miércoles, 26 de septiembre de 2012

Uruguay: media sanción para la despenalización del aborto


La Cámara de Diputados obtuvo el positivo por mayoría, y el proyecto del Frente Amplio, partido al que pertenece el presidente José Mujica, está más cerca de ser ley nacional.

Uruguay: media sanción para la despenalización del aborto

El proyecto despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación bajo determinadas condiciones y sustituye otro aprobado en diciembre de 2011 por el Senado, promovido por el gobernante Frente Amplio (FA), pero que fracasó por la oposición de uno de sus diputados.

El texto fue aprobado tras casi 14 horas de intenso debate por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, en una votación que se realizó ante decenas de personas que desde las barras se manifestaron a favor y en contra del proyecto. El paso siguiente es la aprobación en el Senado, donde puede transformarse en ley tan sólo con los votos del oficialismo.

Además de los 49 votos positivos del Frente Amplio (sólo un miembro del partido votó en contra y fue el diputado Andres Lima) se contó con el apoyo del diputado Iván Posada, del Partido Independiente y, así, se llegó a los 50 votos de 99 posibles. Todos los diputados blancos y colorados votaron en contra.

Inspirado en la legislación de países europeos, el texto prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción.

Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.

Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.



La ley vigente, de 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con este y con dos a ocho años a quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada.

Ésta es la tercera iniciativa que analiza el FA desde su llegada al poder en 2005. En 2008, el Parlamento lo despenalizó, pero la ley fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, que alegó "principios éticos".

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