Todo se expone en audiencias orales y públicas. Sólo los fiscales investigan y ya no los jueces, que escuchan y resuelven. Buscan un sistema menos secreto y más eficaz.
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La forma de investigar y enjuiciar los ilícitos en territorio santafesino adopta a partir de mañana una forma histórica diferente. Se trata de un cambio de reglas de juego en el sistema de enjuiciamiento entre cuyos rasgos fundamentales predominan dos. Por un lado, todo lo relativo al proceso del hecho delictivo —una estafa, un robo, el enriquecimiento ilícito, un homicidio— se hace en audiencias de libre acceso en las que todo se expone en forma oral. La otra cualidad destacada es que el juez deja de tener participación en la investigación. Su único rol será escuchar a los fiscales que imputan al acusado y a los defensores que lo representan para dirimir cual de las partes tiene razón.
El trascendental cambio implica modificaciones fundamentales en los procedimientos y en la infraestructura de la Justicia Penal de Santa Fe. El actual modelo de juicio escrito, al que caracterizan la oscuridad y el secreto de sus formas antidemocráticas, seguirá rigiendo para los delitos que se cometan hasta las 12 de esta noche. Las causas en trámite dentro de este esquema seguirán a cargo de una dotación reducida de funcionarios judiciales hasta que se vayan resolviendo o archivando. Pero a partir del primer minuto de mañana toda acción ilícita se ventilará en audiencias orales. El habitual paisaje de estanterías atiborradas de expedientes se irá convirtiendo en cosa del pasado.
El cambio. El desafío que espera al modelo que viene no es modesto. Se trata de dejar atrás un régimen de perfiles odiosos: lejano a los ciudadanos, poco contemplativo con las víctimas de delitos, agresivo hacia los derechos de los acusados e ineficaz en extremo para esclarecer los hechos. El modelo inquisitivo de juicio que queda atrás deja como legado la selectividad, dado que se concentra en perseguir los delitos de los más débiles, y la impunidad. En Rosario, por caso, la tasa de esclarecimiento de homicidios está por debajo del 50 por ciento.
Uno de los objetivos centrales es encontrar mayor rapidez en los trámites. Se prevé que cuando el sistema cobre agilidad existirán casos en los que un imputado podrá ser llevado a juicio dos semanas después de ser detenido. Hoy es común, cuando hay detenidos procesados, que la instancia de juicio escrito se celebre pasados los dos años, lo que incluso es ilegal.
Un capítulo esencial del sistema entrante es asignarle a la víctima del delito un lugar de prioridad. Debe ser escuchada, respetada y atendida no solo por ser algo elemental en un Estado democrático. También porque puede proporcionar información y eventualmente prueba al fiscal, lo que redunda en una investigación exitosa. La víctima puede además convertirse en querellante para ser parte en el juicio.
En esta etapa no está previsto que se integre un jurado de ciudadanos comunes para pronunciarse sobre la inocencia o culpa de la persona sometida a juicio. Quien resuelve en tal sentido es un tribunal integrado por jueces.
El funcionamiento del nuevo modelo penal es el resultado de un largo proceso que empezó con la sanción del Código Procesal Penal, en agosto de 2007, impulsado por el gobernador Jorge Obeid (ver aparte). En la gestión de Hermes Binner se sancionaron las leyes para la creación de sus dos organismos fundamentales: el Ministerio Público de la Acusación, que congrega a los fiscales, y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a todos los defensores públicos. Los integrantes de ambos organismos debieron sortear concursos públicos y contar con aval legislativo para ser designados.
Estos dos organismos se dividen en la provincia en cinco ámbitos: hay fiscalías y defensorías regionales en Reconquista, Santa Fe, Rafaela, Rosario y Venado Tuerto.
Los fiscales son los encargados de la investigación. Les compete conducir a la fuerza policial que se encargue de los hechos necesarios para ubicar a los sospechosos de delitos y acopiar las evidencias en su contra. Esto supone controlar la recolección de las pruebas y de las pericias, elaborar informes de las diligencias necesarias, identificar a los testigos y buscar información. A los defensores les toca asistir desde el instante de la detención a la persona imputada y estar presente en todos los actos procesales. Algo que hoy el sistema público está muy lejos de garantizar.
La consolidación del nuevo sistema llevará tiempo. Algo es seguro: los errores en los primeros tiempos serán muy notorios. Las investigaciones policiales deficientes se advertirán en las audiencias. No será raro que un fiscal desista de acusar al notar que los elementos contra un imputado son inconsistentes o las pruebas mal preservadas. Ya no bastará que le imputen a un detenido un delito mediante un escrito en un acta: el juez pedirá al fiscal que muestre evidencia concreta que vincule al acusado al delito. Si no le ordenará irse.
El sistema poner eje en la solución del conflicto antes que el castigo siempre mediante la cárcel. La prisión es necesaria muchas veces. Pero otra a la víctima, ante delitos menores, pueden interesarle salidas alternativas. Por ejemplo un acuerdo a través de una mediación penal en la que el ofensor repara el daño causado a la víctima por su hecho delictivo.
El nuevo régimen penal puede agravar el colapsado sistema de alojamiento de detenidos según los criterios que se adopten para la prisión preventiva. En Chile, por ejemplo, el juicio oral achicó la impunidad aumentando el número de personas detenidas. Pero la imprevisión para ubicarlas tuvo efectos trágicos en establecimientos súbitamente superpoblados.
Entre quienes frecuentan el sistema penal no asoman partidarios del modelo que termina. Pero sí se escuchan críticas respecto de los defectos con los que empieza el nuevo. El defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganon, cuestionó la semana pasada que el régimen empieza sin una estimación adecuada de cuántas audiencias va a haber, de dónde se van a realizar, y de cuántos jueces se necesitarán. Esto es rechazado desde el Poder Ejecutivo.
Ganón afirma además que no deben esperarse logros al trabajar con la policía provincial. "Puede haber muy buena voluntad y predisposición, pero seguir trabajando con el mismo cuerpo policial no va a cambiar en esencia absolutamente nada. El veto que hizo el Ejecutivo en la ley de Policía Judicial es un golpe contundente a cualquier posibilidad de cambio en las investigaciones, especialmente las complejas", dijo.
El fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, señala que la prioridad desde mañana será solucionar el conflicto a la víctima. "Si vemos un accidente de tránsito en el cual queda una persona en el suelo, ¿qué hacemos? No pensamos primero en meter preso al conductor, salimos corriendo a asistir a la víctima. Hay víctimas que quieren venganza, pero otras buscan un castigo justo, otras una reparación. Tenemos salidas alternativas como la mediación, la probation. Es cierto que no se van aplicar a homicidas, pero las cárceles no están llenas de homicidas. Esto va a requerir ensayo y error. Después haremos un balance para saber qué hay que corregir".
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