Los dos procesados por el ataque a tiros de la casa del Gobernador Bonfatti están con prisión domiciliaria, como lo dispuso en su momento la jueza Rodenas. El Ministerio Público pedirá que se resuelva el recurso en pleno receso de verano en Tribunales.
/Rosario 12 |
El fiscal Enrique Paz apeló ayer la prisión domiciliaria concedida hace diez días a los dos procesados por el ataque a tiros de la casa del gobernador Antonio Bonfatti, el 11 de octubre de 2013. El representante del Ministerio Público quiere que Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval y el policía Pablo Espíndola vuelvan a prisión, ya que irán a juicio acusados por el hecho cometido en Gallo y Darragueira. El 19 de diciembre, la jueza Alejandra Rodenas les concedió arrestos domiciliarios con controles estrictos a ambos, pero la fiscalía fue en queja. Aquella resolución generó cortocircuitos con la querella del mandatario, por esos días; y la magistrada justificó su decisión. Incluso, Paz adelantó que este viernes presentará un pedido de habilitación de feria para que su planteo sea resuelto pese al receso de verano en Tribunales, que comienza hoy. La defensa de uno de los imputados aseguró que "no debería abrirse el recurso de apelación", ya que lo resuelto por Rodenas "no causa gravamen irreparable ni es un fallo definitivo; como plantea la ley", dijo el abogado Marcos Cella.
"Ema Pimpi" está acusado como autor material y también por los delitos de amenazas agravadas por el anonimato, uso y abuso de arma de fuego y daños. En el fallo de procesamiento, la jueza Rodenas lo acusó de integrar el "grupo de personas que, en motos y un auto de apoyo, efectuaron múltiples disparos con arma de fuego de guerra calibres 9 y 11.25 milímetros" contra el frente del domicilio del gobernador; también le achacó la "portación ilegítima de las armas de guerra utilizadas". Por eso, luego de un año de prisión, fue procesado como "planificador, organizador e instigador del hecho". Mientras que a Espíndola, ex oficial de la comisaría 10ª, que comandaba Roland Cuñé --con jurisdicción en el barrio donde vive Bonfatti--, se lo acusó por encubrimiento agravado, ya que la jueza probó que tenía contacto con Sandoval. Además, cuando fue arrestado el 5 de diciembre de 2013 --luego de que a fines de noviembre de ese año trascendiera información que apuntaba que en la comisaría 10ª estaba el arma con la que se efectuaron los disparos a la casa del gobernador--, le secuestraron una pistola calibre 11.25, que fue utilizada en el atentado.
Un mes después de haberlos procesado, Rodenas resolvió favorablemente un planteo de la defensa de los dos acusados. La decisión de la magistrada se basó en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la provincia. Sucede que Sandoval no tiene antecedentes penales, pese a que estuvo mencionado en varias causas, y según aseguró su defensa en el pedido está bajo custodia de su madre, y su situación no revestiría un peligro procesal o de fuga. En tanto, Espíndola no podrá salir de su domicilio sin autorización previa, entre otros requerimientos y controles establecidos.
Sin embargo, esos requisitos no resultaron suficientes para el fiscal, que ahora apeló la decisión, y será la jueza quien deberá admitir el recurso. De ser así, éste llegará a la Oficina de Gestión de 2ª Instancia --del nuevo sistema penal-- para que un camarista resuelva el cuestionamiento. "La ley 13.004 dice que sólo es apelable aquello que cause gravamen irreparable o sea una sentencia definitiva. De hecho, la querella dijo en otros medios que no va a apelar, sino que solo objetaban la decisión de la jueza. No entiendo al fiscal. La jueza Rodenas deberá ver si lo admite para que llegue a la Cámara Penal; y si llega lo van a rechazar, porque se violaría la ley y el principio de igualdad", se quejó Cella, abogado de "Ema Pimpi". Además, dijo que "si lo abren, se vendrá una avalancha de recursos, porque hasta ahora todos fueron rechazados --en el nuevo sistema-- si no hay cuestiones excepcionales como las que mencioné".
Sandoval y Espíndola fueron los únicos acusados en la causa, ya que en su resolución del 12 de noviembre, la jueza les dictó falta de mérito a otros tres jóvenes que habían sido detenidos a pocos días del hecho.
El fallo de noviembre señala: "Los móviles que habrían animado el accionar de los imputados parecerían diluirse en una serie de hechos específicos y territoriales contra quienes persuadidos de la gravedad de los hechos acontecidos en la zona con el comisario Ronald Cuñé y el inspector de zona Bengoechea inician una tarea vinculada a la erradicación de los episodios de conflicto, a resultas de la cual se sucede el atentado al gobernador en vano intento de sostener influencias en la zona".
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