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lunes, 2 de abril de 2012

Afirman que en Rosario hay policías investigados por conexión con narcos

El Ministro de Seguridad Leandro Corti dice que consta en la Dirección de Asuntos Internos. Y habla de gran desorganización en Rosario de la rutina horaria y las órdenes de acción de la fuerza.

 Los jefes policiales que asumieron en Rosario en diciembre no llegaron a durar cuatro meses. El prematuro relevo de Néstor Arismendi y Daniel Cabrera el sábado convirtió a esta cúpula en una de las más breves en la Unidad Regional II. Algo similar pasó en la Unidad Regional I de Santa Fe donde hace 15 días los jefes fueron desplazados tras un efímero mandato. ¿Qué razones motivaron los cambios? El ministro de Seguridad, Leandro Corti, elige no decirlas. Pero sí afirma que los entrantes jefes Walter Miranda y Hernán Brest deberán trabajar sobre una fuerza muy desorganizada en dos aspectos: las rutinas horarias de buena parte de sus 5 mil empleados y el control de las órdenes operacionales desde que se redactan hasta que se producen resultados.
También destaca que el vínculo entre narcotráfico y violencia en Rosario debe ser atacado por el trabajo conjunto de múltiples agencias de seguridad que hagan foco en los sitios donde se vende drogas pero también en los patrimonios que generan. Cuando se le pregunta si hay constancia de policías conectados a esos grupos contesta: "Sí".
—¿Qué provocó el relevo del comisario mayor Arismendi?
—No sólo de Arismendi, de la cúpula policial de Rosario. Desde el inicio de la gestión nos dimos un tiempo prudencial para evaluar las conducciones de las regionales. Se entendió que era pertinente hacer un cambio en Santa Fe y Rosario. Entendimos que cumplieron un ciclo estas conducciones. Ya dije que no hay una razón particular.
—Parece arbitrario decir que no hay un motivo particular. En general cuando no lo hay el jefe permanece.
—Se trata de valoración de gestión. No hay cuestiones personales en la decisión. Y tampoco voy a aparecer cuestionando a personas que se van.
—¿En Arismendi puede haber tenido que ver un avance en la investigación de su informe sobre enriquecimiento ilícito?
—No, nada que ver.
—¿El estado de la criminalidad en Rosario incidió?
—Tenemos una preocupación cierta sobre cuestiones de violencia que se producen en áreas suburbanas de Rosario pero no tiene que ver con lo que detonó los cambios. Mire, motivos para una decisión siempre hay y yo entiendo que usted pueda criticarme por no revelarlos. Prefiero pagar ese costo. Pero no es arbitrario que un ministro de Seguridad cambie una cúpula policial.
—¿A principios de febrero se anunció un plan para que el servicio de policía en la calle se definiera en base a las demandas de los centros de distrito? Pasados dos meses, ¿cómo lo valora?
—Muy bien, porque ya es importante que se haya cambiado la lógica de interacción entre provincia y gobierno local. Hoy los seis distritos municipales de Rosario tienen todos los viernes un ámbito donde señalar preocupaciones y prioridades sobre acciones de seguridad pública. Y nosotros desde el ministerio escuchar, ordenar y seguir el pulso del servicio policial. Los coordinadores nos requieren cuestiones que van desde aspectos preventivos como control de circulación de motos a otras de tipo urbanístico que impactan en la seguridad como alumbrado, apertura de calles, escamonda. En cuanto a los fenómenos de criminalidad podemos tener hechos impactantes, los hay y no los negamos, pero no hay ninguna herramienta de medición que nos indique que estamos peor que el año pasado por ejemplo. Lo que planteo parece remanido pero hace unos meses teníamos 16 móviles policiales para el servicio de 911. Hoy hay entre 50 y 60. Una cuestión central de gestión es sostener un servicio policial adecuado en base a planificación.
—Se dan delitos interpersonales muy violentos en barrios de Rosario. Muchos de sus protagonistas, según los vecinos, están implicados con cuestiones de drogas. ¿Cómo analiza ese vínculo?
—Hay un entramado evidente de economías delictuales en las calles de la ciudad que giran en torno del negocio del narcotráfico. Existen disputas territoriales que tienen cierto nivel de organización y un consecuente volumen de violencia. Y muchos de estos grupos absorben a chicos muy jóvenes, de entre 16 y 23 años.
—¿Estos grupos tienen contactos económicos con grupos policiales?
—Sí.
—¿Qué hacer para detectar a esos policías y actuar en consecuencia?
—Ya interviene la Dirección de Asuntos Internos con enorme decisión y todo el respaldo del gobierno para avanzar en las investigaciones sobre los sectores de policía implicados.
—¿Tienen información sobre personal concreto de Rosario?
—Sí. Y es información de la que no sólo dispone Asuntos Internos sino fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Es interesante que se produzca una coordinación entre distintos actores en estos casos. Creemos fundamental la acción del Poder Judicial de la Nación para lograr avances mucho más serios y exhaustivos sobre personas involucradas en las investigaciones. Y que la Justicia federal intercambie información con organismos fiscales que puedan rastrear cómo se dan ciertos enriquecimientos. La provincia de Santa Fe tiene responsabilidad en prevención y represión pero es importante trabajar en conjunto en desmantelar las bocas de expendio de drogas y en la investigación sobre los patrimonios.
—¿Cuál es el objetivo central de su gestión?
—En el corto plazo es organizar en forma adecuada un servicio policial que sea racional en relación a los indicadores del delito y relativamente eficaz en base a los recursos disponibles. Esto no es menor para empezar a mejorar los niveles de la seguridad pública. La principal herramienta para ello sigue siendo la policía. Entiendo que así como por la policía pasará la solución hoy es uno de los grandes problemas. Y el problema es de varios tipos: de organización, de actitud y de control.
—¿Cómo es eso?
—Hoy la Unidad Regional II tiene algo más de cinco mil efectivos. Y uno de los grandes problemas es ordenar la carga horaria de los empleados y que ésta se cumpla con racionalidad. ¿Cuál es el problema? Una enorme desorganización sobre las rutinas horarias de un treinta por ciento del personal. Hay efectivos que cumplen 24 horas por 48. Pero en muchos casos no se sabe. A eso se suman los que están desafectados por carpeta médica o licencia psiquiátrica. Hay que trabajar fuerte sobre las líneas de mando intermedias para que agenden que la carga horaria del personal debe cumplirse en tiempo y forma. También tenemos que generar mucho control en el tránsito que hay desde que se redacta la orden operacional y su resultado. Eso es un descontrol histórico. Hoy estamos insistiendo en eso, un objetivo no menor porque hay situaciones de desmadre. La desorganización tiene que ver con un problema actitudinal y de control. Eso es cultural y se explica por la política educacional. La policía es una agencia de seguridad pública. Y hoy tenemos el problema de que determinada cantidad de gente no quiere ir a trabajar porque no está apta para enfrentar situaciones de violencia y piden carpeta médica. Estamos revisando la matriz formativa de la policía en cuanto al aspecto operativo.

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