El juez en lo Civil y Comercial
Diego Aldao dio admisibilidad a la causa y citó a la Provincia y a los
representantes de los ocupantes del plan habitacional de Santa Rita II
para el martes 15, a las 9.
El juez de la 5ª Nominación en lo Civil y Comercial, Diego Raúl
Aldao, dio admisibilidad al recurso de amparo presentado por el abogado
defensor de los cinco representantes de las familias que ocupan desde
hace poco más de un mes el plan habitacional en construcción ubicado en
el barrio Santa Rita II de la capital provincial.
A su vez, el magistrado convocó a las partes intervinientes –Provincia y ocupantes– a una conciliación judicial para el próximo martes 15 de mayo, a las 9. Esto está previsto por el Código Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, el cual en su artículo 19 establece: “Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estime necesarias a los objetos del pleito. Esta facultad se entenderá sin perjuicio de los términos para fijar resolución o sentencia…”.
Es de uso permanente y habitual que por solicitud de partes o por disposición del juez se celebren en todos los tribunales de primera y segunda instancia audiencias de conciliación en las distintas etapas del proceso.
En diálogo con Diario UNO, el abogado defensor de los cinco representantes de las familias que ocupan el predio provincial, explicó: “El martes pasado interpusimos una acción de amparo para que la Provincia cumpla con el acta del 4 de abril y en este sentido respete el derecho de las familias de permanecer en el predio, les asigne lotes y les dé materiales para que puedan construir sus casas en otro lugar y abandonen ese predio”.
Aclaró al respecto que “el amparo es una acción constitucional para obtener el cumplimiento por parte del Estado de algo a lo que se había comprometido”. Este recurso está previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el artículo 17 de la Constitución provincial, y en la ley provincial 10.456.
En cuanto a los pasos a seguir en el ámbito Civil y Comercial, Rondina señaló que “el mismo martes 15 a la Provincia se le vence el plazo para contestar la (medida) cautelar; luego el juez tiene que disponer si como medida cautelar va a ordenar que se paralice todo desalojo administrativo”.
En caso de que haya que esperar una sentencia judicial para este pedido de amparo, la demora sería de un corto plazo (se estima para estos casos un mes, aproximadamente).
—¿Qué significaría esto para las familias ocupantes del plan?
—Esto implicaría que la Provincia vuelva al diálogo, tal como se comprometió el 4 de abril pasado al firmar el acta acuerdo; permitirle a las familias que se queden algunos días, en tanto les asigne lotes y materiales de construcción a aquellos que no tengan nada. Para la gente implicaría, sumado a la decisión de la jueza Sandra Valenti, que suspendió el desalojo, cierta tranquilidad de que la Provincia vuelve al diálogo.
En cuanto a la causa penal, la Cámara de Apelaciones es quien analiza hoy por hoy si existió o no usurpación en este caso. “Ahí no hay delito porque hubo permiso, mediante el acta acuerdo del 4 de abril, para permanecer en el lugar”, manifestó Rondina y agregó: “Recién cuando la Cámara resuelva, y si no hay otras apelaciones, la resolución de la jueza quedaría firme o no”.
El pedido
En concreto, la acción de amparo iniciada en la Justicia tiene por objeto que se disponga el cumplimiento del acta acuerdo firmada el 4 de abril de 2012 entre los ocupantes y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe.
En carácter de medida cautelar –que será confirmada o dejada de lado en la sentencia– se solicita que no se inicie y/o se suspenda cualquier acto administrativo tendiente a desalojar las viviendas del barrio Santa Rita II, para que durante la tramitación del recurso de amparo los ocupantes puedan permanecer en dichas viviendas conforme a lo acordado, y hasta tanto se construyan las nuevas viviendas definidas en el primer acuerdo.
“La conducta de la accionada (la Provincia) viola derechos fundamentales reconocidos expresamente por la Constitución Nacional y tratados internacionales”, señala el pedido al juez.
Reclamo y corte de calles
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) brindó ayer una conferencia de prensa frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, donde acampan desde el miércoles pasado algunos de sus integrantes.
El reclamo se atribuye “a la deuda que tiene la provincia con los 246 trabajadores de la Cooperativa La Roca Limitada (que ya suma cuatro meses de trabajo sin ser remunerados), por los seis comedores que han cerrado, las tarjetas ciudadanas que han dado de baja y la asistencia alimentaria que reciben las familias que integran la CCC”.
“Es en el marco de la cantidad de luchas por tierra y vivienda que miles de familias vienen llevando a cabo con tomas en toda la provincia”, señalaron en un comunicado.
