La diputada provincial Alicia
Gutiérrez sumó ayer su voz, de manera reflexiva, a las manifestaciones
de repudio a causa de los beneficios de salidas transitorias que les
otorgó la Justicia santafesina a los condenados represores Víctor Brusa
(ex juez federal), Eduardo Curro Ramos (ex policía) y María Eva Aebi (ex
guardiacárcel).
La diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI
en el Frente Progresista) sumó ayer su voz, de manera reflexiva, a las
manifestaciones de repudio a causa de los beneficios de salidas
transitorias que les otorgó la Justicia santafesina a los condenados
represores Víctor Brusa (ex juez federal), Eduardo Curro Ramos (ex
policía) y María Eva Aebi (ex guardiacárcel).
Una de las expresiones de repudio que se hicieron oír
con mayor intensidad fue la de Patricia Isasa, querellante y víctimas
de los crímenes por las cuales fueron condenados Brusa y los demás
represores. Isasa calificó de "un espanto" la resolución del tribunal y
dijo que sintió "una gran indignación" y que "no se puede dar semejante
privilegio a asesinos seriales".
"Yo reclamo ética, moral, un poco de cordura", dijo
Isasa, y agregó que "sencillamente, me parece un escándalo, es un
privilegio que se le suma a otros que ya tuvieron y tienen". En ese
sentido, ejemplificó que en la causa hay algunos que están en una cárcel
y otros no".
Por su parte, tras declarar "un absoluto respeto por
todos y cada uno de los testigos que pusieron el cuerpo en los oscuros
años de la dictadura, hoy dando testimonio ante los jueces, y frente
mismo a sus torturadores y secuestradores, acusándolos en el mismo
recinto", dijo estar igualmente "convencida que el avance de las causas y
las sentencias obtenidas son fruto de un trabajo colectivo y no de
actitudes individuales".
Luego dijo "comprender y acordar" con la bronca que
expresa Patricia Isasa al ver que Brusa, Ramos y Aebi tienen la
posibilidad que les da la Justicia federal de salidas transitorias",
tras lo cual se permitió expresar otras "consideraciones por parte de
quienes somos testigos y querellantes en las causas por delitos de lesa
humanidad".
Recordó que "se nos ofreció en su momento la
posibilidad de acogernos al Programa de Protección de Testigos y
Querellantes de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de
Santa Fe, en 2008, con medidas que van desde el monitoreo telefónico, la
asistencia económica para viajes y estadías hasta la asistencia
psicológica y/o jurídica".
"Cada uno de nosotros pudo tomar lo ofrecido, de
acuerdo a sus necesidades o evolución de los probables riesgos que
corría. Fueron decisiones personales de cada uno. No puede desconocer
Patricia Isasa, como funcionaria nacional, que el Programa de Protección
de Testigos y Querellantes de Santa Fe, junto al de Córdoba, fueron
tomados de modelo para el resto de las provincias y para la Nación, dado
que aún no lo tienen. Como también una unidad especial de protección
(UEP), única en el país, cuyos miembros fueron rigurosamente
seleccionados y en el cual tuvo opinión la Comisión de Derechos y
Garantías de la Cámara de diputados que integré oportunamente. Tampoco
puede desconocer que están bajo protección del programa en distintas
modalidades alrededor de 200 testigos y querellantes en toda la
geografía santafesina", continuó Gutiérrez, contrapesando la furibunda
manifestación de bronca de Isasa.
"Las decisiones del área fueron tomadas por consenso
—siguió al legisladora provincial— con la participación y consulta
permanente de los organismos de derechos humanos y de los beneficiarios
del programa".
"Quizás habría que recordar que cuando en 2007 asume
el Frente Progresista, del programa solo existía un título y buenas
intenciones. Esto demuestra a las claras, la decisión política tomada
por el gobierno del Frente Progresista, a través de Hermes Binner y su
gabinete. Hoy vemos con satisfacción que este rumbo se sigue
profundizando con el gobernador Antonio Bonfatti", completó la
legisladora del SI.
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