El 2 de febrero de 1971 se firmó
en la ciudad iraní de Ramsar la Convención Internacional sobre los
Humedales y por esta razón cada año organismos oficiales, organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos interesados realizan actividades para
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de preservar estos
espacios naturales.
El 2 de febrero de 1971 se
firmó en la ciudad iraní de Ramsar la Convención Internacional sobre los
Humedales y por esta razón cada año organismos oficiales,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados realizan
actividades para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de
preservar estos espacios naturales. En Rosario la conmemoración no tuvo
más que expresiones de rechazo hacia la ley recientemente sancionada por
Entre Ríos para la privatización de sus islas fiscales y la derogación
de otra que preservaba estas tierras de la siembra y la fumigación.
Gracias a la convocatoria de la página
de Facebook "¡El Paraná no se toca!", más de 500 personas entre vecinos
autoconvocados, centros de estudiantes, entidades ecologistas y
movimientos políticos, entre otras organizaciones, se congregaron ayer a
partir de las 19 frente al Monumento a la Bandera para protestar
pacíficamente contra la iniciativa entrerriana y también en adhesión a
la marcha nacional contra la megaminería en Famatina. Un trozo de arco
iris que apareció a lo lejos, sobre el humedal y hacia el nordeste,
acompañó también a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se
presentaron con pancartas. Promediando las 20, algunos tambores y una
batucada se sumaron a la cada vez más numerosa concurrencia, que se
engrosaba con deportistas y peatones que ocasionalmente pasaban por el
lugar.
Defensa. Algunos
estaban muy empapados en el tema, otros no tanto, pero averiguaban entre
la muchedumbre "cómo es esto de que quieren sembrar arroz en las islas"
y no dudaban en firmar las planillas que circularon y que se anexarán a
una nota que será enviada al defensor del pueblo, Anselmo Sella. La
misiva advierte entre otros puntos que la ley sancionada en Entre Ríos
"viola el principio precautorio de la ley General Ambiental y el
artículo 41º de la Constitución Nacional, como también los acuerdos
interprovinciales del Piecas DP (Programa Integral Estratégico para la
Conservacion y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) y las
normativas locales que declara a esta zona como reserva natural de usos
múltiples".
Entre los manifestantes estaba el
fotógrafo de la naturaleza "Guarú", responsable del blog
www.rioparana.wordpress.com, quien expresó su preocupación por el
destino del humedal. "Es necesario contar lo que está pasando, abrir
cabezas", remarcó. Junto a él había un grupo de kayakistas y usuarios
del río, amantes de las islas, quienes expresaron que al conocer la
noticia de la sanción de la polémica norma "nos declaramos en alerta". Y
adelantaron que no descartan incorporar algún tipo de protesta en el
próximo raíd Rosario-Victoria, programado para el 11 y 12 de febrero.
"Pocos conocen la riqueza del Delta y
que en nombre del progreso se puede hacer un desastre. No hacemos un
cuestionamiento político o económico, ni nada que se le parezca. Nos
motiva el amor que sentimos por nuestro río, sus características y las
satisfacciones que nos da a quienes lo recorremos y lo valoramos",
expresó José Gabriel "Pepe" Suárez, quien se define como un kayakista
explorador.
Difusión. La sanción
sobre tablas y sin discusión de la ley 10.092 por parte de la
Legislatura entrerriana no tuvo en principio demasiada difusión. Fue sin
duda el ecologista Jorge Daneri, miembro de la Fundación Mbiguá de
Paraná, quien dio la voz de alerta sobre los alcances y los riesgos que
la norma representa para uno de los pocos humedales del planeta.
Las notas de opinión del ecologista
hicieron dimensionar la gravedad o el impacto de una ley que establece
transformar para volver productivas unas 200 mil hectáreas de tierras
inundables vírgenes, un pulmón verde único por su biodiversidad, un
patrimonio ambiental invaluable que de acuerdo a la norma pasará a manos
de una sociedad anónima sugestivamente denominada "Arroceros del
Delta".
Lo alarmante, más allá de una serie de
declaratorias y ordenanzas que en teoría quedarían sin efecto ya que la
10.092 declara que será vetada "toda otra norma que se oponga a los
fines" de la iniciativa, es la derogación de la ley Nº 9.603. En su
articulado, ésta contemplaba la protección de las islas fiscales a
través de la prohibición de la siembra y la fumigación.
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