Mientras se aguardaba que la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, se expidiera sobre la inconstitucionalidad de la elección de consejeros de la Magistratura de la Nación a través del voto popular; el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, declaró inconstitucional la Ley 26.854, que limita la aplicación de medidas cautelares en aquellos casos en los que el Estado nacional es parte interviniente.
Sobre la base de este fallo -en el que se expidió sobre la cuestión de fondo-, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, y ordenó al Poder Ejecutivo de la Nación que se abstenga de aplicar la Ley 26.855 referida al nuevo sistema de elección de miembros del Consejo de la Magistratura.
Al respecto, Miño sostuvo que el sistema de elección de consejeros que impulsa el kirchnerismo “rompe con el equilibrio exigido por nuestra Carga Magna” y “refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la referida Constitución Nacional”.
Miño actúa en estos momentos como subrogante del juez federal Reynaldo Rodríguez, quien tiene competencia electoral en la provincia, pero se encuentra de licencia.
Como otros sectores, el radicalismo a nivel nacional presentó en su momento una cautelar ante Servini de Cubría con el objetivo de suspender la elección de consejeros. En este contexto, el presidente del partido, Mario Barletta, solicitó a las autoridades partidarias de cada uno de los distritos que realizaran planteos similares ante los jueces federales de las provincias.
Expectativa
Al cierre de esta edición y luego de fuertes críticas lanzadas ayer por la presidenta Cristina Fernández sobre miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se aguardaba con expectativa el fallo de fondo que se aprestaba a dar a conocer Servini de Cubría en Capital Federal.
La jueza no sólo debía resolver sobre la suspensión de la aplicación de la ley que convoca a elecciones populares de los abogados, jueces y académicos que se postulen para integrar la Magistratura, sino que se esperaba que -más allá del amparo- definiera si la ley votada en el Congreso es o no constitucional.
Para ello, además, Servini evaluaba convocar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a pronunciarse en el expediente, luego de la negativa de dos fiscales -Jorge Di Lello y Carlos Rívolo- a pronunciarse sobre la cuestión.
Según trascendió, el gobierno aspira a concentrar todos los planteos judiciales contra la reforma al Consejo en el juzgado de Servini de Cubría, el único al que hizo llegar su posición.
Ayer, el Ejecutivo ratificó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) se realizarán el 11 de agosto próximo, más allá de la decisión que pueda tomar la Justicia sobre la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
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