Para Binner, "va a ser muy difícil que un nuevo caso Godoy se vuelva a dar en la provincia"

El gobernador Hermes Binner presidió junto a una funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la rúbrica de la solución alcanzada para evitar sanciones internacionales contra el país. Es por el caso de Rubén Godoy, un albanil que pasó 19 años en prisión tras confesar un crimen bajo tormentos, y sin poder apelar la medida.

Esta mañana se realízó en Rosario un acto en el que se dio a conocer cómo por primera vez, la provincia de Santa Fe arribó a la solución amistosa de un caso que tramitaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneración de derechos de un ciudadano.
El caso tiene como protagonista a Rubén Luis Godoy, quien había denunciado su situación en esta instancia internacional, condenado en una causa penal por un hecho ocurrido hace 19 años. El nudo del conflicto es que a raíz del anterior Código de Procedimientos Penales se habrían vulnerado derechos de Rubén Godoy, incluido trato degradante y tortura, condenado en una causa penal por un hecho ocurrido hace 19 años. Agotadas las instancias judiciales locales, Godoy recurrió a la CIDH, con sede en Washington, donde su petición fue contemplada ya que el Código anterior violaba tratados internacionales.
Es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) había ordenado revisar la condena a prisión perpetua impuesta a un albañil a partir de una confesión ante la policía que el propio hombre denunció haber firmado bajo tormentos. Luego de analizar el caso durante más de una década, el organismo internacional concluyó que en el trámite judicial de la provincia se violentaron garantías, no se permitió al imputado apelar la sentencia y no se investigaron los apremios referidos por el acusado, que estuvo 19 años preso por un homicidio que asegura no cometió.
Esta mañana el gobernador Binner destacó que en virtud de “las muestras que se obtuvieron hasta la fecha sobre lo racional de este nuevo sistema de Justicia hablan a las claras de que un nuevo caso Godoy va a ser muy difícil que se produzca en la provincia”.
Durante la reunión -de la que participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y la relatora de la CIDH para la Argentina, Luz Patricia Mejía, entre otros- se dieron a conocer los alcances del decreto que el gobernador firmó la semana pasada para rubricar las obligaciones del Estado provincial en torno a la solución definitiva del caso (de lo contrario a la Argentina le habrían cabido sanciones ya que aunque las vulneraciones de derechos se produzcan en las provincias, las sanciones internacionales se aplican a los países).
Desde 2008 se realizaron una serie de reuniones para alcanzar un preacuerdo amistoso, al cual finalmente se arribó en agosto pasado. El mencionado preacuerdo ya ha sido homologado por la CIDH, en tanto el Estado santafesino terminó de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por un decreto del jueves pasado. Entre otras cosas, el preacuerdo implica la revisión del caso penal en la justicia local, el desarchivo de la causa por los apremios ilegales denunciados por Godoy, disponer las medidas legislativas y de otra índole para asegurar el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de derechos humanos, y la reparación de los daños.
Por su parte, Mejía dijo que “el caso Godoy es el caso de muchos hombres y mujeres que fueron juzgados por una Justicia selectiva, que no permitía garantías procesales”, y añadió que “este caso refleja que no sólo se trata de una realidad provincial sino de toda una región marcada por leyes que criminalizaron a la pobreza y que siguen haciéndolo en muchísimos de nuestros países”.