La Justicia dictó la prisión preventiva para Roberto Méndez, un comerciante de 40 años, acusado por la hija de su pareja, una joven de 18 años.
Una multitud se reunió la semana pasada para
manifestar su hartazgo para con los reiterados casos de abusos
registrados en la zona. Esta noche estaba prevista la realización de una
segunda marcha.
La Justicia dictó la prisión preventiva para
Roberto Méndez, un comerciante de 40 años, acusado por la hija de su
pareja, una joven de 18 años.
El juez de Instrucción de San Cristóbal, Aldo
Precerutti, procesó este martes a Roberto Méndez, como presunto autor de
los delitos de “abuso sexual simple reiterado y agravado por la
convivencia” y por “abuso sexual con acceso carnal”, en perjuicio de una
adolescente de 18 años, que es hija de su actual pareja. El magistrado
también dictó la “prisión preventiva” para el imputado, que permanece
privado de la libertad desde el jueves 24 de mayo.
El acusado es un conocido comerciante
sancristobalense de 40 años, dedicado a la venta de teléfonos celulares y
accesorios. Tras su arresto fue indagado el lunes 28 de mayo y quedó
alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII del departamento San
Cristóbal.
Fue la víctima la que tras diez años de convivencia,
denunció al concubino de su madre en sede policial. Agentes de la
Sección Orientación a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual pusieron
sobre aviso al juez Precerutti, quien ordenó el arresto del imputado.
Se solicitaron un gran número de pruebas, tanto por
orden del juzgado, como a pedido de la fiscal del caso, la Dra. Elena
Fruh. Se realizaron pericias psicológicas y medicas y se tomaron una
gran cantidad de declaraciones testimoniales que le permitieron al juez
concluir que existen numerosos indicios para conjeturar que los abusos
se cometieron tal y como denuncia la víctima.
Cambio de abogado
Desde un primer momento, la defensa de Méndez estuvo a
cargo del abogado Joaquín Strada, quien debió abandonar su puesto en el
Juzgado de Faltas de San Cristóbal por expreso mandato del intendente
de la ciudad, Horacio Rigo, quien le reprochó su actuación como defensor
particular.
El caso despertó un singular interés en la opinión
pública, que el jueves pasado salió masivamente a repudiar el hecho
particular y a pedir públicamente por causas de abuso, violación y
violencia semejantes. Más de 3.000 personas se reunieron frente a un
canal de televisión y luego marcharon hasta la Jefatura de Policía para
hacer oír su reclamo.
Pero además, el cimbronazo se sintió en la esfera
política local, porque el intendente Rigo, que hasta comienzos de esta
semana se había mantenido al margen del conflicto, pidió disculpas
públicas el lunes por no haber asistido a la marcha aduciendo que había
estado en Santa Fe en una reunión por Municipios Saludables.
Rigo repudió los abusos, violaciones y los hechos de
vandalismo registrados con posterioridad de la marcha en el frente del
negocio del imputado, donde aparecieron pintadas. Pero además, comunicó
el apartamiento del Dr. Joaquín Strada “que es el profesional que ha
estado defendiendo hasta el jueves pasado en la causa que todos
conocemos”, dijo.
Strada se apartó inmediatamente de la causa y su
poder fue revocado, para dar paso al abogado santafesino Roberto Gabriel
Apullán, quien fue notificado días pasados del procesamiento.
Van por el socio
Mientras tanto, en el ámbito político el tema sigue
en plena ebullición, porque el presidente del partido justicialista de
San Cristóbal, Cristian Barbini, ofreció una conferencia de prensa,
junto a la concejala Carolina Morel, Claudio Gainedu y Julián Alloatti,
en la que le pidieron al intendente Rigo el desplazamiento de Germán
Traversi de la Secretaria de Gobierno.
Los justicialistas argumentan que el funcionario
habría incurrido en una “falta de ética”, ya que es socio de Strada en
su estudio jurídico, y por ende sostienen que debería correr la misma
suerte que su colega, que fue desplazado del ámbito oficial.
Los episodios de San Cristóbal están siendo
observados, no sin preocupación por el gobierno central, que esta semana
envió un equipo del Ministerio de Desarrollo Social, para reforzar un
área que se muestra como de alto riesgo y vulnerabilidad social.
El intendente llevó tranquilidad respecto a ello
diciendo que más de veinte damnificados son atendidos por el equipo
interdisciplinario municipal de violencia familiar, abusos y
violaciones. ”Una psicóloga, una asistente social, un abogado y una
docente, trabajan a diario para ayudar a las víctimas”, informó Rigo.
Asimismo adelantó la presencia de altos funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social, que finalmente se concretó ayer al mediodía. “Yo sé
que todos desean que esto no ocurra nunca más, y es también mi deseo”,
confesó el intendente en medio de la tormenta.
Nueva marcha.
Hoy a las 20.30 la ciudadanía fue citada en la
plazoleta Almirante Brown, para ratificar la fuerza de la convocatoria
de la semana pasada. La invitación a los sancristobalenses recorre la
red social Facebook con el siguiente lema: “San Cristóbal de pie,
autoconvocados para el jueves 7 de junio”. “Concentración y asamblea
ciudadana, continuamos nuestros reclamos por justicia, basta de
impunidad, continuemos nuestra lucha, que sea escuchada por todos, no
abandonemos a nuestros niños, niñas y adolescentes; nos necesitan”, dice
el mensaje anónimo pero que representa a una amplia mayoría.
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