Los cursó la empresa que
construye un plan de viviendas. Alegó atraso de la provincia en los
pagos. Son albañiles que venían de 20 días de suspensión.
La delegación local del gremio de la construcción, Uocra,
denunció que ayer se le impidió el ingreso a su trabajo a 35 empleados
de una de las empresas que edifica las viviendas sociales en la llamada
Zona Cero de Rosario, CIC (Construcciones Industriales y Civiles). La
firma fundó su decisión en la falta de pago de los certificados de obras
por parte de la provincia, una circunstancia que –adujo– se remonta a
septiembre pasado y a esta altura le impide seguir cumpliendo con sus
compromisos laborales. La semana pasada, el sindicato, la Cámara de la
Construcción y el gobierno santafesino habían sellado un acuerdo por el
cual la Casa Gris se comprometía a liberar algunos fondos y las
compañías a no producir cesantías. Fue luego de otro incidente similar
en la obra de lo que será el nuevo Hospital Regional de San Martín al
6900, en la zona sur de la ciudad. Al cierre de esta edición, se
producían reuniones para revertir los nuevos despidos o, en caso
contrario, definir medidas gremiales.
Según el dirigente de la Uocra Ricardo Meza, originalmente la
constructora CIC había contratado para el plan habitacional asentado en
Nuevo Alberdi a unas 120 personas, de las cuales ahora apenas quedan 50
porque algunos albañiles se retiraron de la obra ante mejores ofertas
laborales. Pero los problemas ya estaban anunciados: el medio centenar
de empleados de la firma rosarina retornaba justo ayer a sus tareas tras
una suspensión de 20 días asentada en la misma argumentación patronal,
que carga las tintas en las deudas del Ejecutivo provincial. Fueron 35
trabajadores los que se encontraron con la sorpresa: mediante un cartel,
se les informaba que habían sido despedidos, aunque sólo a algunos de
ellos les llegó el telegrama respectivo.
Desde el área de Vivienda del gobierno provincial, por su parte,
afirmaron que los atrasos en los pagos de certificados de obra se
remontan “como mucho a octubre” pasado, y que se estaban girando algunos
fondos a las empresas para, precisamente, no generar despidos en
función del pacto alcanzado la semana pasada.
El Ejecutivo provincial es responsable en principio de certificar los
avances del Programa Habitacional Rosario Norte (o Zona Cero) y de
financiar las obras de infraestructura necesarias, mientras que del
costo de las viviendas propiamente dichas se debe hacer cargo el Estado
nacional a través del Programa Plurianual de Construcciones de Viviendas
(Federal II). Sin embargo, la Casa Gris decidió correr con todos los
gastos tras denunciar que la administración central sólo había girado
los anticipos financieros en 2009, y que desde entonces –reprochó– no
había cursado más partidas.
CIC tiene a su cargo la construcción de 223 unidades habitacionales de
las 1.443 que abarca la “zona centro” del mismo plan social. Se trata de
una primera etapa que ocupa 52 hectáreas de terreno en el que también
se emplazarán locales comerciales, espacios verdes, jardines maternales,
un centro de atención primaria de salud, tres escuelas y un
destacamento policial. El total del Programa Habitacional Rosario Norte
contempla 4.500 viviendas sociales en un espacio de 167 hectáreas.
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