Señalan que no recibir respuesta inmediata contribuye a la pérdida de pruebas necesarias "para poder avanzar en la investigación contra las organizaciones de narcotráfico que asolan a nuestra ciudad".
Los fiscales federales que conectaron distintas causas penales relacionadas con el narcotráfico en Rosario, con la aspiración de detectar lógicas y nombres recurrentes a fin de esclarecerlas, cuestionaron en duros términos a un juez federal que les negó medidas procesales requeridas y desconoció atribuciones para investigar de ese modo.
En un escrito de inusual dureza, y en tiempos de polémica política sobre el narcotráfico en la ciudad, los fiscales reivindican su autonomía para entrelazar esos expedientes, acción que ubican como el único modo de avanzar con eficacia en la persecución de los estamentos superiores de la criminalidad organizada, cuyos movimientos dejan como rastro la creciente violencia desplegada en Rosario. Y le enrostran al juez que su acción juega a favor de la lentitud, la burocratización y el desprestigio de la Justicia.
Tras rechazar lo dicho por el magistrado, los fiscales elevaron un pedido de "pronto despacho" para que les concedan con urgencia las medidas investigativas que requieren. Señalan que no recibir respuesta inmediata contribuye a la pérdida de pruebas necesarias "para poder avanzar en la investigación contra las organizaciones de narcotráfico que asolan a nuestra ciudad".
Frente a este reclamo, el juez finalmente autorizó el viernes las medidas requeridas, pero manteniendo el criterio de que los fiscales no pueden, por las suyas, investigar de esa manera.
El contrapunto sobreviene en un momento en el cual se instalan en la esfera social las responsabilidades del Poder Judicial, tanto federal como provincial, por la morosidad o incapacidad de definir criterios de persecución a un tipo de delincuencia que, con sus cruentas formas de avance, produce una inédita perturbación del orden público y un serio factor de inestabilidad política.
Sorpresa
Los fiscales federales subrogantes Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari reaccionaron "con sorpresa" ante una resolución del juez federal Marcelo Bailaque. Este había rechazado la decisión de otro fiscal, Marcelo Degiovani, de acumular diversos expedientes vinculados al tráfico de drogas por "conexidad objetiva y subjetiva", es decir, porque en ellos se repetían acciones criminales y nombres de presuntos ejecutores.
Bailaque entendió que enlazar esas investigaciones era algo "no apto" porque, a su criterio, sólo un juez puede disponer tal cosa. Eso impulsó la respuesta de los fiscales, que expresa aspectos de un debate público, generalizado y crítico sobre el rol de la Justicia penal.
"Pareciera que V.S. (vuestra señoría) no toma cabal dimensión de la problemática insistente en nuestra provincia y particularmente en esta ciudad de Rosario acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalización del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del Estado", dicen los fiscales al juez.
Le desconocen al magistrado la pretensión de diseñar las estrategias de investigación de los fiscales, "beneficiando con ello la constante fragmentación de las mismas con imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada".
En el texto de los fiscales Murray y Reynares hay varias líneas de argumentos. La primera es que el juez rechaza las medidas pedidas a partir de la acumulación de expedientes con una categoría procesal "no aptos" que es para ellos inexistente dentro de la ley o la doctrina.
La segunda es que con ello desconoce la autonomía del Ministerio Público (fiscalías) para encaminar las investigaciones en base a criterios propios que las normas procesales les reconocen.
Otro reproche al juez es de índole funcional. Murray y Reynares sostienen que a la vez que les niegan la potestad de trazar estrategias de investigación criminal, los dos juzgados penales de la ciudad renuncian sistemáticamente a investigar, trasladando este cometido a los fiscales. Lo consideran un contrasentido.
Criterios
¿Por qué se produce esta colisión? Porque los fiscales necesitan, para sus investigaciones, medidas del juez. Sólo estos pueden adoptar decisiones que implican suspender momentáneamente derechos y garantías, como puede ser una requisa domiciliaria, la escucha a un teléfono o una detención.
Por eso le espetan al juez que no puede tomarse de un código procesal vetusto para reivindicar que solo el tribunal puede decidir acumular expedientes con hilos comunes. Hacer eso, sostienen, "significa atrasar las agujas del reloj a favor de la lentitud, ineficacia y burocratización del servicio de justicia".
"El sistema de justicia debe ser una instancia de la solución y no parte del problema", sostienen. "Sino seguiremos abonando el pensamiento existente en el hombre común de que la corrupción también ha corroído a la agencia judicial".
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