En la última semana antes de cerrar el período ordinario de sesiones, el PJ busca aprobar varios proyectos vinculados con la temática. El presupuesto y el endeudamiento pasarán para diciembre.
Disconformes con las explicaciones que dio en la interpelación el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, los diputados justicialistas intentarán avanzar esta semana en la aprobación de varios proyectos vinculados con la temática. Gran parte de los esfuerzos de la oposición se centraron en buscar responsables –en menor medida soluciones– por el escándalo del caso Tognoli, con lo cual importantes iniciativas quedaron relegadas.
Esta semana vence el período ordinario de sesiones y desde diciembre hasta el 1 de mayo sólo podrán ser tratados los proyectos que el Poder Ejecutivo habilite, tal el mandato constitucional que así lo faculta. Por ese motivo, el peronismo quiere legislar entre miércoles y viernes en ambas cámaras para acelerar aquellos temas que están pendientes y tienen alto voltaje político. Antes, deberá sortear sus propias internas y diferencias para determinar qué propuestas llegan al recinto.
Por caso, la Asamblea Legislativa de mañana tendrá que definir cuántos pliegos de defensores y fiscales –de los 16 en estudio– son aprobados. Una parte de la oposición asumió como criterio político no levantar la mano por aquellos candidatos que participaron de las gestiones del Frente Progresista en cargos ejecutivo, aunque conversaciones informales dejaron abierta la negociación con el oficialismo, que espera una determinación favorable.
En ese gran contexto general, la Cámara baja intentará dar media sanción al proyecto del Movimiento Evita-PJ para crear la Policía Judicial, dependiente orgánica y funcionalmente del fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal. El texto contrasta con el anuncio del gobierno, que pretende tener –también– una unidad especial de investigaciones pero dependiente del procurador de la Corte, que en diciembre será Jorge Barraguirre.
Dicho sea de paso, los diputados kirchneristas Eduardo Toniolli, Gerardo Rico y Leandro Busatto también intentarán conseguir que el resto del peronismo apruebe una muy importante modificación a la Ley Nº 10.160, Orgánica del Poder Judicial. Con ello, se quiere limitar las competencias del Procurador General para que tanto el fiscal general como el defensor público provincial tengan más autonomía funcional. Si así fuera, la figura de Barraguirre sería un elemento decorativo dentro de la Justicia.
Otro asunto sobre el que se podría avanzar es la regulación de servicios de vigilancia, empresas de seguridad, servicios de custodia de bienes y personas en todo el territorio santafesino, incluso con aportes de legisladores del Frente Progresista. A ello hay que sumar la iniciativa para sancionar la creación del Sistema de Denuncias Anónimas, denominado “Buzón de la Vida”, y así recepcionar aquellas relacionadas al tráfico de estupefacientes y la trata de personas. La semana pasada, de hecho, el Ministerio de Seguridad implementó un buzón con esas características en la localidad de Fuentes.
También, figura en la agenda del PJ la aprobación de un nuevo régimen para elegir a los jefes y subjefes de cada una de las Unidades Regionales, a los comisarios de Seccionales y a los de Distrito. La idea es que todas esas designaciones estén a cargo del Poder Ejecutivo y no que queden libradas a propuestas de la propia policía. Con esta iniciativa se busca limitar aspectos discrecionales de funcionamiento institucional que tiene la fuerza.
Sin demasiado consenso dentro del propio justicialismo, hay algunos sectores que quieren aprobar el proyecto de Resolución para poner en marcha dentro de Diputados una comisión Especial Investigadora, a partir de la detención de Hugo Tognoli, para analizar e investigar todos los hechos de corrupción policial y delitos conexos. Ese tema se diluyó después de la interpelación, pero aún nadie lo descarta del todo. Ni opositores ni oficialistas, que resisten el embate político.
Esperan su turno
En la Cámara de Diputados existe mucha presión de comerciantes y empresarios para que se apruebe el plan de regularización impositiva –una especie de moratoria– que ya votó el Senado hace un par de meses. Los privados defienden la iniciativa porque consideran que es compensación por la mayor presión fiscal que les significó la reforma tributaria. Los legisladores analizan si votar el texto no sería premiar a los incumplidores y el tema divide opiniones en todos los bloques.
También figura entre los probables proyectos a tratar la creación del Ente de Control de los Servicios Públicos (Ecosep), que presentó el obeidista Mario Lacava. El asunto cobra vitalidad cada vez que llega el verano, y con él, los cortes de luz y la baja en la presión de agua potable. La oposición quiere aprovechar, entonces, la coyuntura para dar media sanción a la constitución de un gran órgano contralor en la provincia.
Por su parte, en el Senado la relación entre el FPCyS y el PJ atraviesa un momento menos complicado que en la Cámara baja. De todas formas, el proyecto de Presupuesto 2013 pasará a ser un tema de las sesiones extraordinarias porque no avanzó ni un céntimo. Lo mismo ocurre con el mensaje del Ejecutivo a través del cual se pide autorización a la Legislatura para tomar endeudamiento por 500 millones de dólares para hacer obras públicas.
Sobre ese tema hay un sector del PJ que, incluso, quiere aumentar el monto estipulado en el proyecto original porque consideran que Santa Fe tiene una mayor capacidad de repago. La incógnita de la oposición es cómo se distribuirá toda la infraestructura a lo largo y ancho del territorio. Esta iniciativa podría reactivarse sólo si el gobierno clarifica el reparto de los trabajos, situación que aún está borrosa.
Por último, hay dos iniciativas en el Senado con media sanción y en caso de aprobarse obligarían a Bonfatti a vetarlas: la automaticidad del pago del Fondo de Obras Menores y la distribución en partes iguales del Fondo Federal Solidario (50 por ciento para la provincia y 50 por ciento para municipios y comunas). Del mismo modo, aguarda otro proyecto que ya pasó por Diputados, cual es desdoblar las elecciones provinciales de 2013 de las elecciones nacionales. Ello también significaría que Santa Fe no vuelva a utilizar la boleta sábana para salvar la simultaneidad comicial con la Nación.
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