Para constitucionalistas, en cambio, gozan de intangibilidad de remuneraciones. En Tribunales aseguran que tras la reforma constitucional el Ministerio Público es autónomo y queda al margen de la acordada que la Corte Suprema efectuó en 1996
El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”, detalla en la sección cuarta de la Constitución Nacional el artículo 120. Ese extracto, según le relataron fuentes judiciales a El Cronista, deja al margen a los fiscales y defensores oficiales de la acordada 20/96 de la Corte Suprema, en la que los jueces quedan exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias. Según el documento al que tuvo acceso este diario, debido a su independencia del Poder Judicial, los miembros del Ministerio que integran la Procuradoría General y la Defensoría General de la Nación deben pagar Ganancias como el resto de la ciudadanía.
Existen versiones encontradas respecto a la aplicación de la acordada que en 1996 firmó Julio Nazareno. Desde el ámbito judicial aseguran que fiscales y defensores, tras la reforma constitucional de 1994 que asegura la autonomía del Ministerio Público, quedaron afuera de la 20/96 y, por consiguiente, deben abonar Ganancias. Sin embargo, constitucionalistas consultados señalan que en el último párrafo del artículo 120 se deja bien en claro que los miembros del Ministerio Público “gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”, es decir, que sus sueldos no pueden sufrir modificaciones.
En esa línea se expresa el especialista Félix Loñ. “Está claro que no están obligados a pagar Ganancias, aunque debería existir una acordada similar a la que respalda a los jueces”, expresa. Además, Loñ agrega que “de implementarse el pago de Ganancias en los empleados judiciales, el impacto en el salario podría ser muy fuerte”. Al respecto, propone “aumentar el equivalente al impuesto a los actuales empleados” y empezar a incluir el arancel a quienes se incorporen al Poder Judicial o al Ministerio Público.
El Cronista intentó, sin éxito, comunicarse con la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, para conocer su parecer sobre la aplicación del artículo 120. Gils Carbó encabezó la semana pasada uno de los encuentros de la agrupación “Justicia Legítima” y promovió, junto con otros magistrados cercanos al kirchnerismo, el pago de Ganancias. De ese evento también formó parte Stella Maris Martínez, Defensora General, quien también se manifestó a favor de abonar el impuesto para igualarse con la sociedad.
En relación a esos encuentros, en la Corte comentaron que “muchos de los que asisten son amigos nuestros”, aunque aclararon que “las peleas de vecinos no las compramos”. Además, sugirieron que quienes abogan por el pago de Ganancias pueden hacerlo, ya que “nadie lo prohibe” y destacaron que hay ministros de la Corte que lo pagan “desde hace 30 años”. Sobre Gils Carbó –y también en referencia al ministro de Justicia Julio Alak–, mostraron su disgusto por la ausencia en el acto de inicio del año judicial. “No nos pareció bien”, dijeron.
El viernes pasado, durante la apertura de sesiones legislativas y en el marco de una serie de reformas judiciales que pidió al Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a la Corte Suprema respecto a la aplicación del impuesto. “La Ley existe, es la 24.631, pero también está la acordada que sancionó Nazareno en 1996, por lo cual la única que puede modificar su jurisprudencia es la Corte”. En el alto tribunal apoyan la moción de que los jueces paguen Ganancias, aunque temen que una medida en ese sentido derive en una rebelión de los empleados del sector. Hoy, por ejemplo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que dirige Julio Piumato, convocó a a concentrarse frente a Tribunales a las 12 bajo la consigna “el salario no es ganancia”.
Existen versiones encontradas respecto a la aplicación de la acordada que en 1996 firmó Julio Nazareno. Desde el ámbito judicial aseguran que fiscales y defensores, tras la reforma constitucional de 1994 que asegura la autonomía del Ministerio Público, quedaron afuera de la 20/96 y, por consiguiente, deben abonar Ganancias. Sin embargo, constitucionalistas consultados señalan que en el último párrafo del artículo 120 se deja bien en claro que los miembros del Ministerio Público “gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”, es decir, que sus sueldos no pueden sufrir modificaciones.
En esa línea se expresa el especialista Félix Loñ. “Está claro que no están obligados a pagar Ganancias, aunque debería existir una acordada similar a la que respalda a los jueces”, expresa. Además, Loñ agrega que “de implementarse el pago de Ganancias en los empleados judiciales, el impacto en el salario podría ser muy fuerte”. Al respecto, propone “aumentar el equivalente al impuesto a los actuales empleados” y empezar a incluir el arancel a quienes se incorporen al Poder Judicial o al Ministerio Público.
El Cronista intentó, sin éxito, comunicarse con la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, para conocer su parecer sobre la aplicación del artículo 120. Gils Carbó encabezó la semana pasada uno de los encuentros de la agrupación “Justicia Legítima” y promovió, junto con otros magistrados cercanos al kirchnerismo, el pago de Ganancias. De ese evento también formó parte Stella Maris Martínez, Defensora General, quien también se manifestó a favor de abonar el impuesto para igualarse con la sociedad.
En relación a esos encuentros, en la Corte comentaron que “muchos de los que asisten son amigos nuestros”, aunque aclararon que “las peleas de vecinos no las compramos”. Además, sugirieron que quienes abogan por el pago de Ganancias pueden hacerlo, ya que “nadie lo prohibe” y destacaron que hay ministros de la Corte que lo pagan “desde hace 30 años”. Sobre Gils Carbó –y también en referencia al ministro de Justicia Julio Alak–, mostraron su disgusto por la ausencia en el acto de inicio del año judicial. “No nos pareció bien”, dijeron.
El viernes pasado, durante la apertura de sesiones legislativas y en el marco de una serie de reformas judiciales que pidió al Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a la Corte Suprema respecto a la aplicación del impuesto. “La Ley existe, es la 24.631, pero también está la acordada que sancionó Nazareno en 1996, por lo cual la única que puede modificar su jurisprudencia es la Corte”. En el alto tribunal apoyan la moción de que los jueces paguen Ganancias, aunque temen que una medida en ese sentido derive en una rebelión de los empleados del sector. Hoy, por ejemplo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que dirige Julio Piumato, convocó a a concentrarse frente a Tribunales a las 12 bajo la consigna “el salario no es ganancia”.
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