La presión inflacionaria, que el gobierno no acepta como una realidad, complica las negociaciones salariales. La pregunta es: ¿qué está generando el impulso inflacionario?
A mediados de febrero, durante una
charla informal, un empresario exportador comentó: “Las paritarias de
este año van a ser un verdadero parto”. Más allá del juego de palabras,
no se equivocó.
Las negociaciones de 2012 avanzan muy lentamente y
por primera vez desde 2003, los reclamos sindicales son apoyados con
distintas medidas de fuerza, abonando un clima de conflictividad gremial
generalizada, que en el quinquenio pasado no se había manifestado. Es
cierto que en ese lapso existieron piquetes puntuales como forma de
presión, pero nunca hubo llamados a huelgas de alcance nacional.
En la última semana, luego de arduas
negociaciones, tres gremios grandes lograron acuerdos (comercio,
bancarios y metalúrgicos) que tienen un denominador común: en todos los
casos la recomposición salarial promedia, como mínimo, el 23 por ciento,
que en algunos casos, por estipulaciones puntuales, agrega entre 3 y 4
puntos más.
La tendencia derrumba la aspiración oficial (y de
la UIA), de que los salarios no se movieran por encima de 20 % y pone
al descubierto una tensión que el gobierno se niega a admitir: la
inflación interanual se mantiene por sobre el 23 % y en los últimos 2
meses creciendo. Esa tensión, que no pueden resolver por sí mismos ni
empresas ni sindicatos, es la verdadera raíz de un panorama que cada vez
se complica más.
Tempranamente, en 2008 (pocos meses después de
que el Indec comenzara a manipular los índices del IPC), durante una
exposición en la Unión Industrial de Santa Fe, el experto laboral Julián
de Diego había advertido a un grupo de empresarios locales: “En las
actuales negociaciones salariales (2008), tenemos un negociador
invisible que está trabajando con nosotros. Es la inflación real que
amenaza con que los aumentos sólo sirvan para compensar esa inflación”.
Desde entonces, el negociador invisible fue
adquiriendo mayor presencia, al punto de transformarse en el eje
principal, alrededor del cual giran empleadores y empleados. Es el peor
de los escenarios: una carrera entre inflación y salarios.
Círculo vicioso
En un documento publicado la semana pasada, el
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) indica que con las
sumas que se vienen pagando a cuenta desde fines del año pasado, o
principios del corriente, más los incrementos porcentuales solicitados,
los reclamos sindicales rondan el 30 por ciento.
Para la entidad, las demandas salariales son
coherentes con el objetivo de proteger las remuneraciones “del intenso
proceso inflacionario”, pero inconsistentes con el equilibrio
macroeconómico.
Luego se pregunta: “¿Cuál es la razón por la
cual, en años anteriores, las negociaciones eran simples y fluidas,
mientras que en la actualidad se muestran estancadas y difíciles de
conciliar? Para responder, resulta ilustrativo analizar la evolución de
los costos laborales (salario bruto más 28 % de contribuciones
patronales) medidos en monedas de otros países”.
Ese ejercicio muestra que “un incremento del
orden del 30 % de los salarios para este año, como están solicitando la
mayoría de los sindicatos, implicará que el costo laboral en dólares se
ubique en niveles muy superiores a los de la década de los ‘90. Salvo
que se acelere la devaluación del peso en cuyo caso también se
aceleraría el proceso inflacionario y, con ello, las solicitudes de
nuevas subas de salario”.
Diálogo social
Consultado por El Litoral, Jorge Colina,
investigador jefe de Idesa y responsable del informe, no duda en señalar
que un costo salarial que supere los niveles de la convertibilidad,
demuestra que el gobierno no aprovechó el período de bonanza para tomar
medidas que generen mejoras genuinas en la productividad de las empresas
y la competitividad de la economía.
“El problema es que el gobierno se dejó estar y
perdió la oportunidad de hacer las cosas que había que hacer en los
buenos tiempos, por ejemplo, realizando ajustes tarifarios pausados, de
pequeña escala en cada caso. La bonanza económica de los últimos años
permitió incrementos salariales reales y eso hubiese sido un marco ideal
para progresivamente ir ajustando tarifas”.
No se hizo. La masa de subsidios, muchos de ellos
injustificados en el tiempo, llevó a que el gasto público esté
creciendo al 35 % anual, en momentos en que escasean los dólares y la
máquina de imprimir pesos aumenta su ritmo de producción. No se puede
aspirar a bajar la inflación a 10 % si el gasto crece al 35 por ciento.
Piensa Colina: “Hay que cambiar ahora, yendo
hacia políticas más razonables, que promuevan índices de inflación más
razonables. Lo están haciendo Brasil, Uruguay y Chile, donde la
inflación oscila entre 6 y 8 por ciento anual, con aumentos de salarios
por encima de esa inflación, pero sustentados en la mejora de la
productividad”.
Suena entendible; pero, ¿cómo se hace? Colina
propone el diálogo social.“Una mesa de concertación sería un ámbito
propicio para que dialoguen empresas, trabajadores y el Estado, donde
éste se comprometa a mantener pautas de crecimiento de gasto público
consistente con una inflación de un dígito. Si queremos una inflación
que se mantenga entre 8 y 10 por ciento, el gasto publico no debería
crecer por encima de ese porcentaje, los empresarios no subir los
precios más allá de ese porcentaje y los trabajadores solicitar aumentos
de salarios que sean algo superiores a ese porcentaje, pero no mucho
más”.
Moderación de las demandas
“La negociación este año es bastante más difícil
y por eso está muy atrasada con respecto al año pasado”, comenta
Enrique Kritz, presidente de Sel Consultores.
En diálogo con El Litoral, el experto advierte
que el cambio en la situación económica de las empresas, con aumento de
costos y bajas de ventas, le impide aceptar incrementos como los de
2011.
“Yo pienso que los sindicatos van a resignar una
parte de sus demandas de alrededor del 30 por ciento, porque si no
sería una situación complicada para ellos mismos, porque le tienen que
dar una respuesta a los trabajadores que representan y que todavía
siguen cobrando los salarios pactados hace un año”.
“Creo que en las próximas semanas deberán llegar
a alguna forma de compromiso, más cercano, para poner un número
cualquiera, al 25 por ciento, que al 20 % o menos que pretendía el
gobierno”.
+ información
Documento de Idesa
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