El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, firmó un convenio de colaboración con la Ministra de Justicia de Salta, María Inés Diez, con el objetivo de establecer canales de intercambio de conocimientos y experiencias de interés común, que permitan optimizar la gestión de ambos ministerios en el marco de los nuevos métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos, con especial interés en el campo de la mediación y la facilitación en conflictos públicos, mediación penal y mediación comunitaria.
En el marco del acuerdo, la cartera de Justicia y Derechos Humanos santafesina, a través de la Dirección Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales, se comprometió a transferir al Ministerio de Justicia de Salta la experiencia adquirida en el campo de la mediación prejudicial civil y comercial y la mediación penal, con especial referencia a la actividad desarrollada por las Oficinas de Mediación Penal, cuyo funcionamiento se desarrolla en los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) de la provincia, como así también las experiencias en facilitación en conflictos públicos.
“El intercambio surge del interés de la provincia de Salta por conocer qué se está realizando en la provincia de Santa Fe, y también a partir de nuestro interés por conocer cómo se está desarrollando el sistema en esa provincia”, señaló Lewis, al tiempo que destacó “la voluntad de los dos ministerios de enriquecer y profundizar lo realizado y mantener un contacto permanente”.
Además del ministro, participaron de la firma del convenio la directora provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales, Eleonora Avilés; el secretario de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de Salta, César Rodríguez Galíndez, y la secretaria de Justicia de esa provincia, Gabriela Grimoldi.
El convenio dispone asimismo que la cartera salteña transferirá al gobierno santafesino la experiencia adquirida en virtud de la práctica y puesta en marcha de los Centros Comunitarios de Mediación.
DESJUDICIALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los métodos no adversariales de administración y solución de controversias favorecen la pacificación social y enaltecen el protagonismo de las partes, en franco reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de los derechos de la ciudadanía. Además, permiten descongestionar los Tribunales y les dan a las partes respuestas más satisfactorias.
La implementación de estos métodos es fundamental en un contexto de significativo aumento de los conflictos interpersonales, que tienen su origen, entre otros factores, en la complejidad y exigencias de la vida actual, en el incremento de los niveles de violencia y en distintas formas de discriminación. Estos conflictos, en su gran mayoría, no encuentran una solución acorde a los intereses en juego, o bien reconocen como única opción la vía judicial. Sin embargo, la excesiva judicialización de las controversias muchas veces no logra la satisfacción de las reales necesidades e intereses de las personas involucradas.
En la provincia de Santa Fe, la mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial, establecida por la Ley 13151, se implementa por primera vez (comenzó a regir en noviembre de 2011). El sistema tiene dos características que lo distinguen del resto de las legislaciones (nacional y provinciales): su organización en la órbita del Poder Ejecutivo (concretamente en la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales) y la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a todo el procedimiento. Es decir, que se utiliza el soporte informático para actuaciones significativas -presentación del requerimiento, sorteo del mediador, notificaciones en general, entre otras- lo que le da mayor agilidad, economía y eficiencia al sistema.
El pilar del sistema es la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM), que tiene tres oficinas: Oficina de Registro de mediadores y co-mediadores, Oficina de Gestión y Oficina de Protocolización de acuerdos y Registro de actas. Estas agencias se replicarán en las cinco circunscripciones de la provincia (Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto), y son las que se encargan de registrar y sortear a los mediadores que actuarán en los casos que correspondan.
En tanto Santa Fe también es pionera en materia de mediación penal, un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales. Su función es intentar que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral, experto en la materia, quien los acerca facilitando el diálogo.
La mediación penal está dirigida a todas aquellas personas que voluntariamente deseen solucionar un conflicto en forma activa y personal, sin la intervención directa del sistema judicial tradicional.
Las Oficinas de mediación penal funcionan en los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) habilitados en la provincia, que actualmente son cinco.
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