PROV. STA FE/Banquinas libres de cultivo

Pueblos Fumigados solicitó a la provincia que acelere el cumplimiento de una resolución que prohíbe sembrar al costado de las rutas. Por este pedido, evalúan un operativo de destrucción de sembradíos.

Integrantes del colectivo Pueblos Fumigados presentaron en las últimas horas antela Dirección Provincialde Vialidad un pedido formal para que esa repartición cumpla con el papel de autoridad de aplicación que le adjudica la resolución del Comité Interministerial de Salud Ambiental, por la cual se prohíbe utilizar las “banquinas” para tareas agrícolas intensivas. La preocupación de los vecinos se encendió luego de que el diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe publicara declaraciones de funcionarios de Vialidad en las que admitían que “esta cosecha se va a poder levantar”. O lo que es lo mismo: que la norma comenzaría a regir efectivamente en el futuro. Para más, los denunciantes aportaron fotos en las que se ve que la dependencia provincial encargada de hacer cumplir la resolución de marras “limpia” de malezas las bases de sus carteles de señalización vial precisamente con herbicidas.
El tema es complejo, la presión económica que implican la ganancia de los cultivos transgénicos –asociados al uso intensivo de agroquímicos– es alta. Y algunas comunas recibían beneficios sustanciales, relativos a sus exiguos presupuestos, por la siembra en los corredores de dominio público que median entre las rutas y los alambrados de los campos privados.
Desde Pueblos Fumigados se informó sobre sembradíos que eluden la prohibición en la ruta provincial 280 entre la localidades de Eusebia y Colonia Aldao, en la ruta provincial 80 entre Progreso y Hipatia, en la 4 en Cululú y en la 93 entre Cañada de Ucle y Chañar Ladeado. Con todo, informaron que a mediados de enero realizarán un relevamiento general de toda la provincia, ya con un recuento definitivo una vez que haya pasado la época de siembra.
La prohibición de utilizar los terrenos fiscales a la vera de las rutas provinciales para “fines agrícolas” fue instaurada en marzo pasado mediante una resolución conjunta de las cinco carteras que conforman el Comité Interministerial de Salud Ambiental, creado en 2010: Aguas, Servicios Públicos y Medioambiente; Gobierno y Reforma del Estado; Producción; Salud y Trabajo.
Para reforzar esta iniciativa, en noviembre último la provincia celebró un acuerdo conla Fundación ApícolaSantafesina, por el que se podrá hacer uso de los llamados “corredores biológicos” para incentivar la actividad apícola implantando especies cuyas floraciones sirvan especialmente para la producción de miel, además de conformarse espacios apícolas protegidos. Y a mediados de diciembre,la Secretaríade Medio Ambiente remitió a los municipios y comunas un instructivo en el que les recuerda la prohibición de sembrar, con fines agrícolas, en las banquinas de rutas y caminos provinciales. Por esa misma fecha, el subsecretario de Recursos Naturales, Ricardo Biasatti, recordó que “en caso de detectarse cultivos en los espacios referidos, estos estarán sujetos a destrucción”.
Operativos de destrucción
Lo que advierten las agrupaciones de Pueblos Fumigados es que la erradicación de las plantaciones en los corredores al borde de rutas y caminos santafesinos no se hace cumplir con el rigor necesario. Desde el gobierno provincial, en tanto, dejaron trascender que están coordinando con diferentes áreas operativos de destrucción de algunos de los sembradíos ilegales para que esas acciones oficien como aleccionadoras, ya que –explicaron– habría que disponer de un alto número de agentes para destruirlos uno por uno y se encuentran con grandes resistencias por parte de empresarios y hasta autoridades de algunas localidades. No es para menos, en muchas de ellas algunas instituciones habían firmado convenios con los municipios para sembrar en las tierras fiscales aledañas a las rutas y caminos como forma de autofinanciamiento, y parte de lo obtenido por la venta de las cosechas –en casi todos los casos se trata de soja– iba al municipio. Otro lobby es el de los propios productores, que hacen valer su poderío económico en tiempos de altos precios de los cereales y oleaginosas.
Las autoridades provinciales apostaron en un principio a una aplicación gradual de la resolución interministerial, basada en la sensibilización de autoridades locales y los actores involucrados. Es que, además, deben garantizar que las banquinas ya liberadas de los cultivos no se cubran de maleza, lo que traería aparejado riesgos al tránsito y dificultades para el escurrimiento de agua en las cunetas.
En el texto cursado a Vialidad Provincial, los referentes de los pueblos afectados por las fumigaciones recuerdan también que la ley nacional de Tránsito, “a la cual adhiriera la provincia a fines de 2010, impide transitar o detenerse en banquinas salvo emergencia, con lo cual toda la maquinaria involucrada en actividades agrícolas en una vía de escape como son las banquinas ante un eventual accidente, constituyen peligrosos obstáculos de los que difícilmente el funcionario o la provincia puedan excusarse”. Por medio de la misma nota, solicitaron además una “mayor publicidad tanto del contenido de la resolución (interministerial) como de las acciones realizadas o a realizarse por su efecto disuasor, sin perjuicio de las sanciones administrativas que corresponden a toda infracción, destacando que ningún interés particular está por encima del interés general”.
En paralelo, hubo quejas respecto a ciertas señales equívocas que ofrece Vialidad, precisamente la dependencia a la que se le asignó el poder de policía para hacer cumplir la norma, con la potestad de destruir los cultivos bajo infracción incluida: es que, advierten, esa área despeja los alrededores de los carteles de señalización vial con herbicidas, cuando lo que se pretende es alejar las fumigaciones de los centros poblados. “No es que agraven el problema concreto, pero sí parece una señal de que hay vía libre”, aclaró uno de los integrantes de Pueblos Fumigados que registró fotográficamente esas prácticas.