Casi sesenta titulares del Country Aires del Llano serían los enganchados descubiertos por la EPE en la investigación que se realizó en el predio. Los propietarios acusan a los administradores por las irregularidades.
Agenciafe |
La investigación se inició por diferencias registradas por la empresa entre el consumo y la facturación, pero grande fue la sorpresa de los empleados cuando advirtieron que muchas obras en construcción no tenían medidores de obra y estaban enganchas directamente a la red. Los titulares fueron notificados, intimados y cortado el suministro, debiendo algunos pagar multas y “estimados de consumos” cifras cercanas a los diez mil pesos.
En la investigación realizada entre los vecinos damnificados se pudo constatar que existe una extraña vinculación de empresas, algunas con los mismos socios, que no dan respuestas a los problemas cotidianos y a los manejos administrativos. Según los vecinos, en algunos casos la luz la cobraba la administración y en otros era responsabilidad de la empresa que construía que debía entregar las casas terminadas (“llave en mano”).
El Fideicomiso es administrado por Font-Bar propiedad de Fernando Font Saravia y Rodrigo Gómez Barinaga. La constructora de las viviendas “llave en mano” era al principio responsabilidad de Burdisso Construcciones S.A. que habría tenidos problemas financieros por lo que se sumó Font-Bar. Las víctimas también ponen la mirada en otras dos empresas cuestionadas: Electromecánica Tacuar SRL a cargo del tendido de la red eléctrica y el mantenimiento de la misma y de Gold Risers (Bandas de oro en castellano) de Ricardo Mohamed que se encarga de cobrar las expensas y gastos de los propietarios.
No es la primera vez que el administrador Fernando Font Saravia se encuentra cuestionado por sus manejos. Entre los temas más conflictivos sobresalen son el problema con la Uocra que le costó mucho dinero al Fidecomiso siendo que la causa fue el malogrado negocio de las casas “llave en mano”; la venta a un empresario de máquinas viales de los predios de destinado a la Caballeriza y el destinado para el áreas de servicios; la instalación de una planta de losetas a 50 metros de la pileta y la entrega del SUM a un particular.
Los vecinos analizan pedir una intervención judicial para preservar sus inversiones si no logran que la administración abra los libros y de un paso al costado.
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