Ahora, el reclamo por tierras es de 70 familias. Este martes desistieron de levantar ranchos en un espacio público pero se trasladaron 50 metros, a un terreno de grandes dimensiones que también es propiedad del municipio. Los funcionarios municipales esperan que la Justicia dicte una orden de desalojo.
“Esta misma tarde vamos a empezar a armar los ranchos, pero en este lugar que está más próximo al mercado concentrador. Esperamos durante cinco días una respuesta de la Municipalidad, que nos favoreciera, y como eso no ocurrió no vamos a esperar más tiempo. Hoy comenzaremos a clavar chapas y postes para armar nuestras viviendas”, manifestó Miguel Palacios, el vecino de La Nueva Tablada designado como vocero, en la recorrida realizada por El Litoral esta mañana.
El conflicto en este barrio del noroeste de la ciudad vinculado a la posesión de tierras se agravó. Lo que ayer se limitaba a un intento de usurpación de un espacio público por parte de unas 20 familias, hoy se trataba de la ocupación de un predio lindante pero de unas 70 familias —a las primeras, se agregaron 50 que también aducen la necesidad de una porción de tierra donde levantar un rancho—.
De la misma manera que en el primer intento, los vecinos procedieron a dividir el terreno, “a ojo” y sin ningún tipo de criterio, en 70 parcelas. Según Miguel Palacios, “ya no quedan más lotes disponibles”.
Sobre la titularidad de esas tierras, Juan Ramos, otro vecino que aseguró conocer bien la historia del barrio, dijo: “Son municipales. En la gestión de Martín Balbarrey, la Municipalidad hizo un arreglo con el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras por el cual, en el marco de una deuda económica, le cedió estos terrenos, incluido el predio donde después se construyó el polideportivo”.
La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Adriana Molina, confirmó que la tierra elegida en esta oportunidad es propiedad del municipio. También dijo que la decisión sigue siendo la misma: “Como no avalamos las ocupaciones ilegítimas, no podemos hacer otra cosa más que seguir el camino de la justicia. Estamos abiertos al diálogo, porque puede haber alguna situación de extrema necesidad, pero siempre y cuando la gente haga el camino correspondiente, que no es el que están haciendo”.
Frente al agravamiento de la situación con respecto a ayer, la funcionaria refirió que hablarían con la fiscal de la causa para saber “qué determinación tomará el juez”. Ello en el marco de la denuncia judicial radicada en la víspera. “Lo que buscamos con la denuncia judicial es que se ordene un desalojo, ya que hasta que ello no ocurra la policía no puede sacar todo lo clavado y demarcado en tierras que son de la Municipalidad”, manifestó Adriana Molina.
Antecedentes
El fin de semana, veinte familias del barrio subdividieron en 20 parcelas la única manzana libre del barrio, que está destinada a un espacio público y que está ubicada detrás del polideportivo emplazado sobre avenida Teniente Loza al 6700.
La Municipalidad, ni bien se enteró de la acción, concurrió al lugar para impedir que comiencen a levantarse construcciones de chapa y advertirles la prohibición de hacerlo. Con presencia policial de por medio, los vecinos desistieron y decidieron aguardar una respuesta de la Municipalidad, que radicó una denuncia judicial por “ocupación ilegítima de tierras”.
“Nuestro reclamo es por tierras. En una casa vivimos tres o cuatro familias, todas numerosas, y vivir de agregado no es lindo. A diferencia de otra gente que pide por viviendas ya construidas nosotros reclamamos por tierras que no tienen ninguna utilidad y donde nosotros podríamos levantar ranchos”, dijo Miguel Palacios ayer.
El conflicto en este barrio del noroeste de la ciudad vinculado a la posesión de tierras se agravó. Lo que ayer se limitaba a un intento de usurpación de un espacio público por parte de unas 20 familias, hoy se trataba de la ocupación de un predio lindante pero de unas 70 familias —a las primeras, se agregaron 50 que también aducen la necesidad de una porción de tierra donde levantar un rancho—.
De la misma manera que en el primer intento, los vecinos procedieron a dividir el terreno, “a ojo” y sin ningún tipo de criterio, en 70 parcelas. Según Miguel Palacios, “ya no quedan más lotes disponibles”.
Sobre la titularidad de esas tierras, Juan Ramos, otro vecino que aseguró conocer bien la historia del barrio, dijo: “Son municipales. En la gestión de Martín Balbarrey, la Municipalidad hizo un arreglo con el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras por el cual, en el marco de una deuda económica, le cedió estos terrenos, incluido el predio donde después se construyó el polideportivo”.
La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Adriana Molina, confirmó que la tierra elegida en esta oportunidad es propiedad del municipio. También dijo que la decisión sigue siendo la misma: “Como no avalamos las ocupaciones ilegítimas, no podemos hacer otra cosa más que seguir el camino de la justicia. Estamos abiertos al diálogo, porque puede haber alguna situación de extrema necesidad, pero siempre y cuando la gente haga el camino correspondiente, que no es el que están haciendo”.
Frente al agravamiento de la situación con respecto a ayer, la funcionaria refirió que hablarían con la fiscal de la causa para saber “qué determinación tomará el juez”. Ello en el marco de la denuncia judicial radicada en la víspera. “Lo que buscamos con la denuncia judicial es que se ordene un desalojo, ya que hasta que ello no ocurra la policía no puede sacar todo lo clavado y demarcado en tierras que son de la Municipalidad”, manifestó Adriana Molina.
Antecedentes
El fin de semana, veinte familias del barrio subdividieron en 20 parcelas la única manzana libre del barrio, que está destinada a un espacio público y que está ubicada detrás del polideportivo emplazado sobre avenida Teniente Loza al 6700.
La Municipalidad, ni bien se enteró de la acción, concurrió al lugar para impedir que comiencen a levantarse construcciones de chapa y advertirles la prohibición de hacerlo. Con presencia policial de por medio, los vecinos desistieron y decidieron aguardar una respuesta de la Municipalidad, que radicó una denuncia judicial por “ocupación ilegítima de tierras”.
“Nuestro reclamo es por tierras. En una casa vivimos tres o cuatro familias, todas numerosas, y vivir de agregado no es lindo. A diferencia de otra gente que pide por viviendas ya construidas nosotros reclamamos por tierras que no tienen ninguna utilidad y donde nosotros podríamos levantar ranchos”, dijo Miguel Palacios ayer.
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