La Cámara de Diputados ya debate un proyecto de emergencia y suspensión de desalojos de predios rurales por cinco años. El lunes, en Tostado, se subastó un campo y la policía reprimió a campesinos.
El escandaloso remate de un campo de 208 hectáreas –que incluyó represión policial para los pequeños productores que intentaron participar de la subasta pública– abrió las puertas de la Legislatura para que los diputados provinciales empiecen a debatir la declaración de emergencia y suspensión de desalojos de predios rurales.
A raíz de los hechos acontecidos en el juzgado penal de Tostado el lunes pasado, la diputada provincial Susana García presentó el miércoles un proyecto para frenar durante cinco años los juicios que están empezando a amenazar a las familias de campesinos que sobreviven en pequeñas parcelas del noroeste provincial.
El trabajo que realizó la legisladora junto a miembros de Federación Agraria Argentina enmarca la emergencia en “materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a 10 años”.
Además suspende la ejecución de “sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata” de las tierras de las familias de campesinos.
Al ser consultada por Diario UNO sobre el tiempo que puede demandar a los legisladores darle tratamiento al tema, García dijo: “Todo proyecto depende un poco de la voluntad política de la Cámara. Este proyecto está derivado a tres comisiones. El miércoles tuvo dictamen en la de Agricultura y Ganadería. Ahora va a la comisión de Asuntos Comunales y después tiene que ir a la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo que pasa es que ayer (por el miércoles) se tomó conciencia, después de lo que había sucedido el lunes con el remate que se hizo en el norte, que esto tiene que hacer un camino de forma bastante rápida y ágil”.
La diputada de la CC-ARI se comprometió a hablar personalmente con sus pares que integran las dos comisiones que aún deben tratar el proyecto porque la idea sería que tuviera pronto tratamiento. “Eso sería lo deseable, pero nunca sabemos”, aclaró.
El proyecto cuenta con una ventaja: ingresó con la firma de todos los partidos políticos y en la comisión de Agricultura y Ganadería fue gente del PJ quienes lo impulsaron.
—Usted habló de la necesidad de contar con voluntad política, ¿dónde pueden aparecer las trabas para este proyecto?
—A veces los proyectos, si tienen que pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde uno genera a través de un artículo que se requiere un monto y tiene que ir a la parte presupuestaria, requiere mayores análisis. Pero no es este caso. Lo importante es que se está pidiendo un programa de regulación dominial y hasta un registro de poseedores de esas tierras. Esto se hace a través del Ministerio de la Producción y no ocasiona un gasto extra. Por lo tanto para el oficialismo no significa una dificultad. Hasta el momento no encontré trabas de ningún bloque respecto a este proyecto.
El Programa de Regularización Dominial que se propone crear en la iniciativa tendrá como objetivo “obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial”.
Además se determinará cuáles son los inmuebles rurales en situación irregular o en conflicto dominial, prestar asesoramiento legal a las familias de campesinos y promover el saneamiento de títulos de dominio sobre los inmuebles rurales, entre otros propósitos.
Al ser consultada sobre la cantidad de hectáreas que están o pueden estar en un litigio legal y ser pasibles de remates, García dijo no tener un número preciso. “Es difícil hablar porque en el sur la gente maneja muchísimas menos extensiones. Allí la tierra está más subdividida y no hay grandes concentraciones. Pero cuando hablamos del norte, de Los Algodonales, cerca de El Nochero (departamento 9 de Julio), estamos hablando de 30.000 hectáreas. En la zona del campo de 208 hectáreas que se remató el lunes pasado estamos hablando de 15.000 hectáreas. Son extensiones muy grandes donde uno está tratando de proteger a los pequeños productores que lo único que hacen con ese pequeño terreno es subsistir, nada más. No tienen concentración de tierras, no tienen rentabilidad, simplemente subsisten”, aseguró.
Si bien el Programa de Regularización Dominial alcanzará a toda la provincia, la diputada dijo que se sabe que “estos problemas no están surgiendo en el sur de la provincia, sino que está sucediendo en los departamentos del norte”.
Luego añadió: “La emergencia lo único que pretende es frenar los desalojos de los pequeños productores. Yo sostengo que es una obligación que tenemos que asumir desde el Estado, y cuando digo Estado estoy hablando del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y, a veces, también es necesario que se comprometa el Poder Judicial a ser justo”.
Al referirse a la subasta del lunes pasado, García dijo: “Las 208 hectáreas se remataron en una forma tramposa, con una falta total de justicia, no sólo hacia quien perdía el campo, sino también hacia los pequeños productores que estaban dispuestos a poner dinero para comprar esas 208 hectáreas para que las siga trabajando quien las estaba ocupando. No pudieron entrar a donde se estaba realizando el remate. Y supuestamente, por lo que uno lee y escucha, quienes compraron por 68.000 pesos las 208 hectáreas, en realidad, ya estaban dentro del juzgado mucho tiempo antes que empiece el remate porque nadie los vio ingresar”.
“Por eso uno está indignado con todo esto. Siento indignación porque estamos expulsando a pequeños productores que lo único que hacen con sus campos es subsistir. En el sur 208 hectáreas es una cosa, mientras que en el norte no es lo mismo. En el sur cosechan 35 quintales por hectárea y en el norte con suerte algunos llegan a cosechar cuatro”, concluyó.
Las tierras que están empezando a ser eje de conflictos dominiales se ubican en la zona de los Bajos Submeridionales y se reparten entre los departamentos 9 de Julio y Vera, muy cerca del límite con el Chaco. Históricamente esas parcelas tuvieron muy poco valor económico, lo que redundó en un abandono por parte del Estado en cuanto a obras de infraestructura como caminos, energía y acueductos, entre otras.
Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola y el desplazamiento de la ganadería hacia el norte las fue revalorizando. Hoy la mirada de grandes grupos económicos se está posando sobre las tierras ocupadas durante décadas de forma ininterrumpida y pacífica por familias que desarrollan actividades que sólo les permiten subsistir. Sin dudas no hay correlación de fuerzas entre los actores y se hace indispensable la intervención del Estado.
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