Participaron de la conferencia Enrique Mosquera (dirigente de la CCC Jujuy y miembro de la Coordinación Nacional de la CCC) junto a dos dirigentes más de la provincia norteña, “que ha sido uno de los faros en esta lucha por el acceso a la vivienda digna y la tierra para trabajar”.
A su vez, el magistrado convocó a las partes intervinientes –Provincia y ocupantes– a una conciliación judicial para el próximo martes 15 de mayo, a las 9. Esto está previsto por el Código Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, el cual en su artículo 19 establece: “Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estime necesarias a los objetos del pleito. Esta facultad se entenderá sin perjuicio de los términos para fijar resolución o sentencia…”.
Es de uso permanente y habitual que por solicitud de partes o por disposición del juez se celebren en todos los tribunales de primera y segunda instancia audiencias de conciliación en las distintas etapas del proceso.
En diálogo con Diario UNO, el abogado defensor de los cinco representantes de las familias que ocupan el predio provincial, explicó: “El martes pasado interpusimos una acción de amparo para que la Provincia cumpla con el acta del 4 de abril y en este sentido respete el derecho de las familias de permanecer en el predio, les asigne lotes y les dé materiales para que puedan construir sus casas en otro lugar y abandonen ese predio”.
Aclaró al respecto que “el amparo es una acción constitucional para obtener el cumplimiento por parte del Estado de algo a lo que se había comprometido”. Este recurso está previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el artículo 17 de la Constitución provincial, y en la ley provincial 10.456.
En cuanto a los pasos a seguir en el ámbito Civil y Comercial, Rondina señaló que “el mismo martes 15 a la Provincia se le vence el plazo para contestar la (medida) cautelar; luego el juez tiene que disponer si como medida cautelar va a ordenar que se paralice todo desalojo administrativo”.
En caso de que haya que esperar una sentencia judicial para este pedido de amparo, la demora sería de un corto plazo (se estima para estos casos un mes, aproximadamente).
—¿Qué significaría esto para las familias ocupantes del plan?
—Esto implicaría que la Provincia vuelva al diálogo, tal como se comprometió el 4 de abril pasado al firmar el acta acuerdo; permitirle a las familias que se queden algunos días, en tanto les asigne lotes y materiales de construcción a aquellos que no tengan nada. Para la gente implicaría, sumado a la decisión de la jueza Sandra Valenti, que suspendió el desalojo, cierta tranquilidad de que la Provincia vuelve al diálogo.
En cuanto a la causa penal, la Cámara de Apelaciones es quien analiza hoy por hoy si existió o no usurpación en este caso. “Ahí no hay delito porque hubo permiso, mediante el acta acuerdo del 4 de abril, para permanecer en el lugar”, manifestó Rondina y agregó: “Recién cuando la Cámara resuelva, y si no hay otras apelaciones, la resolución de la jueza quedaría firme o no”.
El pedido
En concreto, la acción de amparo iniciada en la Justicia tiene por objeto que se disponga el cumplimiento del acta acuerdo firmada el 4 de abril de 2012 entre los ocupantes y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe.
En carácter de medida cautelar –que será confirmada o dejada de lado en la sentencia– se solicita que no se inicie y/o se suspenda cualquier acto administrativo tendiente a desalojar las viviendas del barrio Santa Rita II, para que durante la tramitación del recurso de amparo los ocupantes puedan permanecer en dichas viviendas conforme a lo acordado, y hasta tanto se construyan las nuevas viviendas definidas en el primer acuerdo.
“La conducta de la accionada (la Provincia) viola derechos fundamentales reconocidos expresamente por la Constitución Nacional y tratados internacionales”, señala el pedido al juez.
Reclamo y corte de calles
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) brindó ayer una conferencia de prensa frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, donde acampan desde el miércoles pasado algunos de sus integrantes.
El reclamo se atribuye “a la deuda que tiene la provincia con los 246 trabajadores de la Cooperativa La Roca Limitada (que ya suma cuatro meses de trabajo sin ser remunerados), por los seis comedores que han cerrado, las tarjetas ciudadanas que han dado de baja y la asistencia alimentaria que reciben las familias que integran la CCC”.
“Es en el marco de la cantidad de luchas por tierra y vivienda que miles de familias vienen llevando a cabo con tomas en toda la provincia”, señalaron en un comunicado.
Participaron de la conferencia Enrique Mosquera (dirigente de la CCC Jujuy y miembro de la Coordinación Nacional de la CCC) junto a dos dirigentes más de la provincia norteña, “que ha sido uno de los faros en esta lucha por el acceso a la vivienda digna y la tierra para trabajar”.
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