Es una megaguardería náutica. El privado que la proyectó quiere explotarla 40 años. La ley permite 20.
Los ediles de la comisión de Planeamiento del Concejo
Municipal rechazaron de forma unánime y devolvieron al Ejecutivo un
millonario proyecto para construir una megaguardería náutica en la zona
Puerto Norte. La propuesta llegó al Palacio Vasallo bajo el régimen de
iniciativa privada en diciembre del año pasado por parte de la firma
Inversiones y Mandatos SA, quienes en la zona ya levantaron las Torres
Dolfines Guaraní. El motivo del revés fue que la empresa que propone y
ejecuta la obra quería para luego una concesión del servicio de 40 años,
con opción a cinco más, cuando la ordenanza que regula este tipo de
proposiciones permite un máximo de 20.
En tanto, algunos ediles opositores cuestionaron al municipio al
plantear que el proyecto ni siquiera debería haber llegado al
legislativo local al no cumplir dicho aspecto de la normativa. Ahora
habrá que ver qué resuelve la administración que encabeza Mónica Fein y
qué es lo que hace también la firma en cuestión; si insiste y reformula o
no su idea.
Según explicó el presidente de la comisión de Planeamiento del Concejo
Municipal, el radical Jorge Boasso, el proyecto fue rechazado por
unanimidad en ese espacio al no ajustarse a lo dispuesto en la ordenanza
que regula los llamados proyectos de iniciativa privada. La propuesta
de la firma violaba el punto de la normativa que fija un límite de 20
años a la explotación comercial de la obra que licita el municipio, pero
que responde a la propuesta inicial de la empresa.
La ordenanza de iniciativa privada fija que, una vez presentada
formalmente una idea, el municipio tiene 60 días para evaluar si la
declara de interés municipal y (si así lo considera) elevar al Concejo
los pliegos de la licitación de la obra. Después, los ediles tienen
cinco sesiones para expedirse. Si en el Palacio Vasallo la propuesta es
aprobada, los autores del plan corren con ventaja a la hora de la
licitación de los trabajos.
En este caso, el privado busca explotar el emprendimiento en la vera del
Paraná por 40 años, con opción a 5 más. La idea es invertir nada más ni
nada menos que 80 millones de pesos. La propuesta lleva la firma de
Inversiones y Mandatos, del empresario local Aldo Lattuca, desarrollador
de las mega torres Dolfines Guaraní (los dos edificios que ya se
convirtieron en los más altos de la ciudad) y Embarcadero, además del
inmueble de oficinas Nordlink, todo también en la zona de Avenida
Francia y la costa.
A estas construcciones es que el empresario planifica agregar dicho
puerto deportivo, con capacidad para 400 embarcaciones, soterrado en el
sector costero que está justo “delante” de sus proyectos y con un frente
de 440 metros sobre la barranca. Cuando se conoció públicamente la
idea, en octubre del año pasado, desde el municipio explicaron que en
esa zona también estaba previsto que el privado se haga cargo de otras
obras y su consecuente mantenimiento, interviniendo en unos 15 mil
metros cuadrados de la zona renovando la parquización y con la
colocación de césped, arbolado y equipamiento urbano, como barandas de
acero, bancos, cesto y columnas de iluminación
Lo cierto, es que lo que llama la atención en este caso es que el
Ejecutivo haya girado el proyecto al Palacio Vasallo sabiendo que la
propuesta violaba la ordenanza de iniciativa privada. Boasso sostuvo
precisamente que era el municipio quien “tendría que haberles dicho a
los empresarios que el proyecto no se ajustaba a la ordenanza.”. “No se
debió viabilizar el pedido. No entiendo porqué se manda, es muy gruesa
la cuestión”, indicó luego.
Al respecto, y por su parte, el edil del PJ Diego Giuliano, también
integrante de la comisión de Planeamiento, explicó que “en general no se
devuelven este tipo de iniciativas. Pero acá lo que se trató es de
mostrar lo inapropiado que significa mandar proyectos fuera de la
norma”. “Desde el municipio muchas veces se considera que el Concejo es
una escribanía para resolver lo que ellos no pueden. Y eso hay que
desterrarlo, generando premisas para que no se dé el festival de
excepciones que pretende el Ejecutivo”, añadió con dureza.
En la misma línea, desde el propio Concejo otra fuente opositora a la
coalición gobernante en la ciudad fue tajante. “Acá hay tres opciones; o
en el Ejecutivo nos quisieron toman por tontos a los concejales, o son
tontos ellos, o se quisieron hacer los tontos. Y a mí me parece que lo
que sucedió es esto último”, sostuvo ofuscado el edil en cuestión.
En tanto, el otro dato llamativo es que en la comisión de Planeamiento
la devolución del proyecto al Ejecutivo también contó con el aval de los
dos ediles socialistas que integran ese espacio; Viviana Foresi y
Manuel Sciutto, quien es además presidente del bloque oficialista.
Consultada por este medio, Foresi sostuvo que se creyó que la “mejor
opción” era que la iniciativa vuelva al municipio para que la
administración local “vea con el interesado cómo seguir”. “Fue una
devolución. Una forma de archivarlo al tema, lo que no es lo mismo que
un rechazo. La idea es que se ate a la normativa vigente porque si no
está claro que no tiene consenso. Si el tema no llega con acuerdos al
recinto no tiene sentido seguir adelante”, se sinceró Foresi.
El antecedente más inmediato de naufragio de un proyecto de iniciativa
privada es el que buscaba construir una cochera subterránea en la plaza
San Martín. Allí, la firma extranjera Ingenconser, quien también tiene
intereses en Puerto Norte ya que es la desarrolladora de de uno de los
emprendimientos de alta gama de la zona, quería ejecutar y luego
quedarse con la explotación del estacionamiento por 35 años. El hecho
desató un verdadero papelón la madrugada del 8 de diciembre pasado
cuando tras un áspero debate y durísimas acusaciones de varios ediles
opositores el Concejo rechazó el proyecto.
Ahora habrá que ver qué resuelve la administración que encabeza Mónica
Fein (ver aparte) y qué es lo que hace también la firma en cuestión; si
insiste y reformula o no su idea.
Fein cree que hay que reconsiderar la normativa
Fuentes consultadas explicaron que las opciones para el Ejecutivo si
decidiera insistir con la propuesta tal cual está planteada por el
privado (con 40 años con opción a cinco más para la explotación del
negocio) pasarían por diseñar un pedido de excepción a la reglamentación
vigente.
Si no, otra cuestión (la cual llevaría un debate más extenso y también
tendría que pasar para ser modificado por el Concejo Municipal) es la de
rever los plazos de concesiones vigentes en la ordenanza de iniciativa
privada.
En una entrevista brindada a este medio el 9 de enero de este año, la
intendenta de la ciudad, Mónica Fein, planteó la necesidad de que se
vuelva a considerar ese punto de la normativa. “La ordenanza de
iniciativa privada tiene 10 años. Era de cuando proponíamos que las
constructoras no pagaran la inscripción para terminar edificios porque
la situación económica era otra. Me parece bien que esa normativa se
revea en este marco del país. Inversiones de alta magnitud muchas veces
requieren mayor tiempo de recupero. Y los momentos donde se viene a
invertir debemos aprovecharlos”, había sostenido la mandataria.
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