El actual Fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Dr. Jorge Barraguirre, por decisión personal, abandonaría su actual cargo para retornar a la actividad privada y a una de sus pasiones vocacionales, la docencia universitaria. Así se lo confirmaron a Diario UNO, fuentes bien informadas y de continuo trajinar por los pasillos de la Casa Gris.
Las mismas fuentes confirmaron que por estas horas, Barraguirre, tendría decido trasladarse a Buenos Aires en el primer semestre de 2012 con lo cual se abriría una fase de transición hasta que se analice en algunas áreas sensibles del gobierno entrante y sobre todo, del próximo titular del Poder Ejecutivo quien podría tomar su lugar ante la determinación personalísima que el prestigioso jurista tomó hace algunas jornadas atrás.
Mirando hacia adelante
A menos de dos semanas de la jornada de asunción del gobernador electo, Antonio Bonfatti -y de que entre en funcionamiento su remozado gabinete- la decisión que habría tomado Barraguirre es “sin vuelta atrás” según lo indicado por una altísima fuente estrechamente vinculada con el día a día de la Casa Gris. El asesor legal del poder Ejecutivo pondría punto final al trabajo realizado con la gestión socialista en defensa de los intereses de la provincia y se abocaría a funciones académicas y al ejercicio de la profesión de manera particular, con sede en Buenos Aires. Si bien el cambio aún no fue oficializado, fuentes del Ejecutivo indicaron a Diario UNO que la decisión de Barraguirre fue tomada por motu propio y “que no tiene marcha atrás”. En corrillos legislativos, hay quienes sostienen que el futuro del eximio abogado en la órbita estatal no está concluida, aunque esta posibilidad sólo podría emerger en algunos años. Otros arriesgan que la decisión estuvo vinculada con algunas diferencias mantenidas con algunos integrantes del gobierno provincial, pero que bajo ningún punto de vista fueron determinantes de la búsqueda de nuevos horizontes. Lo cierto es que hasta el momento, Barraguirre, guardó un prudente silencio y se mantuvo fiel a su perfil bajo y de superlativa contracción al trabajo que denotó su gestión en la fiscalía.
Un perfil intachable
Jorge Barraguirre es especialista en derecho administrativo y fue designado por el gobernador Hermes Binner en diciembre del 2007, en reemplazo de Irmgard Lepenies. Una de las medidas más emblemáticas adoptadas por Barraguirre en los últimos meses fue el dictamen -primero en su tipo en la provincia e inédito en el país- por el cual la Fiscalía de Estado reconoció el derecho de una persona transexual a modificar su nombre y género sin recurrir a las vías judiciales comunes.
El perfil de Barraguirre, y su corrimiento por decisión propia de la plantilla del Estado provincial, podría evaluarse como una pérdida sobre una modalidad de gestión que sumó aciertos ciertamente significativos. Barraguirre tenía una impronta que pugnaba por solucionar los conflictos en los que participaba y no de litigar hasta las últimas consecuencias sin reparos de ningún tipo. Es dable destacar que no veía al Estado como un litigante contra sus propios empleados, la impronta era evitar que los agentes públicos llegasen a un conflicto con el Estado. Si tenían algún tipo de conflicto, instaba a su resolución. De tal forma que encontró la salida para encarar y resolver situaciones que contemplaban deudas históricas, generadas en gobiernos anteriores, como el tema de los bancarios y la Policía, vale recordarlo, un juicio de 18 años, plagado de chicanas procesales que fue prolongándose con el tiempo hasta que los intereses sumaron una deuda multimillonaria mayor que el mismo capital.
Claridad procesal
A Barraguirre puede sumársele la reestructuración de la Fiscalía de Estado en grandes áreas y una escuela de capacitación de abogados del Estado. En más de una oportunidad dejó en claro que uno de sus mayores anhelos era la modificación al decreto 10204, trámite administrativo previo con la inclusión de tribunales administrativos. En términos concretos, su pretensión era la puesta en práctica de una justicia administrativa, donde la misma ley establezca tribunales administrativos distintos a los judiciales a los efectos de poder resolver los conflictos de los particulares con el Estado en sede administrativa, evitando llevar las acciones a los tribunales judiciales. Su alejamiento podría tomar varios meses, pero a nivel personal, sería cosa juzgada.
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