Tras el allanamiento e intervención de Cablevisión/Preocupa la ofensiva contra medios

La medida, que incluye la obligación de desarmar la compañía en el lapso de dos meses, fue tomada por un juez que para la empresa es incompetente. Adepa y dirigentes de la oposición lo consideran un nuevo ataque del gobierno al grupo Clarín.

 La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su “preocupación” por el allanamiento dispuesto por la Justicia en la empresa Cablevisión y aseguró que “este inusual operativo se enmarca en una creciente ofensiva del gobierno contra el Grupo Clarín”.

Ayer, y a cuatro años del decreto presidencial firmado por Néstor Kirchner que aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal, la Justicia de Mendoza dictó la intervención de la compañía resultante durante un año para que en los próximos 60 días se produzca su desguace, medida que se concretó en medio de un agitado allanamiento.

Tal como informara El Litoral en su edición de la víspera, la orden judicial respondió a un amparo presentado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, responsables del cable Supercanal, al aludir a “conductas anticompetitivas”, pese a que Cablevisión no opera en Mendoza.

El amparo, firmado por el juez federal Walter Bento, derivó en un procedimiento concretado en la sede de la avenida General Hornos 690, en el barrio porteño de Barracas, hasta donde llegó el designado coadministrador, Enrique Anzoise, acompañado por medio centenar de gendarmes y un equipo televisivo del programa “6,7,8”, que se emite por el estatal Canal 7.

Según Cablevisión, Anzoise quiso secuestrar información sin el debido respaldo judicial y luego “amedrentó” a los empleados. Los gendarmes y el interventos estuvieron en la sede desde las 10 de la mañana hasta las 13 recorriendo los nueve pisos y, cuando el designado interventor llegó hasta el hall del edificio, se topó con gran cantidad de empleados que lo abuchearon al grito de “queremos trabajar”. Además hubo empujones y Anzoise se retiró de la sede, custodiado por los gendarmes.

La empresa denunció que el juez que actuó es “incompetente” y que esta situación responde a una nueva embestida del gobierno contra el grupo Clarín a una semana de la reasunción de Cristina Fernández, mientras que el ejecutivo desestimó cualquier vinculación con la decisión judicial.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré sostuvo que la Gendarmería asistió al operativo a pedido de un juez, mientras que su par de Interior, Florencio Randazzo dijo que es un “disparate” apuntar contra el gobierno, porque el amparo lo dispuso una jueza que en su momento votó en contra de la Ley de Medios.

Sin embargo, el hecho fue repudiado desde todo el arco opositor, y en todos los casos atribuido al accionar oficial.

Por su parte, Adepa dijo que “observa con preocupación lo que parece constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra un medio de prensa y, por extensión a aquellas empresas periodísticas que expresan visiones críticas sobre la realidad nacional‘.

En un comunicado, Adepa afirmó que “más allá de los motivos que hayan llevado al magistrado a tomar esta medida, preocupa la metodología empleada y la espectacularidad que rodeó al operativo”.

Agregó que el operativo “tiene como antecedentes el procedimiento realizado por 200 inspectores de la Afip en la sede de esa empresa periodística y los bloqueos que impidieron que los ejemplares de los diarios Clarín y Olé llegaran a los lectores”.

“Durante este año, Cablevisión recibió 488 sanciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que representa más del 90 por ciento de las sanciones aplicadas por este organismo”, indicó.

Agregó que “por otro lado, esta semana el Senado se apresta a sancionar aceleradamente el proyecto oficial que permitiría al gobierno tener una injerencia abusiva en el mercado del papel para diarios”.