NAC. En la Provincia de Buenos Aires, en lo que va de 2012 escaparon diez reclusos

Ante el creciente número de presos peligrosos fugados de los paneles bonaerenses, el gobierno provincial se mantiene al margen de la polémica suscitada por la politización del sistema penitenciario nacional. La mitad de los fugados huyeron de la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El Servicio Penitenciario de la provincia no informó cuántos son los casos de internos que gozan de salidas laborales u otro tipo de libertad morigerada y no volvieron a los penales donde cumplían condena y aseguran que esos datos "se están elaborando".

Frente a esta situación, el diputado denarvaísta y ex superintendente de la policía bonaerense Guillermo Britos tiene listo un proyecto para devolverles a las fuerzas de seguridad el control del cumplimiento de las penas con salidas laborales o libertad morigerada. La iniciativa propone que las evaluaciones de los internos para el acceso a esos beneficios sean realizadas por equipos externos a los penales.

Por su parte, el vicegobernador Gabriel Mariotto, que insistió en sus reclamos de una reforma estructural del sistema carcelario, se mostró preocupado por la situación de las unidades de detención en la provincia y destacó que tiene un diálogo permanente sobre este tema con el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

Asimismo recalcó que en las cárceles de la provincia se ve una degradación humana muy violenta y angustiante y que es necesario una reforma y advirtió que existe una diferencia grande entre los servicios penitenciarios bonaerense y federal.

En tanto, el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, y el secretario provincial de Derechos Humanos, Guido Carlotto, anunciaron su intención de transformar el sistema penal, mediante mejoras en la prevención de hechos violentos dentro de las unidades, la intensificación de la tutela judi­cial de los internos y la promoción de cambios en la legislación según informa un matutino.

Desde fuera del gobierno bonaerense, el senador Alfredo Meckievi del Pro-Peronismo y que fuera ministro de Justicia durante el gobierno de Felipe Solá, propuso que se declare la emergencia judicial, penitenciaria y en seguridad por cinco años en toda la provincia.