la evaluación, pero el PJ igual lo cuestionaba porque entre los antecedentes sumaban más mérito los cursos y la capacitación que la experiencia y los años de profesión.

Hay que recordar que desde la llegada de Hermes Binner y el FPCyS a la Casa Gris está vigente un decreto a través del cual el gobernador de turno ya no elige a dedo a los postulantes a jueces, tal como ocurrió durante las gestiones anteriores, sino que se autolimita y deja en manos de los concursos la selección de los funcionarios. En general, el que más puntos conseguía ganaba el derecho de quedarse con el cargo, siempre y cuando la Legislatura apruebe el pliego correspondiente.

Ese orden de mérito no se respetó en sólo dos oportunidades donde las entrevistas personales a los postulantes con mejor perfil técnico no conformó a los jurados, ya que tuvieron respuestas controvertidas sobre los derechos humanos. Así y todo, en noviembre de 2012 el justicialismo advirtió a Juan Lewis que iba a rechazar los pliegos de 16 candidatos a fiscales y defensores para Rosario, por entender que faltó negociación política.

Fue entonces que se firmó el Decreto Nº 3.904/12, a partir del cual los candidatos primero deberán alcanzar “un cierto nivel de calidad en su examen para ser elegibles” y los que obtengan las tres mejores notas pasarán a conformar una terna, de allí el gobernador definirá el nombre del candidato a juez de primera o segunda instancia, fiscal o defensor que enviará a la Legislatura para su aprobación.

De esa manera, se permitirá que la oposición pueda opinar sobre la calidad de algunos de los candidatos apenas concluidos los concursos y así condicionar o sopesar su criterio político (o técnico) sobre la decisión que tomará el mandatario. O sea, el titular del Ejecutivo no estará compelido a mandar siempre el pliego del postulante que resultó primero en los concursos.

Reclaman la autolimitación
“Desde el momento que el Poder Ejecutivo retiró de la Legislatura los pliegos proponiendo el nombramiento de fiscales y defensores en noviembre del año pasado, jamás fuimos invitados a ninguna reunión por parte del ministro Juan Lewis para evaluar cambios en el sistema de selección de jueces, ni para analizar las evaluaciones de los fiscales y defensores cuestionados por el justicialismo”, se quejaron Lacava, Bielsa y Mirabella.

Por lo pronto, recordaron que ellos mantuvieron reuniones con las comisiones directivas de los Colegios de Magistrados y de los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario y con autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, en las que “se conversó y coincidió en la necesidad institucionalizar el Consejo de la Magistratura y de transparentar el proceso de selección para garantizar mejores funcionarios judiciales e igualdad de oportunidad para todos aquellos que quisieran concursar”.

“Como resultado de estos encuentros elaboramos una propuesta que presentamos por nota al gobernador Antonio Bonfatti el día 17 de diciembre, que no obtuvo respuesta ni fue tenida en cuenta para nada por el gobierno en la elaboración del Decreto 3.904/12”, añadieron los legisladores del PJ.

“Dicho decreto –continuaron– es más de lo mismo. No institucionaliza el Consejo de la Magistratura integrado por magistrados, abogados, académicos y otros sectores del quehacer judicial, tal como se lo pedíamos, para que sea un verdadero y plural Consejo de la Magistratura. Tampoco modifica sustancialmente el sistema de puntaje con lo cual se sigue privilegiando la formación académica teórica del postulante por sobre su experiencia profesional o funcional”.

Para Mario Lacava, María Eugenia Bielsa y Roberto Mirabella la derogación del sistema anterior es una confesión de lo negativo que era. Pero además, creen que el nuevo decreto “agrava” el procedimiento por “otorgar al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad en la designación de funcionarios judiciales ya que el jurado examinador no podrá establecer un orden de mérito entre los concursantes, limitando su facultad a aprobar o desaprobar al examinado”, según entendieron.

“Esto implica a todas luces un retroceso importante que violenta uno de los puntos más importantes del programa de gobierno que el socialismo le propuso a los santafesinos, como es la proclamada autolimitación del gobernador en la designación de jueces y funcionarios judiciales. Atrás quedaron el compromiso asumido con los santafesinos y las declaraciones del doctor Lewis acerca de defender el sistema y el mecanismo, no los nombres que surgen. A partir de este decreto los nombres los elegirá el gobernador”, concluyeron Lacava (que fue juez comunal elegido a dedo por Jorge Obeid), Bielsa (que convalidó decenas de polémicas designaciones en la Justicia cuando fue vicegobernadora) y Mirabella.