Los dos acusados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. El fiscal apeló porque cree que hay "peligro de fuga" y para resolver esa apelación se suspenderá la feria judicial. Los defensores creen que es un privilegio por tratarse del gobernador.
Rosario 12 |
La defensa de los acusados por el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, en octubre de 2013, pidió la "revocatoria y nulidad" de que la apelación a las prisiones domiciliarias que cumplen se resuelva durante la feria judicial. Así lo determinó días atrás el juez Luis María Caterina, quien hizo lugar al pedido del fiscal Enrique Paz, para que los imputados Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval y el policía Pablo Espíndola vuelvan a prisión, ya que teme que se fuguen antes de llegar a juicio. Los abogados José Nanni y Marcos Cella advirtieron que si los imputados llegan a juicio, pedirán que sea oral y público. Ahora, reclaman que "no es urgente" el planteo de que vuelvan a prisión, como para que sea tratado en pleno receso de enero.
A mediados de diciembre pasado, la jueza Alejandra Rodenas les concedió arrestos domiciliarios a los imputados, luego de haberlos procesado por el hecho (en el caso de Sandoval) y por encubrimiento (para el policía). Frente a ello, la semana antes de que termine la actividad judicial, el fiscal Paz apeló esa decisión y pidió habilitación de feria para que se realice la audiencia en la Cámara Penal, con la idea de que se revoque las domiciliarias. Los abogados salieron rápidamente al cruce de ese planteo y de la decisión del juez Caterina, quien elevó el planteo a la Alzada, que deberá admitir o rechazar el pedido del fiscal.
"Si bien somos concientes de la gravedad de que se produzca un atentado a la casa del gobernador, no por ello hay que pisotear las normas y la Constitución, y violar principios constitucionales para poder satisfacer fines políticos. Porque en definitiva lo que hay tras esta causa es una evidente campaña política", expresó Nanni.
Por su parte, el abogado Cella señaló. "Mi cliente estuvo un año preso y de ese tiempo, ocho meses pasó adentro de un buzón de castigo, donde se lastimó psicológicamente", se quejó.
En su escrito, Nanni se quejó: "El fiscal tiene a su alcance todos los medios del estado para controlar las detenciones domiciliarias y en el caso de mi defendido, nunca lo hizo. Solo argumenta sobre posibles e hipotéticos riesgos de frustración de la investigación, cuando la misma se encuentra terminada, las pruebas se han recopilado en su totalidad, y no hizo absolutamente nada para solicitar a la autoridad competente un control sobre la detención domiciliaria de Espíndola. Si el Fiscal entiende que puede haber frustración a los fines del proceso, que ordene a la policía que controle a Espíndola, que pruebe sus dichos y no sólo pretenda habilitar feria para la sustanciación de un Recurso de Apelación (el cual no es admisible). Los casos en los cuales se habilita feria judicial son de absoluta urgencia de poder frustrase alguna medida judicial, cosa que no ocurre en los presentes".
Tras la decisión que tomó en su momento la jueza Rodenas de otorgar la prisión domiciliaria a los procesados, la magistrada había declarado públicamente que "me hubiera sido de gran utilidad que la querella hubiese aportado muchas más pruebas y elementos contundentes" como para denegar el beneficio de la prisión domiciliaria a los acusados, sobre todo teniendo en cuenta las críticas que desató en su momento esa decisión. En defensa de la doctora Rodenas, fuentes tribunalicias señalaron a los medios que "no había demasiados elementos" como para que los imputados siguieran detenidos en un cárcel común. Ahora los abogados defensores sostienen que sus clientes se someten a todos los controles que implica el régimen de prisión domiciliaria y por eso también rechazan la apelación del fiscal.
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