Una adolescente dio a luz a su hija yfue en contrada, tras estar con paradero desconocido, sin la criatura. El caso fue caratulado como supresión de identidad y tráfico de personas. La Justicia federal investiga un caso, caratulado por la jueza de Instrucción penal Nº6 Raquel Cosgaya.
El periodista Héctor López informó por Radio 2 que sigue desaparecido un bebé recién nacido cuya madre, una chica llamada Rocío, de 16 años , estuvo con paradero desconocido durante algunos días. Fue encontrada sin la criatura y aseguró que unas gitanas le robaron su beba.
Según el diario La Capital, la madre de la adolescente realizó una denuncia el 26 de julio pasado porque su hija, R.S embarazada de 9 meses, había desaparecido de la casa de una amiga. La mujer buscó a su chica en esa vivienda y también en la casa del novio.
Una amiga de la adolescente aseguró que la joven la fue a visitar el 27 de julio y que le pidió ropa porque la habían echado de la casa. También le habría dicho que el bebé era una nena, que cuando la fue a buscar al hospital ya la había retirado su madre, es decir, la abuela.
De acuerdo a fuentes policiales, el 30 de julio pasado, en inmediaciones de calle Ibáñez al 400, la policía recorrió la zona y vio un grupo de chicos, entre ellos, a la joven Rocío. La chica fue traslada a la dependencia en compañía de un amigo, el llamado Matías.,de 23 años, a quien por orden del juzgado se le tomó declaración testimonial y se retiro de la comisaría.
La menor habría manifestado que días antes dio a luz, en casa de unas gitanas, y que estas le retuvieron su hija. En este sentido, efectivos policiales se constituyeron en Oroño al 5000 donde procedieron al arresto de los imputados, los que fueron trasladados a la dependencia quedando a disposición del juzgado interviniente.
Los detenidos fueron identificados como Sonia M, Susana M y Carlos T., todos de la comunidad gitana.
El caso fue tomado por la justicia provincial y se abrió una causa penal en el Juzgado de Instrucción Nº 6, a cargo de Raquel Cosgaya. La magistrada caratuló el hecho como supresión de identidad y tráfico de personas y tras instruir algunas medidas, derivó el expediente al fuero federal.
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