Hoy se le tomó juramento a Jorge Alberto Barraguirre como nuevo Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia.El abogado santafesino y ex fiscal de Estado del gobierno de Hermes Binner, Jorge Barraguirre asumió como procurador general, un cargo que estaba vacante desde el fallecimiento de su anterior titular, Agustín Bassó, en marzo pasado y que –en el contexto actual, con la implementación de la reforma procesal penal cocinándose a fuego lento– presenta desafíos híbridos para el letrado.
Es que por un lado, Barraguirre iniciará su gestión cumpliendo las atribuciones que, si bien no están definidas en la Constitución Provincial de 1962, fueron diagramadas por leyes posteriores: dictaminar en los recursos de inconstitucionalidad, en los de revisión y en las causas contencioso administrativas (esta función no es vinculante para los ministros de la Corte, pero fija un parámetro jurídico a seguir). Además, debe intervenir en los asuntos de gobierno de la Corte Suprema y proponer la aplicación de sanciones disciplinarias contra magistrados y personal del Poder Judicial, entre otras atribuciones.
Pero también, Barraguirre deberá allanar el terreno para los cambios que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación Nº 13.013, que hace una división tajante entre las funciones del Ministerio Publico de la Acusación (que deja de ser encabezado por el procurador general y pasa a ser dirigido por un fiscal general, cargo que actualmente ocupa Julio De Olazábal) y el Ministerio Público de la Defensa, que está en manos de Gabriel Ganón. Si bien estos cambios fueron muy cuestionados por Bassó, para quien representaban una pérdida de atribuciones, Barraguirre tiene una mirada optimista sobre la efectividad de las modificaciones en la estructura del Poder Judicial y desestimó que sea necesaria una reforma constitucional para que los órganos tengan la autonomía planteada por los legisladores.
“La Legislatura ya ha producido derogaciones implícitas sobre las competencias de la Procuración, en todo caso, ahora deberá readaptar el texto normativo donde están estas funciones. Más allá de replantear en algún momento si la política legislativa –de encapsular el antiguo sistema en un sistema de gestión de conclusión de causas– es la manera más adecuada pronta y efectiva de producir esa reforma procesal penal”, expresó Barraguirre. “Digo esto –continuó– porque es un poco la idea que se está planteando por estos días. Si no llega el día D, en el cual el Poder Ejecutivo pueda sostener que, a partir de ese día la reforma se implementa, hay algunos otros planes que son opciones, y que han sido planteadas precisamente por los titulares del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa”.
Con voluntad política
—¿Que lo conmueve a un hombre que está litigando a nivel internacional, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para volver a la gestión pública?
—El Ciadi representa una combinación virtuosa: defiende al Estado, es también una militancia antiglobalizadora, que tiene que ver con evitar las uniformidades en materia de derechos y que no son más que imposiciones por parte de los autores relevantes. Y además, significa no estar trabajando con el sueldo de la Procuración del Tesoro sino contratado por un Estado y en vías de ser contratado por otro. Sin embargo, hay ciertos momentos que son convocantes y éste es uno de ellos: en el cual el desafío se presenta en convertirse en un agente catalizador del cambio. “Respecto de la reforma que se está haciendo en la Justicia provincial existe voluntad política. Lo que está faltando es catalizar esa voluntad política y tratar de acumular fuerzas.
Falta consensuar visiones sobre determinados proceso, sobre la velocidad que tiene que tener. Es decir, la dirección de la transformación está clara y está establecida, falta ajustar la letra chica. Pienso que ése puede ser mi aporte ante esta convocatoria al servicio público. Y tiene que ver con que sin estar dentro de las competencias de la Procuración, se puede colaborar en lograr un consenso sobre cuál es la visión que tiene que tener hoy la sociedad en materia de administración de Justicia”.
—¿Qué balance histórico se puede hacer de las medidas implementadas en la administración de Justicia en la provincia?
—Acá siempre ha habido una estrategia de legitimarse a través de mejorar la racionalidad tecnoburocrática. Y yo creo que esto, a la larga, es una estrategia incompleta.
El caso que yo digo –lo tomo también como una autocrítica– es cuando Alfonsín nos convoca entre 1993 y 1994 para participar de la reforma constitucional. En aquel momento, creíamos que mejorando los procesos de designación de los magistrados automáticamente iban a producir mejores fallos. Y casi 20 años después vemos que ésa es sólo una parte de la estrategia de mejora de un subsistema de gobierno social.
“En este sentido, creo que es importante tratar de inyectar más participación, más transparencia, más visibilidad sobre los procesos de toma de decisiones. Éstos son puntos que me interesan, más allá de que éstas no sean las competencias propias de la Procuración. Éste es un órgano que va a ser eviscerado de las competencias más visibles y ahora tiene la oportunidad de concentrarse en otras. Una reforma judicial no puede estar concentrada en la reforma de un subsistema, por más importante que sea ese subsistema como es el penal: quedan las cuestiones civiles, de familia, laborales, comerciales que también deben ser resueltas”. Antecedentes Jorge Alberto Barraguirre es abogado, en 1988 egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En 1994 participó como asesor de la Convención Nacional Constituyente. Años después, en 2003, realizó una Maestría en Leyes en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Entre octubre de 2004 y febrero de 2006 fue asesor letrado y coordinador del Área de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En el ámbito público, durante la gestión del primer gobierno socialista, de Hermes Binner, se desempeñó como fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe. Ejerció como abogado en el ámbito privado con especial dedicación al derecho público entre los años 1988 y 2012, con excepción del período en el que se desempeñó como fiscal de Estado.
Actualmente, se dedica también al arbitraje internacional de inversiones representando a la República Bolivariana de Venezuela en el marco del convenio Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Como docente e investigador, el doctor Barraguirre ejerce la docencia en carreras de grado y posgrado en distintas universidades del país, entre las que se encuentran la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad de Palermo (UP), la Universidad de San Andrés (UdeSA) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Además, se desempeña como asociado y director de distintos proyectos de investigación y tesis de maestría y doctorado, y ha publicado numerosos artículos de su especialidad.
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